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Salta

La Corte de Justicia de Salta congeló un aumento salarial de más del 200% en Rosario de Lerma

A pedido de su jefe comunal, ahora el menos popular entre los empleados del Concejo Deliberante de ese municipio, nuevamente los jueces del máximo tribunal de justicia local tuvieron que inmiscuirse en las acciones de gobierno municipal.

Corte de Justicia de Salta
Corte de Justicia de Salta
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SALTA.- Con el voto unánime de todos sus integrantes, la Corte de Justicia de Salta congeló el ansiado aumento salarial que los empleados del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma esperan cobrar desde 2021, trabado judicialmente por un planteo del intendente Enrique Martínez, quien aludió imposibilidad de pago de la nueva grilla salarial.

Mediante un fallo, que lleva la firma de los jueces Teresa Ovejero Cornejo, Sergio Fabián Vittar, Adriana Rodríguez Faraldo, Guillermo Alberto Catalano, Ernesto R. Samsón, Sandra Bonari, Pablo López Viñals, Horacio José Aguilar y María Alejandra Gauffin, la Corte dispuso una medida de no innovar en el marco del litigio abierto por el jefe comunal en contra de la ordenanza 3035.

Según el fallo, el 30 de agosto de 2021, el Concejo Deliberante comunicó al Departamento Ejecutivo la sanción de dicha ordenanza, la cual fue vetada posteriormente. No obstante, el Concejo Deliberante insistió hasta que logró la sanción de la norma, lo que obligó a la intendencia a promulgarla el 24 de septiembre de ese año.

A los días, sin embargo, la intendencia, mediante su asesor legal, el abogado Sebastián Moreno, planteó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, el 15 de octubre de 2021. En su presentación, el letrado sostuvo que “la ordenanza 3035 fue vetada por el Departamento Ejecutivo mediante la Resolución 812/21, con fundamento en que la misma avanza sobre competencias propias de ese poder”.

Además, señalaron que esta ordenanza “aprueba un aumento del gasto público sin indicar la fuente de su financiamiento, de modo que vulnera las disposiciones sobre disciplina fiscal”, por lo que pidieron se declare la nulidad de la misma, a la vez que se planteó una medida cautelar para impedir la ejecución del aumento.

Cabe señalar que el aumento en cuestión ronda una suma aproximada a los 43 millones de pesos, o sea, 31 más de la partida actual destinada a ese órgano, que ronda el monto de 12 millones de pesos, equivalente al 3 % del presupuesto municipal.

Ese porcentaje, si se aplica el aumento pergeñado por el Concejo, alcanzaría el 10 %, lo que llevaría el sueldo de los empleados del Concejo a suma astronómicas, si es que efectivamente ese dinero llega a los bolsillos de los trabajadores.

Fundamentos

Respecto al carácter del planteo, los jueces de la Corte dijeron “que no proceden, por vía de principio, las medidas cautelares tendientes a obtener la suspensión de la ejecución de las leyes o actos administrativos, atento a la presunción de validez que ostentan los actos de los poderes públicos”.

Ahora bien, s la finalidad de las medidas de no innovar es “impedir que durante el curso del pleito se modifique la situación de hecho o de derecho, cuando esa alteración podría influir en la sentencia o tornar en ineficaz o imposible su ejecución”.

Para los jueces, “los cambios implementados en la ordenanza impugnada afectarían las partidas presupuestarias vigentes alterando así las erogaciones corrientes y de capital ya previstas con anterioridad a su dictado, lo que podría generar un desequilibrio financiero en las cuentas municipales de conformidad con lo sostenido en la demanda.”

Entonces “el derecho invocado por la actora aparece como verosímil cuando sostiene que la norma cuestionada rompe el equilibrio presupuestario al establecer mayores erogaciones sin indicar la fuente de financiamiento, apartándose así de la regla general del artículo 68 de la Constitución Provincial”, señalaron los jueces.

“En atención a las circunstancias precedentemente expuestas corresponde disponer, mientras se aguarda al dictado de la sentencia que deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debatida, la medida de no innovar peticionada y, en consecuencia, ordenar la suspensión de la ejecución de la Ordenanza 3035”.

Por su parte, el intendente de Rosario de Lerma salió a mostrar su recibo de sueldo de 50 mil pesos porque considera que los funcionarios de esta comuna no pueden ganar más y deben dar el ejemplo en estos momentos, lo cual aún está por verse, pues desde el gremio de los empleados se ejerce presión para efectivizar el aumento gestionado.