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Salta

Elevan a juicio la causa contra un exintendente de Angastaco por malversación de fondos

Se incluyó a la agente sanitaria y esposa del implicado como partícipe del peculado.

Angastaco
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ANGASTACO (Salta).- En las últimas horas, elevaron a juicio la causa contra el exintendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz, por malversación de fondos. Así lo decidió la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Además, se incluyó a la agente sanitaria y esposa del implicado como partícipe del peculado y autora del delito de falsificación.

La denuncia data del 6 de junio de 2020 por parte del presidente de la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS), Gustavo Ferraris. El mismo la radicó en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Luego, las autoridades la derivaron a la UDEC, donde se llevó adelante la investigación correspondiente hasta la imputación del 25 de junio de 2021.

Al conocer la imputación, el exjefe comunal de Angastaco realizó su descargo por escrito y el 7 del mismo mes lo hizo la mujer. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio decidió ampliar la investigación a la agente sanitaria el 9 de febrero de 2022. En esta línea, la responsabilizó por el delito de fiscalización de instrumento público en calidad de autora.

La denuncia de la AGPS enumera una serie de irregularidades en el manejo de los fondos del municipio por parte del intendente. La Hostería Municipal era administrada desde diciembre de 23017 por la esposa y secretaria de Acción Social. El DEM no instrumentó un Contrato de Concesión para la explotación de la Hostería y el responsable de cobranzas no se encontraba registrado como planta personal.

Además, la mujer utilizaba una cuenta personal de Mercado Pago para acreditar las cobranzas de tarjetas de créditos que llegaban de las reservas. Los investigadores no encontraron pruebas que demuestren que los fondos se rendían a la Municipalidad de Angastaco. Por este motivo, la fiscal decidió imputar al intendente por malversación de fondos.

Otros intendentes que avergüenzan a Salta

La lista de intendentes que avergüenzan a Salta es larga. Días atrás, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó al exintendente de Iruya, Alfredo Soto, por malversación de fondos. El mismo se negó a declarar y adelantó que presentará su descargo escrito por la acusación del delito de peculado. Hay que recordar que llegó a la intendencia del pueblo de la provincia de Salta junto a la lista de Sergio Leavy.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició la investigación luego de una denuncia realizada el 18 de febrero de 2020 por la apoderada de la Municipalidad de Iruya. Esta llevó adelante la acusación en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Según trascendió, la funcionaria aseguraba que, según la auditoría de la comuna, se veía un faltante de una suma que llegaba a los $7.773.758,89.

Además, luego de finalizado el mandato de Alfredo Soto (2015/2019) entró un informe de cheques rechazados. La particularidad es que fueron emitidos un día antes de la finalización de la gestión, por un valor de $5.397.032,62. El análisis ejecutado por el gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) arrojó la existencia de tres cheques librados por el intendente por $970.000 y que fueron cobrados por él mismo.

Enriquecimiento ilícito en Salvador Mazza

Uno de los casos más recordados en estos tiempos es el del enriquecimiento ilícito del jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez. En la misma localidad, el exjefe comunal, Carlos Villalba, fue detenido en Salta Capital, en un prostíbulo, en el marco de un operativo contra la trata de personas. El polémico intendente había recibido un sinfín de denuncias por irregularidades en la gestión, formuladas tanto por el Concejo Deliberante.

Robo de caños en Aguaray

Otro caso se dio en el Norte de la provincia, cuando el exintendente de Aguaray, Enrique “Quique” Prado, fue sacado de su largo. Así se decidió luego de la intervención del gobernador, Gustavo Sáenz, tras confirmarse su participación en el robo de caños del Gasoducto del NEA. Por este delito, lo condenaron a seis años de prisión domiciliaria hasta que el pasado diciembre, Casación Penal dispuso su liberación.

Intervención en El Bordo

Por último, en enero de 2015 se intervino el municipio de El Bordo, en el departamento General Güemes. En dicha oportunidad, se hicieron públicas fotos del intendente, Juan Rosario “Chicho” Mazzone en “zunga” junto a un grupo de menores de edad en ropa interior. Pese a las excusas del exjefe comunal, la polémica tomó tanta relevancia que el gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que pedir la intervención del municipio.