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Salta

Por daño ambiental: investigan contaminación en el Arenales y mandan a juicio a un funcionario municipal

La fiscal Simesen abrió una investigación por la posible contaminación de las aguas del río Arenales con aguas servidas

Contaminación
Imagen ilustrativa.
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SALTA – En menos de diez días, la flamante Unidad Fiscal Contravencional, a cargo de la fiscal Verónica Simense de Bielke, mandó a juicio a un funcionario municipal, por su responsabilidad en la contaminación causada por un basural a cielo abierto. Y abrió una investigación por la posible contaminación de las aguas del río Arenales con aguas servidas, al parecer, por la rotura de un caño de la red de cloaca.

Según lo difundido, la fiscal dispuso como primera medida la recolección de muestras por parte de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Que también tendrán la tarea de analizar y determinar la probable contaminación de esas aguas.

La intervención de la UFICON, cabe señalar, se inició por una noticia difundida por un medio local. El que reprodujo denuncias de vecinos respecto a la rotura de un caño de cloacas, cuyas aguas servidas terminaron en el cauce del río Arenales, en la zona oeste de la ciudad.

A partir del estudio ya solicitado al CIF, la fiscalía también espera determinar otras actuaciones, las que podrían estar dirigidas a tratar el caso como una infracción al medio ambiente. Falta establecida en el Código Contravencional con penas de hasta 80 días de arresto, entre otras sanciones.

Sobre este hecho, ocurrido en barrio Santa Lucía, la subsecretaria de política ambiental, Heidi Rotelo; el secretario de ambiente municipal, Mariano Castelli y el inspector ambiental, Pablo Farfan, se hicieron presentes en esa barriada para verificar la rotura del caño. “Esta semana iban a hacer un barrido en este barrio”, reconocieron.

No obstante, Rotelo afirmó que ya “hay una causa iniciada contra Aguas del Norte en 2020 por circunstancias similares en otras partes del río”. Aseguró que lo sucedido será sancionado, pues esta situación por no estar regulada.

Admitió la gravedad de la contaminación ambiental que genera dicha pérdida, como así también sostuvo que la presencia en el lugar de neumáticos, televisores y basura empeora la situación. “El vapor que sale del río es perjudicial para la salud”, expresó Rotelo e indicó que trabajarán en el lugar para salvar la flora y la fauna, como así también la salud de los vecinos.

“No es la única cloaca directa al río”, agregó el inspector ambiental. Puesto que “cuando baja el caudal de los ríos, encontramos varias pérdidas y caños rotos”. En tanto, Castelli aseguró que “se tomarán medidas funcionales y legales”, ya que considera que “el caño fue cortado”. “Si hubo algún hecho de negligencia tomaremos cartas en el asunto, hay un daño ambiental importante que afecta a los vecinos”.

Por su parte, los vecinos se mostraron molestos, pues “el olor es insoportable. Es muy denigrante vivir así, con estos olores nauseabundos. Está todo contaminado porque está roto por todos lados, no nos tienen en cuenta”. Otro vecino manifestó que “una maquinaria pasó por el lugar hace mucho tiempo y rompió el caño”.

A juicio por un basural

Por otro hecho, investigado y comprobado por la misma fiscalía, en los últimos días se requirió juicio para el director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Campo Quijano por la infracción al artículo 94 bis de la Ley 7135, de Código Contravencional de Salta.

Al funcionario, se le atribuye responsabilidad por la existencia de un basural a cielo abierto y sin ningún tipo de tratamiento, en el predio del ex matadero, a la vera del río Rosario de ese municipio, lugar que fue clausurado tras la intervención judicial.

Cabe señalar que el artículo 94 del Código Contravencional establece, por esta falta, penas de arresto de hasta 80 días o su equivalente en multa, para el funcionario público que “por acción u omisión dolosa, provocare, consintiere, autorizare o no denunciare la concreción de un daño ambiental, con efecto sobre la salud y/o el patrimonio de las personas, siempre que el hecho no constituya delito”.

En su pedido de juicio, la fiscalía señaló que la investigación se inició a raíz de las reiteradas denuncias de una vecina de Campo Quijano, las que acusaban a la propia municipalidad local por la disposición de residuos sólidos de todo tipo y líquidos cloacales en un predio sin ningún tipo de tratamiento, lo cual fue corroborado por un informe del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF), que constató la existencia de un “microbasural” ubicado en el predio del ex matadero y en la vera del río Rosario.

Se estableció que el basural funcionaba sin licencia ambiental expedida por la autoridad competente, por lo que tampoco tenía la evaluación de impacto ambiental necesaria para utilizar ese predio para el destino final de los residuos a cielo abierto, con lo que también incumple la ley 25.675, General del Ambiente.

Menos había un plan de gestión, aspectos que -según la fiscalía- fueron acreditados a través de los dichos del propio director del Servicios Públicos imputado.

Al respecto, el CIF concluyó que “en la propiedad denominada ex Matadero Municipal la presencia de residuos urbanos, cubiertos con vegetación y en otros sitios, (la) actividad de quema (…) genera gases contaminantes”. Y esto es más grave porque hay viviendas en las cercanías. Por otro lado, «El tanque soterrado que contiene oil en el predio del ex Matadero constituye un pasivo ambiental de alta gravedad por tratarse de una sustancia peligrosa». Además de que «Se observó en la margen izquierda del río Rosario, la existencia de residuos asimilables a urbanos dispersos y restos de tabaco próximos al agua”.

En base a ello, la fiscalía afirmó que el director de Servicios Públicos de Campo Quijano tenía el deber de velar por el derecho a la salud de los habitantes de ese municipio, y con su accionar, “ha vulnerado el derecho a gozar de un medio ambiente sano, derecho de raigambre constitucional”.