SALTA-. En un acto formal, del cual participó el gobernador de la provincia Gustavo Saenz, la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero tomó juramento a los nuevos jueces del Tribunal de Impugnación, a quienes el Senado local le prestó acuerdo a pedido del mandatario provincial, quienes los eligió de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de Salta, órgano que no la pasó bien durante los concursos.
Acompañada por sus vicepresidentes, Fabián Vittar y Adriana Rodríguez Faraldo, la jefa del Poder Judicial dirigió la ceremonia sin problemas. Lo hizo con el respaldo de sus colegas en el alto tribunal: Sandra Bonari. María Alejandra Gauffin, Guillermo Catalano, Ernesto Samsón y Pablo López Viñals.
Los que juraron fueron el fiscal penal Juan Marcos Ezequiel Molinati como juez de la Sala IV; la jueza de Garantías, María Edith Rodríguez, en la Sala II; el juez de juicio, Federico Javier Armiñana Dohorman en la Sala IV y el fiscal de Impugnación, Guillermo Gustavo Akemeier en la Sala IV.
Como suele sucede en esta clase de actos, invitados y protagonistas se mezclaron en abrazos y saludos de éxito, escenas que, tras la dura pandemia que atravesó el mundo, comienzan a vivirse nuevamente en todos los ámbitos estatales, en especial cuando el motivo es de júbilo.
Con el gobernador, como hijo del medio, la Corte se mostró por primera vez incompleta, pues desde el 2 de mayo el alto tribunal ya no cuenta con los servicios del ahora ex juez Horacio Aguilar, quien renunció y regresó a la actividad privada.
Los que se quedaron, en tanto, esperan la llegada del actual Defensor General Gabriel Chibán, recientemente anunciado por el gobernador como el hombre elegido para remplazar la vacante del ex asesor jurídico de Juan Manuel Urtubey.
Durante el acto, y con el gobernador presente, muchos se refirieron a “que hay de cierto” sobre la posibilidad de reducir el número de integrantes de la Corte, la que pasaría de 9 a 7, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones para ser analizada.
El tema, como se sabes, es impulsado por los senadores Manuel Pailler, Walter Wayar y Javier Mónico, quienes sostuvieron que “Salta es una de las 3 provincias del país con mayor cantidad de miembros en su Corte de Justicia. Buenos Aires y Córdoba, distritos más grandes, con mayor población, territorio y recursos, ejercen sus máximos tribunales con 4 ministros menos”.
En medio del tumulto, el gobernador evitó dar precisiones y los rumores corrieron de un lado a otro, pero sin ninguna certeza. Ello, sin embargo, no evitó que muchas miradas se dirijan a los jueces Catalano y Bonari, señalados como los dos ministros que estarían por renunciar a sus cargos para jubilarse.
Ambos magistrados, según trascendidos, tienen decidido irse de la Corte, aunque están a la espera del momento político oportuno para formalizar la salida, pues ninguno de los dos quiere perder los beneficios previsionales que obtendrían yéndose ahora.
Escándalo mediante
Los cuatro nuevos integrantes de la Sala III y IV del Tribunal de Impugnación, en tanto, tampoco pasaron desapercibidos, al igual que la jueza Bonari, quien fue una de las principales protagonistas del escándalo que envolvió los cuatro concursos que derivaron en las respectivas designaciones.
Todo estalló en noviembre del año pasado, cuando el juez de Garantías 2 Ignacio Colombo, uno de los que parecía ser numero puesto en alguna de las ternas, fue desactivado y quedó fuera de carrera al recibir una puntuación baja en el examen escrito, con lo cual no pudo pasar a la entrevista oral.
Esta situación llevó al magistrado a plantear quejas, presentar otros pedidos y, por último, una denuncia contra el jurado porque no explicaron los parámetros usados para la calificación de su examen, algo que requirió una y otra vez, pero que la jueza Bonari, presidenta del Consejo, se negó a entregar.
Mucho menos dar a conocer los exámenes, algo que Colombo también sugirió. Con estas denuncias, y el fallo de una jueza civil, dos de los cuatro concursos quedaron trabados, pese a que el Consejo ya había conformado las ternas y Saenz, a su vez, eligió a los designados y pidió al Senado el acuerdo respectivo.
El fallo de la jueza Lucía Brandán Valy, del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 3ª Nominación, se convirtió así en un asunto de estado, pues ordenaba retomar el proceso al examen escrito, medida con la cual el gobernador quedó en medio de lo que más se parecía a un “mamarracho” que a un proceso de selección.
De pronto, todo se destrabó y se evitó que la Corte tuviera que intervenir con un remedio que, seguramente, derivaría en otro escándalo mayor. Todo se disipó con la denuncia del propio juez Colombo de desistir con su reclamo, lo cual habría sido moneda de cambio de cierta injerencia del Grand Bourg en otro concurso del cual participa el magistrado, en la justicia federal.
En la jura de los ahora jueces Molinati, Rodríguez, Armiñana Dohorman y Akemeier, de quienes aún hay mucha tela para cortar, nadie recordó el complicado paso por el Consejo de la Magistratura, órgano que aún mantiene ese halo de sospecha y manejos amañados.
