SALTA.- A través de la Resolución N°119, de la Procuración General de la Municipalidad de Salta, dada a conocer mediante Boletín Oficial N°2.503, se formalizó el despido de la Coordinadora de Inspectores de la Subsecretaría de Espacios Públicos, Ramona Milagro Barrios, blanco de numerosas denuncias por el cobro de coimas.
La situación de la ahora exfuncionaria municipal, sin embargo, podría ser aún peor, pues todavía se espera que la justicia penal lleve adelante una causa en contra de Barrios por el delito de fraude e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por otra parte, en tanto, se pudo saber que otros 41 inspectores municipales se encuentran en la cuerda floja por investigaciones internas que se siguen por el cobro de coimas, una modalidad delictiva que, al parecer, era moneda corriente entre los funcionarios responsables de evitar el comercio ilegal.
Las investigaciones que derivaron en el despido de Barrios y los sumarios que se sigue contra otros 41 inspectores, tuvieron como detonante el brutal asesinato del feriante Nahuel Viltes, ultimada a cuchilladas el 10 de octubre del 2021, en la feria del parque San Martín, en una reyerta con otro comerciante ilegal.
La cruel muerte de Viltes terminó de dejar al descubierto el total desorden y otras actividades ilícitas que se habían expandido por el micro, macrocentro y la zona del parque San Martín, donde cientos de vendedores ambulantes, manteros y otros comerciantes afines llevaban adelante un comercio ilegal a granel.
Frente a ese panorama, y pese a los constantes reclamos de los comerciantes en regla, las autoridades municipales nunca reaccionaron. Hasta ese momento, el ex policía Vicente Cordeyro estaba al frente de la Subsecretaría de Espacio Público, sin ningún acierto a su favor.
Tras el homicidio de Viltes, y ante el fuerte impacto del hecho, que llegó incluso a medios nacionales, Cordeyro no supo manejar la situación y el 1 de noviembre de ese año, fue remplazado por la entonces concejal de PARES, Susana Pontussi, quien comenzó a poner orden.
Para ello no hizo falta de grandes despliegues, pues junto al escándalo salieron a luz numerosas denuncias de los propios vendedores ambulantes, quienes revelaron como se manejaba el comercio ilegal en los principales puntos turísticos de la ciudad, siendo Barrios y su flota de inspectores cómplices.
Testimonios
Entre los puntos que se detallan como motivo de su despido, según la resolución municipal, se estableció que “en ocasiones, Barrios, realizaría el cobro a través de otros vendedores ambulantes amigos y de su confianza para cubrirse de no ser filmada o grabada”.
Asimismo, y de los testimonios acumulados en contra de Barrios, se pudo conocer que la ex funcionaria exigía el pago de coimas para que puedan permanecer en sectores no habilitados, monto que se incrementaba hasta el doble o más, durante los días festivos.
Mientras que, desde la defensa de la funcionaria echada, se asegura que la medida fue tomada a partir de dichos sin sustentos, para la Procuración la acusación “quedó suficientemente acreditada, con el grado de certeza necesario, que la agente incurrió en los hechos que se le endilgan”.
Entre otros testimonios, un testigo, vendedor ambulante, sostuvo que Barrios le pedía coimas, ya desde que trabajaba como inspectora. “Lo hacía a cambio de ocupar un espacio en la cuadra de calle florida al 345”, sostuvo el testigo, quien precisó que, en algunas ocasiones, el cobro se hacía a través de otra vendedora.
Otro vendedor señaló que Barrios pedía entre $ 150 y $100 y los días festivos $200, ello para para permitirle ubicarse en la calle Florida a vender su mercadería, y cuando le respondía que no tenía plata la inspectora la hacía retirarse del lugar amenazándola que pediría ayuda policial para sacarla y de esta manera permitía a otras vendedoras que sí habían pagado.
Hasta la denunciaron por pedir plata para comprarse un sándwich en el parque San Martín. Pero el caso de Ramona, “la cobradora compulsiva de coimas” no es el único. Pontussi, al respecto, indicó que hay otros 41 sumarios administrativos iniciados a empleados municipales de Espacios Públicos.
“Se ha procedido durante 7 meses para juntar las pruebas y hacer el descargo para que puedan declarar y que puedan llegar a esta resolución. Si nos remontamos a octubre o noviembre del año pasado veíamos que las peatonales y el parque San Martín estaban absolutamente colmadas por vendedores de todo tipo, manteros, que vendían de manera irregular, informal y hasta a veces ilegal. ¿Cómo puede ser que eso pasara de tal manera si había un supuesto control municipal?”, agregó. “Había gente irresponsable que daba permisos a cambio de un beneficio no a nombre de la municipalidad, sino personal”, aclaró.
