SALTA – La recientes presentación de listas dejó varias sorpresas, de las cuales destacan el caso de cinco candidatos que aún tienen cuentas pendientes con la justicia, entre los que aparecen dos que ya fueron condenados, mientras que el resto ya tiene su turno para ir a juicio, por lo que existen muchas dudas respecto a si la candidatura responde a una vocación de servicio, o más bien, a una necesidad.
Uno de ellos es nada menos que Ernesto Fernando “Kila” Gonza, condenado el 12 de diciembre pasado a la pena de tres años de prisión luego de ser declarado culpable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios en concurso real
La Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Araníbar y María Gabriela González, dictaron la sentencia, la que también alcanzó al empresario Sergio Armando, quien recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión como autor de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real.
Ambos, fueron juzgados por realizar maniobras fraudulentas para desviar fondos de la comuna de San Lorenzo. Aunque las condenas no fueron de prisión efectiva, en el caso de Gonza, se dispuso su inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, condición que fue sorteada con facilidad debido a que la sentencia debe quedar firme para que se cumpla, lo que no sucedió aún debido a planteos que el mismo ex intendente interpuso.
Gonza, además, tiene aún pendiente otras causas penales, en todos los casos, por hechos de corrupción cometidos durante su gestión al frente del municipio que, ahora, busca dirigir nuevamente, aunque esta vez lo hace a través del frente “Avancemos”, el cual postula a Emiliano Estrada como candidato a gobernador.
La familia primero
Pero la aspiración del “Kila” no es la único dentro de su entorno familiar, pues por el mismo frente, se postula como concejal su hermano, Aldo Gonza, quien ocupa ya una banca en el cuerpo deliberativo comunal y es reconocido por ser el que mejor define el tablero político local.
Pero esto no es todo, pues Jorge Gonza, otro hermano, reconocido como opositor a los dos primeros, sindicalista y empleado del municipio también aparece en la lista de candidatos a concejal, en este caso lo hace a través del frente “Entre Todos”, con Walter Wayar como candidato a gobernador.
Otro de los ex jefes comunales ya condenados que aspira a volver, es nada menos que Juan Rosario “Chicho” Mazzone, ex intendente de la localidad de El Bordo y también castigado por la justicia con una pena de tres años de prisión por el delito de corrupción de menores.
La sentencia fue dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio el 17 de febrero de 2017. Mazzone, en ese entonces, ya había dejado de ser intendente, cargo del que fue destituido el 14 de enero, a días del escándalo desatado cuando varias fotos suyas con slip y abrazado por chicas menores de edad, se hicieron públicas.
Ahora, Mazzone se presentó nuevamente como candidato a intendente, esta vez por el frente “Con Esfuerzo se Puede”. Su postulación, como en el caso de Gonza, se habilitó debido a los planteos legales que interpuso ante la misma Corte, a fin de evitar que la sentencia quede firme, situación que lo dejaría inhabilitado.
Perjuicio millonario
El ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, actualmente imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, en perjuicio de ese municipio y por sumas millonarias, es otro de los ex jefes comunales que busca volver a su cargo.
Su candidatura aparece entre las más urgentes, pues Cornejo tiene fecha de juicio para el 12 de junio próximo, según lo anunciado por el juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, quien ya intentó juzgarlo en enero pasado, pero no se pudo debido a una presentación realizada por la defensa del ex funcionario.
La causa en su contra se inició el 28 de enero de 2020, con la denuncia del actual intendente de ese municipio, Carlos Héctor Folloni, quien acusó a su antecesor de maniobras de fraude que derivaron en un perjuicio económico que ronda los 84 millones de pesos.
En el municipio de Rosario de La Frontera se presentó con intenciones de ser intendente, el exlegislador a quien se echó de la Cámara de Diputado por la imputación que pesa en su contra. Luego de la viralización de filmaciones y fotos de Kuldeep Singh, la fiscalía lo imputó en 2018 por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.
Otro ex funcionario público que está en las mismas condiciones, es el ex diputado provincial Kuldeep Sigh, quien quiere ser intendente de Rosario de la Frontera por el Frente Unidos Por Salta que busca la reelección del gobernador Gustavo Sáenz.
Singh, quien actualmente es presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad, debió ser juzgado el 28 de febrero pasado, pero llamativamente el debate, como sucedió con Cornejo, se suspendió. En este caso, el ex legislador debe cuentas con la justicia por un robo y privación ilegítima de la libertad.
Junto a otros seis imputados, Singh está acusado de haber dirigido un asalto de gran envergadura en la planta industrial de la ciudad de General Güemes. Se trata de un hecho ocurrido el 26 de octubre de 2018, siendo la escena del crimen la empresa de envasado de porotos Nutribras, S.A.
Del lugar, el ex diputado se llevó un botín millonario en maquinarias y otros bienes, para lo cual empleó dos camiones. Como sucedió con Mazzone, fue destituido por la Cámara de Diputados a los días de la denuncia del robo, por el cual aún debe rendir cuentas.
Dirigente histórico
Por último, otro viejo conocido aparece en la lista negra de candidatos. Se trata de nada menos que Sergio “Topo” Ramos, actualmente diputado por Rosario de Lerma, cuyos destinos pretende dirigir desde la municipalidad como intendente.
Ramos se presentó dentro de la alianza que lleva a Gustavo Sáenz a la cabeza para su reelección, aunque en su historial tiene un abultado prontuario de casos por fraude al Estado, de los cuales siempre se las ingenió para evadir, básicamente a costa de los contactos que supo acumular desde la política.
Pese a ello, una causa logró prosperar y por la cual existe en el Senado de la Provincia un pedido de desafuero en su contra para poder sometido a juicio. El caso tiene que ver con una suma de poco más de 300 mil pesos que recibió del gobierno provincial, cuando aún era intendente en esa ciudad.
El dinero iba dirigido a una cooperativa, la que nunca pudo dar riendas sueltas a sus proyectos, pues los fondos que Ramos debía traspasar nunca le llegaron. Por ello, fue denunciado y ahora la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos lo quiere sentado en el banco de los acusados.
