SALTA.- El 24 de febrero pasado, el juez de Garantías Ignacio Colombo Murúa desistió formalmente del amparo que promovió en el marco de dos concursos que llevaba adelante el Consejo de la Magistratura. Esta decisión, sin embargo, respondería a lo acordado en una reunión secreta que habría mantenido con un alto funcionario.
En tanto, y para darle una lavada de cara al escándalo, el mismo juez Colombo sostuvo en su desistimiento que se daba por satisfecho con la resolución de la jueza Lucía Brandán Valy, del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 3ª Nominación.
En su escrito, presentado ante la Corte de Justicia, Colombo sostuvo: “como manifestara desde un principio en las instancias administrativa y judicial, mis pretensiones no tuvieron por objeto afectar a los demás concursantes, sino que exclusivamente estuvieron referidas a mis propios exámenes”.
El desistimiento responde a un amparo que el magistrado promovió para frenar los concursos 272 y 285 que el Consejo de la Magistratura llevaba adelante para la designación de dos vocales la Sala II y IV del Tribunal de Impugnación, siendo los elegidos para esos cargos la jueza de Garantías María Edith Rodríguez y el fiscal de Impugnación Guillermo Akemeier.
El 27 de diciembre del año pasado, los pliegos de ambos postulantes ya habían sido remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado de la Provincia, por lo que el fallo de la jueza Brandán Valy, tras la feria de enero, generó un gran inconveniente, pues los dos concursos cuestionados debían retomarse desde los exámenes escritos, la etapa por la cual Colombo, que también concursaba, se quejó y exigió que el proceso sea suspendido.
Apelación
En busca de revertir el escándalo por las irregularidades en los concursos, la Fiscalía de Estado apeló el fallo de la jueza Brandán Valy, lo que anticipaba una discusión reñida en la Corte de Justicia, tribunal que finalmente iba a tener que intervenir para resolver el conflicto y decidir si los dos candidatos ternados eran legítimos o no.
Una decisión así, con un fallo ya desfavorable de primera instancia y fundamentado con amplia jurisprudencia, ponía a los jueces de la Corte en una difícil encrucijada, pues no sólo debían desacreditar a la jueza de grado, sino también a su colega Sandra Bonari, presidenta del Consejo de la Magistratura.
Por otro lado, en tanto, estaban los intereses de los dos postulantes, a quienes ya se les habría prometido los cargos en los que fueron propuestos, en especial a uno de ellos, quien tuvo que firmar un sobreseimiento muy importante para un joven que, luego, resultó diputado electo.
Así las cosas, se buscó una solución que no altere demasiado los ánimos, y para ello se apeló a la política, el arte de lo imposible. Una reunión secreta entre un funcionario provincial de alto rango y el juez que generó todo este embrollo, fue la que permitió una salida salomónica.
En la misma, según pudo conocer este medio, ambos protagonistas se estrecharon las manos, con lo cual se habría sellado un “acuerdo” que no sólo trajo paz a la Corte, al Consejo y a los dos postulantes, sino también potenció las chances del juez “en retirada” de tener éxito en otro concurso.
La moneda de cambio, según trascendidos judiciales, podría ser el puesto que dejó vacante el ex juez federal 2 de Salta Miguel Medina, cargo por el cual ya habría comenzado el concurso respectivo por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación y, como era de esperarse, hay muchos que aspiran a dicho despacho.
Ingeniería jurídica
Las suspicacias surgidas en torno al desistimiento de Colombo, si hasta aquí eran muchas, las mismas crecieron aún más el viernes pasado, cuando el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, presentó un escrito ante la Corte de Justicia a fin de que se cierre el escándalo suscitados en torno a los concursos 272 y 285.
Para que ello suceda, el representante de los intereses provinciales formalizó otro desistimiento judicial. En este caso dirigido a neutralizar la apelación que la misma Fiscalía de Estado habría planteado contra el fallo de la jueza Brandán Valy.
De esta manera, desactivó la apelación y liberó a los jueces de la Corte de tener que expedirse al respecto, pues ante esta decisión y la salida del juez Colombo del litigio, los dos concursos cuestionados automáticamente resucitaron y pusieron a la jueza Rodríguez y al fiscal Akemeier otra vez al tiro del ascenso en el Tribunal de Impugnación.
Con esta ingeniería jurídica, se logró evitar el papelón que hubiese significado para el Poder Ejecutivo tener que retirar los pliegos de ambos postulantes. Y peor aún, declarar desierto los concursos y solicitar al Consejo de la Magistratura que se reediten ambos procesos.
La movida no fue del todo gratis para el Poder Judicial, pues el mismo gobernador Gustavo Saenz, para evitar nuevos escándalos en la selección de jueces y fiscales, anunció en su reciente discurso ante la Asamblea Legislativa que se incorporaran “consultores técnicos” al Consejo de la Magistratura.
Con este anuncio, el Ejecutivo formalizó un nuevo mecanismo de control dentro del Consejo, el cual tendrá línea directa con el Grand Bourg. La medida no cayó muy bien dentro del Poder Judicial, aunque no hubo quejas, al menos, por ahora.
