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Salta

Exigen juicio para el exintendente de Iruya por malversación de fondos

Luego de investigar una denuncia de la apoderada de la Municipalidad.

Iruya
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SALTA.- La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, exige juicio para el exintendente de Iruya, Alfredo Soto, por dos hechos de malversación de fondos. Así lo decidió luego de investigar una denuncia de la apoderada de la Municipalidad. Las actuaciones iniciaron en el mes de febrero de 2020 en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

En su pedido, la fiscal remarcó: “El acusado, en su calidad de intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto de $970.000. Él mismo lo cobró el 09/12/19 de lo que no obra constancia de su destino. Y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad”.  

Por otro lado, se refirió al segundo hecho de peculado y brindó detalles de la irregularidad. “El acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS; Asistencia Crítica y Pan Casero por un importa total de $14.594.982,93; de los cuales solo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43”, indicó.

Según la auditoría de la comuna, se registra un faltante de $7.773.758,89. Al finalizar el mandato del exintendente de Iruya (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados. Los mismos, fueron emitidos un día antes del fin de su gestión, por un valor total de $5.397.032,62. Por estos motivos, la fiscal solicitó la elevación a juicio por los hechos de peculado.

Más intendentes corruptos en Salta

Días atrás, elevaron a juicio la causa contra el exintendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz, por malversación de fondos. Así lo decidió la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Además, se incluyó a la agente sanitaria y esposa del implicado como partícipe del peculado y autora del delito de falsificación.

La denuncia de la AGPS enumera una serie de irregularidades en el manejo de los fondos del municipio por parte del intendente. La Hostería Municipal era administrada desde diciembre de 23017 por la esposa y secretaria de Acción Social. El DEM no instrumentó un Contrato de Concesión para la explotación de la Hostería y el responsable de cobranzas no se encontraba registrado como planta personal.

Polémica en Salvador Mazza y Aguaray

Uno de los casos más recordados en estos tiempos es el del enriquecimiento ilícito del jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez. En la misma localidad, el exjefe comunal, Carlos Villalba, fue detenido en Salta Capital, en un prostíbulo, en el marco de un operativo contra la trata de personas. El polémico intendente había recibido un sinfín de denuncias por irregularidades en la gestión, formuladas tanto por el Concejo Deliberante.

Otro caso se dio en el Norte de la provincia, cuando el exintendente de Aguaray, Enrique “Quique” Prado, fue sacado de su largo. Así se decidió luego de la intervención del gobernador, Gustavo Sáenz, tras confirmarse su participación en el robo de caños del Gasoducto del NEA. Por este delito, lo condenaron a seis años de prisión domiciliaria hasta que el pasado diciembre, Casación Penal dispuso su liberación.

Intervención en El Bordo

Por último, en enero de 2015 se intervino el municipio de El Bordo, en el departamento General Güemes. En dicha oportunidad, se hicieron públicas fotos del intendente, Juan Rosario “Chicho” Mazzone en “zunga” junto a un grupo de menores de edad en ropa interior. Pese a las excusas del exjefe comunal, la polémica tomó tanta relevancia que el gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que pedir la intervención del municipio.