CAFAYATE (Salta).- Por distintos hechos que se calificaron como defraudación y mal desempeño de sus funciones, el 25 de agosto de 2021, el Concejo Deliberante de Cafayate dictó una ordenanza mediante la cual decidió destituir al intendente Fernando “Casita” Almeda, quien rápidamente golpeó la puerta de la Corte de Justicia con un recurso de apelación, el cual fue aceptado días atrás.
Aunque no se resolvió el fondo de la cuestión, el alto tribunal le aseguró al jefe comunal el mando del municipio. El fallo contó con los votos de los jueces Teresa Ovejero Cornejo, Sergio Fabián Vittar, Adriana Rodríguez Faraldo, Guillermo Alberto Catalano, Ernesto R. Samsón, Sandra Bonari, Pablo López Viñals y María Alejandra Gauffin.
En el fallo, al cual este medio tuvo acceso, se consigna que el recurso de apelación fue interpuesto por el intendente Almeda, quien lo hizo en base a lo establecido en el artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Salta, la cual admite la destitución por mal desempeño del intendente, siempre y cuando, el Concejo lo haga con el voto de los dos tercios del cuerpo.
Incluso, la carta magna provincial ofrece una salida para el intendente, cuando no se cumpla con esta modalidad, al determinar que “el Intendente puede apelar con efecto suspensivo ante la Corte de Justicia de la Provincia, la que debe expedirse en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la entrada del caso, el que se examina libremente con el más amplio poder de revisión y recepción de pruebas”.
Lo llamativo, en este caso, es que no el plazo de 60 días se excedió largamente, pues ya pasaron casi ocho meses de la destitución y posterior apelación por parte del intendente, quien, al margen de ello, insistió en su planteo que se declare “abstracta la cuestión, por cuanto estima que la instancia del acto de destitución carece de validez al no haber sido aprobado por el voto de los dos tercios de los miembros del Concejo Deliberante ni adoptado en el marco de un juicio político que así lo disponga”.
Desde el Concejo, en tanto, aseguran que la destitución se cumplió con los dos tercios, pues de siete concejales, cinco votaron por sacar a “Casita” Almeda de su puesto de intendente, decisión que surgió del resultado de un informe que mandaron a hacer respecto a supuestos hechos de corrupción.
Los casos imputados
Entre las causales analizadas, se encuentra una acusación por obras inconclusas en el barrio Finca el Socorro II y la adquisición de una máquina adoquinera en 2016, la que dejó de funcionar tres años más tarde y que incluso estuvo a punto de ser cedida a un empresario local.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Investigadora, la concejal Patricia Castro, apuntó que dicho empresario sería un socio de Almeda que actúa a las sombras del jefe comunal. “Nunca nos contestó un pedido de informe sobre ese tema, y la máquina fue adquirida con lo recaudado en la Serenata (a Cafayate)”, afirmó.
En cuanto a la Finca el Socorro II, el concejo se basó en la imputación penal que la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ya realizó contra Almeda, al que acusó de haber entregado el loteo supuestamente con la obra al 100%, pero en realidad faltaban detalles imprescindibles para vivir, como la construcción de un canal de agua potable con su respectiva cisterna.
La obra, que debía culminar en 2019, continúa en ejecución y, según informaron los ediles locales, se siguen enviando fondos desde la provincia. Salinas Odorisio también lo imputó por “la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentran los beneficiarios del loteo”, y por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Por otra parte, en la destitución aprobada por los concejales también se señala una lista de informes solicitados por el cuerpo deliberativo al municipio y que nunca fueron contestados. “Son 98 pedidos de informe económicos y financieros que nunca se dignó a contestar”, describió Castro.
Además, añadió que en 2020 no se presentó la ordenanza presupuestaria ni la ejecución del presupuesto, “recién en mayo de este año acercó las ejecuciones del 2020 y es confusa porque no existió un presupuesto para saber qué se había planificado y qué se fue haciendo”. Mientras que en 2021 tampoco recibieron la previsión presupuestaria municipal.
También le reprocharon algunas decisiones inconsultas, como la cesión de dos locales de la Terminal de Ómnibus al IPS “por 6.000 pesos por todo concepto, cuando hay vecinos que lo solicitaban para poner sus negocios, pero se les negaban por no recaudar lo suficiente”.
“Lo mismo hizo con el Ministerio de Seguridad, permitiéndole a Seguridad Vial que ingrese al ejido urbano de Cafayate, cuando el municipio tiene Secretaría de Tránsito”, y esa autorización la debería realizar el Concejo. Castro detalló que en ese convenio el 60% de lo recaudado se va a las arcas provinciales, “y Cafayate se queda con las monedas”.
Resolución
En su fallo, del 7 de abril pasado, la Corte no se adentró al fondo de la cuestión, pues se detuvo primero en la admisibilidad del planteo, el cual resolvió de manera favorable, dándole al jefe comunal un plazo para que fundamente su apelación.
En tanto eso suceda, como así también otras diligencias más, como pedidos de informes y acumulación de documentación, la Corte decidió que la ordenanza por medio de la cual se decidió la destitución del jefe comunal quede sin efecto. De esta manera, Almeda seguirá al frente de la comuna.
“En mérito a ello, corresponde hacer saber al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Cafayate que el señor Néstor Fernando Almeda se mantendrá en sus funciones de intendente hasta tanto esta Corte resuelva”, la cuestión de manera definitiva.
