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Salud mental en Salta: jueza interviene y exige al gobierno informes de las inversiones ejecutadas

Después de tantas evidencias sobre la alarmante crisis en la materia, finalmente la justicia tomó cartas en el asunto. La reacción, llamativamente no provino del Ministerio Público Fiscal, sino de una jueza de Familia de Orán.

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SALTA.- Después de tanta publicidad respecto al precario estado de la atención pública en materia de salud mental en Salta, la justicia finalmente entró en acción. Ana María Carriquiry, jueza del Juzgado de Familia 2 de Orán, fue la que decidió meterse en el asunto. Y, como era de esperar, solicitó varios informes sobre las acciones del Estado Provincial en la materia.

La aparición en escena de una jueza que no es del distrito Centro, sino de Orán, a más de 280 kilómetros de esta capital, sorprendió a todos, pues se esperaba que fuera el Ministerio Público Fiscal, a través de algunos de sus fiscales estrellas, los que salieran al ruedo, pero no hubo ninguna reacción. Tal vez consideraron que el asunto era una locura.

Pero sus vecinos, los jueces, tampoco tomaron el asunto en serio, pues ninguno de ellos decidió entrar en acción ni siquiera los algunos camaristas que, ante temas de alta sensibilidad social (mediáticos), suelen aparecer con alguna medida cautelar rimbombante.

Lejos de ello, la que entró por la ventana y tomó el sartén por el mango fue la jueza Carriquiry, quien les pintó la cara a los operadores judiciales del Distrito Centro, al hacerse cargo de un proceso colectivo sustanciado en su jurisdicción, al cual sumó el de esta capital.

Al respecto, la magistrada comunicó sobre las actuaciones legales seguidas contra el Ministerio de Salud y la Provincia de Salta, proceso que tiene por fin la puesta en funcionamiento de un plan de salud que garantice la atención de las personas con padecimientos mentales.

La intervención de la jueza surge de una acción interpuesta por los Asesores de Incapaces de Orán, quienes advirtieron sobre la falta de infraestructura edilicia, como así también por la carencia de recursos humanos e insuficiencia de personal.

En ese marco, Carriquiry requirió al hospital San Vicente de Paul, de esa ciudad, que lleve adelante las gestiones del caso a fin de que garantice la atención de personas con padecimientos mentales con personal suficiente y el equipo interdisciplinario, compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros.

Pedido de informes

Al conocer las actuaciones iniciadas por la jueza oranense, la Procuración General estimó que dicho proceso tiene una estrecha vinculación con otras causas en trámite ante la Corte de Justicia local, de las cuales no se conocen resoluciones.

Se trata de un “amparo constitucional presentado por Sebastián Ezequiel Pilo en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ; Comisión Directiva Wichí Misión La Loma sobre Competencia”, Expediente Nº 41881/22 y “Graham, Marisa; Hernández, Juan Facundo c/Gobernador de la provincia de Salta- Poder Ejecutivo Provincial s/Amparo”, Expediente Nº 41.779/2021. Ello fue debidamente notificado al Registro de Procesos Colectivos.

Para dejar en claro su actuación, la jueza explicó que asumió la competencia en el presente proceso, dado que se dirige contra la provincia de Salta y contra el Ministerio de Salud y no contra el titular del Ejecutivo Provincial (inciso c) apartado II) del artículo 153 de la Constitución Provincial.

En vista de ello, ordenó al Ministerio de Salud de la provincia y a la Provincia de Salta la emisión de informe circunstanciado al respecto en el plazo de 72 horas. Y para que quede claro que no se trata de actuaciones de forma, integró en el litigio al Ministerio de Economía de la provincia a los fines considerar el posible impacto macroeconómico que reviste la causa.

Requirió también al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud un informe circunstanciado de las inversiones en materia de Salud en la ciudad de Salta Capital, en la ciudad de Orán; y específicamente en materia de salud mental de ambas ciudades, desde 2019 a la actualidad. 

A su vez, solicitó informes comparativos de los recursos humanos y económicos (partidas presupuestarias) en salud y salud mental de la ciudad de Salta y la ciudad de Orán, teniendo presente el número de habitantes de cada una de las ciudades

Estos requerimientos, como ya se sabe, no harán más que dejar expuesta no sólo la precariedad y alarmante situación en materia de salud mental, sino también la falta de inversiones en esa área por parte del gobierno de la Provincia.

Panorama crítico

Sobre esta crisis, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que adhirió el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Salta, reclamó, casualmente, que se cumpla con el presupuesto establecido en la Ley 26.657, la cual establece que el 10 por ciento del presupuesto de Salud sea destinado a salud mental.

Sobre este aspecto, en la provincia el presupuesto destinado a salud mental no llega al 0.4 por ciento. Además, se informó que solo entre el 12 y 15 por ciento de los matriculados en Psicología están incorporados a la estructura del Ministerio de Salud. 

A propósito, una de las mayores quejas en el interior gira en torno a la falta de recursos humanos. En la capital, en tanto, fuentes de la Secretaría de Salud Mental informaron que los centros de salud de la zona norte y sur de la capital salteña, suman 51 psicólogos. 

El Hospital Materno Infantil, en tanto, cuenta con 9 psicólogos y 2 psiquiatras. El San Bernardo, con 6 psicólogos y 2 psiquiatras. El Oñativia, con 2 psicólogos y 2 psiquiatras. El Hospital del Milagro, con 7 psicólogos y 1 psiquiatra. 

En el Ragone, hay 12 psicólogos y 11 psiquiatras más los residentes. En el interior provincial, en tanto, la zona oeste cuenta con 22 psicólogos; la zona norte, con 8 psicólogos y 2 psiquiatras, y en la zona sur de la provincia, con 12 psicólogos más el funcionamiento de una residencia.