SALTA.- Aunque se especulaba que la situación del diputado provincial Fabio Rodríguez, por el departamento de La Candelaria, podría quedar desactivada dado los rumores de que la denunciante se iba a rectificar, eso no sucedió y la acusación contra el legislador por fraude quedó en pie. A este caso, su colega Daniel Sansone, sumó otro foco de atención a partir de un cruce en redes sociales con Liliana Mazzone.
Ambos casos, cabe señalar, ya se encuentran judicializados. Uno está en manos de la fiscalía penal de Rosario de la Frontera y el segundo en manos de la jueza María Carolina Cáceres Moreno, del Juzgado de Violencia Familiar y de Género N°3.
Respecto a la situación de Rodríguez, el fiscal Nicolás Rodríguez López informó que la denunciante, una joven madre de la localidad de El Tala, fue citada a sede fiscal y que en su declaración ratificó en todos sus términos lo vertido en sede policial.
La mujer ratificó que había gestionado una beca oportunamente ante el legislador, y que al realizar un trámite en ANSeS, descubrió que en la cuenta bancaria por donde percibía el beneficio, se realizaban movimientos con importantes sumas de dinero a su nombre, y que ella desconocía.
La joven, en su denuncia, sostuvo que retiró parte de esos fondos, pero que luego el diputado se presentó en su casa para que devuelva el dinero. Posteriormente, se percató de que el legislador la había inscripto dentro del agrupamiento político, con un sueldo de 150 a 180 mil pesos, de los cuales nunca vio un peso.
Cuando se conoció la denuncia, el legislador se mostró sorprendido y, como suelen hacerlo siempre los funcionarios públicos, afirmó que todo se trataba de una maniobra orquestada para perjudicarlo, sin embargo, ahora la situación es mucho más compleja, pues la justicia tomó las riendas de la denuncia y ordenó distintas diligencias en busca de establecer si Rodríguez cometió o no fraude.
El fiscal Rodríguez López explicó que la investigación se encuentra en curso y que se trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho, entre las que se cuenta la solicitud de informes a la institución bancaria, a la Cámara de Diputados y otras diligencias.
Por su parte, la Cámara de Diputados votó en forma unánime la conformación de una comisión para investigar el hecho. El pedido de constituir la comisión llegó del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, el cual integra Rodríguez.
La conformación de la comisión investigadora surgió a pedido del titular del bloque oficialista, Germán Rallé, quien fundó su planteo en que “existe una presunción de inocencia y también para cuidar el prestigio del cuerpo”, por ello entendió que la comisión le va a permitir al diputado «contar ante esta Cámara su versión”. Finalmente, destacó la actitud de Rodríguez de ponerse a disposición de la Justicia, “sin escudarse en ningún fuero”.
Los legisladores provinciales ostentan dos tipos de fueros: inmunidad de opinión y de prisión, por lo que un proceso legal puede desarrollarse sin dilaciones, a menos que el juez entienda que deba ordenar la detención del acusado, en ese caso corresponde que previamente la Cámara de Diputados le quite los fueros.
Rodríguez, en su repertorio defensivo, insistió en que la denuncia se trata de una “operatoria política” en su contra motivada por denuncias que hizo con funcionarios y exfuncionarios y “la lucha contra el narcotráfico”.
En distintas declaraciones públicas, Rodríguez se mostró sorprendido cuando tomó conocimiento de la denuncia a través de un medio local, antes de ser notificado por la Justicia. Por otra parte, manifestó que la denunciante realizó todo el procedimiento habitual para acceder al cargo de AP en la Legislatura, al tiempo que dijo desconocer cómo pudo suceder el hecho denunciado.
Violencia de género
Por otra parte, la cámara baja también dispuso la creación de otra comisión para investigar a uno de sus miembros. En este caso, se trata del diputado Sansone por la denuncia de violencia de género. Es que el legislador, en un mensaje de audio, calificó con fuertes insultos a Mazzone, luego de que ella festejara la renuncia de Sabrina Sansone, su hija, como secretaria de Cultura.
Lo que siguió fue un virulento intercambio que se viralizó rápidamente y derivó en una denuncia en la justicia por violencia de género por parte de la ex diputada, la cual motivó la intervención de la jueza Cáceres Moreno, quien, en una diligencia expres dictó una resolución restrictiva.
La magistrada le ordenó a Sansone no acercarse a por lo menos 300 metros del domicilio particular o laboral de Mazzone, a la vez que impuso una consigna policial para que realice rondas periódicas en ambos puntos restringidos para velar que el acusado cumpla con la perimetral.
Como lo hizo con el arzobispo Mario Cargnello, también ordenó pericias psicológicas para ambas partes, intimó al diputado a que se abstenga de realizar cualquier acción que afecte o dañe a Mazzone y lo obligó a realizar una capacitación específica sobre violencia de género.
Por su parte, la comisión investigadora de Diputados, integrada por Socorro Villamayor, Gladys Paredes y Verónica Saicha, trabajar para determinar la conducta del colega y, en caso de que sea sensible de sanciones, deberán presentar el planteo respectivo, entre las cuales se incluye hasta la expulsión.
En este caso, la investigación fue impulsada por la presidenta de la comisión de la Mujer, Mónica Juárez, quien obtuvo el apoyo unánime del cuerpo. Inclusive el propio Sansone, quien dijo que acepta la decisión “con el mayor gusto” para que se investigue a fondo el caso.
