Por Matilde Serra
SALTA.- La movilidad institucional que se comprueba en los cuadros de la Policía de Salta revela la falta de una política clara en materia de seguridad. Para decirlo de manera más clara, los jefes de policías entran y salen según el talante y conveniencias del ministro de seguridad de turno.
Cuando asumió la gestión Sáenz, le susurraron al entonces novel gobernador que sería buena prensa nombrar a una mujer en la comandancia de la policía y se designó a la Comisario General Norma Morales, nombre que cayera bastante mal en la plana mayor ya que según se afirmara entonces, carecía del carisma y de los antecedentes y competencias para semejante responsabilidad.
El tiempo se encargó de enseñar que los comentarios tenían razón y que la comisario Morales hacía agua. A poco de andar ya cosechó las primeras denuncias penales por abuso de autoridad por dirigirse a sus subalternos con expresiones como “inútil de m…”, “Rajá de aquí, no quiero ver tu cara…”, según publicaron algunos medios y constarían en las denuncias.
La falta de claridad de la comisario Morales para conducir a la fuerza con órdenes y contraórdenes fue gestando un ambiente deliberativo que puso en riesgo la subordinación de los efectivos.
A la vez que esto sucedía en la policía, el entonces ministro de seguridad, Juan Manuel Pulleiro, demostraba su ineptitud para el cargo sumando denuncias del personal policial sobre todo del interior de la provincia. La tirantez por la mala gestión del ministro y de la jefa de policía llevó a que dos veces circularan en los grupos de la policía unos videos llamando al acuartelamiento en el Centro Policial Sargento Suárez.
Para entonces Pulleiro comprendió que su posición estaba comprometida porque había perdido el mando de la fuerza que reconocía en el secretario de seguridad, Benjamín Cruz, más autoridad que en el ministro, lo cual habría llevado a una escena lindante en el pugilato entre las dos figuras más altas del ministerio de seguridad. En ese momento, Pulleiro concibió un plan: tenía que hacerse con un jefe de policía propio si no quería ser desplazado.
Pensó entonces Pulleiro en el comisario José Ibarra, por entonces a cargo de la UR4 con base en Tartagal y con influencia operativa en esa importante y “caliente” zona. En un fin de semana, Pulleiro, habría armado la operación y a pesar de que alguien muy cercano a Sáenz alertó que “El gobernador no sabe nada de esto”, el nombre de Ibarra ya estaba en algunos medios. En efecto, a espaldas de Sáenz, el lunes siguiente, el comisario general, José Ibarra, asumía la jefatura y Pulleiro se aseguraba unos meses más de beca.
Este nombramiento tampoco cayó bien en la fuerza porque el jefe Ibarra venía del norte cuestionado por la muerte de dos policías a quienes en lo peor de la pandemia y con síntomas de covid no quiso licenciar y los envió a la ruta. A esas muertes, se le anotaban en los corrillos a Ibarra una serie de irregularidades fácticas y administrativas.
La caída de Juan Manuel Pulleiro no se llevó inmediatamente como se pensaba al jefe Jefe José Ibarra. Su reemplazo por el Dr. Abel Cornejo puso un impase en la interna policial, hasta que el nuevo ministro bendijo al comisario general Miguel Mariano Ceballos y como Subjefe el comisario mayor Pablo Alejandro Vilte.
Esta movida descabezó a varios hombres y mujeres de carrera impecable y que aspiraban llegar a los altos mandos de la policía por su trabajo y estudio, pero veían cómo una decisión política los dejaba al margen de la Fuerza instalando en la jefatura a otro funcionario policial cuestionado por diversas razones. Pero lo del nuevo jefe en realidad sería circunstancial porque el hombre de Cornejo era en realidad el subjefe, Pablo Alejandro Vilte, quien además es abogado.
Pero lo de Ceballos en la jefatura terminaría siendo nada más que un interregno, al parecer para acomodar algunos temas “administrativos” como compras de repuestos y otros bienes por montos abultados que no se corresponderían con las existencias en los depósitos, así como regímenes de licencias otorgados a discreción y préstamos a determinado personal, papeles todos que en su calidad de auditor debía revisar y autorizar el comisario y doctor, Vilte, entonces subjefe.
Como se ve, la sucesión de jefes de policía viene achicándose en tiempos de servicio y a menos de tres años ya van para el cuarto nombramiento, el que ya viene “con el chico de cola” porque el cambio se realiza en medio de un escándalo que no encuentra antecedentes en la fuerza. Así, en las últimas horas un proceso de estafa piramidal estaría tocando a las puertas de la más alta jerarquía policial de Salta ya que se habrían utilizado fondos, posiblemente de los que se disponen para el rubro “Adicionales” para invertir y quedarse con la diferencia, así como se habría inducido a otros efectivos a ingresar al sistema que ahora se cayó como castillo de naipes.
Tal vez en esa necesidad de poner paños fríos en lo que se puede venir es que Abel Cornejo decidió que el abogado y comisario, Pablo Vilte, asuma la jefatura de la policía, lo que ocurriría en los próximos días.
Es decir que el último jefe de policía duró en su cargo apenas dos meses, algo insólito, tanto como el nombramiento del ex comisario, Juan Ramón Miranda como “jefe” de investigadores fiscales, en lo que supone algo inédito que un comisario resulte al frente de una unidad civil, más cuando el nombrado carga suspensiones y tachas cuando se desempeñaba en el norte y jugaba a la política pensando en suceder como intendente al eterno Isidro Ruarte en el municipio de Mosconi.
La salida del actual jefe, Ceballos, estaría siendo “cuidada” para no levantar tanto polvo porque entre los principales acusados aparecen dos apellidos “Ceballos”, que al decir del Dr. Abel Cornejo, “No quiere decir que se trate del actual jefe”. Obviamente, no dijo que tampoco no fuera. Pero el asunto tiene tal gravedad institucional que alguien habría violado el “Sistema Integral de Recursos Humanos” donde se contienen todos los datos personales de los policías y utilizado fotos de un efectivo de investigaciones que participó en los allanamientos, de su mujer y de su hija, para amenazarlo, debiendo asignarle una custodia de la Policía Federal.
Por ahora, el ministro de seguridad, Cornejo, habla en tono distendido del tema como si se tratara de un hurto menor, pero al decir de fuentes cercanas a la cúpula policial la presión sube por horas y se estarían negociando de manera “finita” cómo y por dónde actuar, porque de estallar este caso de la financiera “trucha” saltarían los nombres de más de 500 efectivos involucrados y eso podría generar un tsunami de denuncias por otros casos y causas que no dejarían en pie ni siquiera al propio ministro de seguridad.
