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¡Otra vez! La Corte salió al rescate de un intendente de Salta acusado de corrupto

Esta vez se trata del jefe comunal de Colonia Santa Rosa, Jorge Mario Guerra, suspendido por el Consejo Deliberante por presunta malversación de fondos.

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SALTA.- Como sucede, desde épocas inmemorables, la Corte de Justicia de Salta honró el pacto político y salió al rescate de un intendente sospechado de corrupto por sus propios electores, quienes azuzaron a los concejales para que “hagan algo” con el jefe comunal. Y así lo hicieron al disponer su suspensión, medida que ahora fue declarada ilegal por los nueve integrantes del alto tribunal provincial.

Nuevamente tarde, la Corte dio a conocer ayer un fallo del 9 de marzo a través del cual sus miembros, de manera unánime, decidieron dejar sin efecto la resolución N°024 dictada por el Consejo Deliberante de Colonia Santa Rosa el 28 de mayo de 2020.

También con el voto unánime de sus siete concejales, el Concejo debatió y resolvió suspender al intendente Guerra desde el 1 de junio de ese año hasta tanto una comisión investigadora, de esas bien peronistas, disipe las sospechas en su contra por supuesta malversación de fondos.

En plena pandemia, la crisis económica había encendido la desesperación de los vecinos, pues con la cuarentena encima, el único sostén del pueblo eran los fondos de coparticipación que llegaban al municipio, suma de la cual, según afirmó el intendente, el 98% era destinada al pago de sueldos de los empleados municipales.

A ese cuadro, se agregó una feroz disputa salarial avivada por los gremios locales, los que querían más dinero en sus bolsillos, por lo que las explicaciones de Guerra respecto a que no había de donde sacar más plata, no fueron suficientes y lo que siguió fueron acusaciones de mal manejo de fondos.

Maniobra política

Comandados por el presidente del cuerpo deliberativo, Luis Quiroga, del espacio saencista, la pueblada se calmó con la suspensión de Guerra, aunque los ediles, que salieron a la calle vestidos de héroes por haber gestado y llevado adelante la medida, nunca leyeron la reglamentación orgánica municipal, la cual, en ninguna de sus normas, establecía la posibilidad de suspender al intendente.

Aunque tampoco es descabellado elucubrar que sí lo sabían, lo cierto es que el intendente fue hecho a un lado hasta el 9 de marzo, cuando los jueces de la Corte, bajo el mano de la presidenta Teresa Ovejero, decidieron anular la resolución 024 y con ello dieron respuesta al plante del abogado Daniel Armella, defensor del intendente, quien ahora volverá dispuesto a dar guerra a sus enemigos políticos.

Ante la Corte, el defensor sostuvo que “el órgano legislativo municipal se atribuyó potestades judiciales, al imputarle la comisión de hechos tipificados como delitos sin que se haya destruido la presunción de inocencia, en clara violación a principios, garantías y derechos consagrados en la constitución, entre los que menciona el debido proceso, la división de poderes, el sistema republicano de gobierno, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa”.

El presidente del Concejo Deliberante, en tanto, defendió la resolución gestada para suspender al intendente, como así también presentó varias copias de las nueve denuncias penales radicadas en contra del intendente y otros documentos más respecto a la supuesta malversación de fondos.

Desde la Procuración General, en tanto, se elevó un dictamen mediante el cual se recomendó hacer lugar al pedido realizado por la defensa de Guerra, con lo cual se allanó el camino para que el alto tribunal falle en ese sentido, como sucedió.

Previo a ello, los jueces, que ya habían hecho lugar a una medida cautelar a través de la cual se dispuso dejar suspender la resolución cuestionada, aceptar tramitar la causa al considerar que el asunto se enmarca en un “conflicto de poderes”.

Fundamentos

En tal sentido, recordaron que el artículo 178 de la Constitución Provincial fija la competencia de la Corte de Justicia para intervenir en los conflictos entre los órganos ejecutivo y deliberativo de los municipios. Incluso, la misma carta magna establece la facultad de intervenir en recursos contra las decisiones del Concejo Deliberante que destituyan a intendentes.

Ya al entrar al fondo de la cuestión, dijeron que la “suspensión” del Intendente municipal no está prevista en el ordenamiento vigente. No obstante, reconocieron que “la ausencia de una vía ritual específica no puede obstar al efectivo ejercicio del control de constitucionalidad”.

Para ser más preciso, sostuvieron que la Carta Orgánica Municipal –Ley 7525- no prevé, entre las atribuciones otorgadas al Concejo Deliberante, la posibilidad de suspender en el ejercicio de sus funciones al jefe comunal. Sí mencionaron que la constitución provincial admite “la remoción del intendente”, pero no faculta la “suspensión”.

En vista de ello, concluyeron en que la medida adoptada por la Resolución 024/20 “fue dispuesta sin sustento legal alguno, lo que determina de por sí su invalidez.”

Finalmente, puntualizaron que “el Concejo Deliberante se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones, e impidió al Intendente el ejercicio de un mandato electivo, que solo puede ser interrumpido mediante el proceso de destitución respectivo, sobre la base de la imputación de conductas eventualmente configurativas de mal desempeño, privándole arbitrariamente de la posibilidad de ejercer los derechos que pudieran corresponderle”, por lo que “corresponde determinar que la resolución atacada es inconstitucional”.