Connect with us

Hi, what are you looking for?

Elintra.com.arElintra.com.ar

Salta

La Provincia de Salta cumplió y pagó la millonaria demanda por los brigadistas muertos en Guachipas

A ocho años de la tragedia, los que fueron fáciles para los familiares de las cuatro víctimas, el Gobierno de la Provincia cumplió con un reclamo heredado. Se pagaron 26 millones de pesos en concepto de resarcimiento.

Salta
Salta
banner



SALTA.- A través de un acuerdo transnacional, avalado por gobernador Gustavo Saenz, la Provincia de Salta dio cumplimiento el miércoles pasado al pago de una suma millonaria en el marco de la demanda civil iniciada por los familiares de dos de los cuatro brigadistas muertos, reclamo por el cual el gobierno fue condenado por la justicia provincial el 8 de noviembre de 2019.

La cancelación de la demanda, según lo informado, se formalizó en las oficinas de la Fiscalía de Estado, en manos del ex senador nacional Agustín Pérez Alsina, quien representó al gobierno en el acuerdo arribado con los familiares de dos de los cuatro brigadistas muertos, hecho ocurrido cuando combatían un incendio forestal en la localidad de Guachipas el 27 de octubre de 2014.

El pago, cheques mediante, se concretó también como resultado de las gestiones realizadas por el abogado Marcelo Eduardo Arancibia, quien tuvo intervención en el caso desde sus inicios, proceso al que se sumaron luego los letrados Fernando Teseyra y Sergio Gabriel Calvo Moscoso.

A través de ellos, los familiares de los brigadistas Mauricio Valdez y Matías Daniel Vilte, lograron cobrar, tanto los 15 millones de pesos ordenados por la justicia como así también otros 11 millones más en concepto de intereses por el tiempo transcurrido, tanto desde el hecho como de la condena.

Al respecto, cabe recordar que el monto de la demanda fue fijado por el juez Diego Rodríguez Pipino, en la sentencia que dictó el 8 de noviembre de 2019, al término del juicio seguido contra Víctor César Dagún, jefe del Programa de Defensa del Ambiente; Víctor Ola Castro, quien era subsecretario de Defensa Civil y Roberto Durnelli, otro funcionario de rango jerárquico.

Este trío llegó a juicio imputados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en el marco de la investigación penal abiertas por las muertes de Valdez, Vilte, Víctor Humberto Ferreyra y Martín Albarracín, quienes murieron al quedar encerrados por el fuego desatado en el cerro El Acheral, donde las llamas arrasaron con más de 84 hectáreas.

Durante el debate, que había comenzado en octubre de ese año, 2019, el juez Rodríguez Pipino escuchó numerosos testigos, examinó las pruebas presentadas por la fiscalía y, en su veredicto, terminó por condenar solamente a Dagún, mientras que al resto los absolvió por el beneficio de la duda.

La sentencia sumó más repudio e indignación de parte de los familiares, quienes esperaban no sólo la declaración de culpable de todos los acusados, sino que lo sean por el delito de homicidio simple, o en su defecto, por abandono de persona.

Reparación

En materia civil, sin embargo, el juez accedió a conceder la demanda interpuestas por Rossana del Valle Chávez, madre del brigadista Vilte y Valeria Soledad Montenegro, viuda de Valdez, quienes fueron la bandera visible de los reclamos de justicia por las víctimas de la tragedia.

Al expedirse respecto a la demanda de resarcimiento, el juez condenó al Gobierno de la Provincia a pagar en concepto de resarcimiento las sumas de 9 y 6 millones de pesos por las muertes de Valdez y Vilte, dinero que se hizo efectivo a partir de un plan de pago, mediante cheques diferidos.

Si bien el daño es irreparable, el cumplimiento por parte de este gobierno fue festejado por los familiares. “Seguramente esta demanda no repara la vida de las víctimas, pero se trata de un reclamo justo que fue atendido por la justicia, en este caso por el juez Rodríguez Pipino, quien merituó todos los aspectos del caso y dispuso el resarcimiento a modo de reparación, el que, ahora este gobierno, hay que reconocerlo, da cumplimiento poniendo a la Provincia a derecho con la ley”, sostuvo Arancibia.

Ahora, “los familiares puedan contar con este beneficio que, seguramente en nada compensará la vida de los brigadistas fallecidos, pero sí constituye lo que es justo”.

“Fue una lucha tener esta novedad del pago, con el sueldo que ganaba mi nuera no le alcanzaba para cubrir los gastos, tiene dos chicos en primaria y uno en la secundaria. A pesar de que recibia ayuda de los abuelos, no daba abasto”, sostuvo Omar Valdez.

“Nosotros anduvimos bastante para poder lograr algo. Ya que la causa se había archivado, a los pocos meses de las muertes, por el fiscal Gabriel Portal, quien decía que no había responsabilidad alguna de los funcionarios, que los chicos se fueron solos a apagar el incendio, que fue un accidente. Decía que los chicos eran tozudos, que se ordenaban solos. Archivó la causa porque decía que no tenía razón de ser”, recordó sobre el largo proceso penal.