Los vecinos de Rosario de la Frontera no tenían mucho que elegir, tal vez por ello, un 5 % se inclinó por el voto en blanco, siendo una de los municipios con el mayor registro de electores que decidieron esta categoría, al parecer, disconformes con la propuesta electoral. El resto, en tanto, se tuvo que inclinar por tres candidatos que tienen causas penales abiertas para ser el nuevo jefe comunal.
Uno de ellos fue nada menos que el actual intendente Gustavo Solís, quien tiene en su haber varias acusaciones por fraude; el otro era nada menos que el diputado provincia por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, imputado en varias causas por hechos de tortura y otros delitos adjudicados por su desempeño como policía de la Brigada de Investigaciones.
El trinomio lo completa el actual presidente del Concejo Deliberante, Kuldeep Singh, quien tiene pendiente un juicio oral y público por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego.
De esta vitrina, elegible gracias a las bondades de nuestra justicia provincial, los rosarinos prefirieron al acusado de asaltar una distribuidora de granos en el parque industrial de General Güemes, sin olvidar una nimiedad: cometió el robo, cuando revestía la calidad de diputado provincial.
Pese a ello, Singh, del frente Unidos por Salta, se alzó con 34,8% de los votos, a pesar de sus antecedentes penales. Por detrás, Solís, de Vamos Salta y acusado de ser el “jefe” de una asociación ilícita que habría vaciado las arcas del municipio, cosechó un 33,5 % de los votos. En tercer lugar, allá lejos, quedó Orozco del frente Avancemos con el 15% del electorado.
El 13 % de los votos restantes, en tanto, se repartió entre los siete candidatos restantes, los que, a pesar de no tener causas penales pendientes, corrieron de muy atrás, tanto en materia de presupuestos como de apoyo político, como el caso de Singh, quien contó con el apoyo del gobernador reelecto.
Singh debió ser juzgado desde el 28 de febrero pasado, pero la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Ángel Logarte, a cargo del debate, decidió finalmente suspenderlo en razón de que otro de los acusados, tenía una acusación pendiente por el delito de abuso sexual.
El asalto “tipo comando” que se le adjudica a Singh ocurrió el 26 de octubre de 2018 en las instalaciones de la empresa Nutribas SA, dedicada a la comercialización y exportación de granos, en la localidad de General Güemes.
Hasta allí, llegó el entonces diputado y ahora intendente electo con seis cómplices, para llevarse maquinarias y toda clase de bienes. Para ello, redujeron al sereno a punta de pistola, para luego ingresar al predio con dos camiones, en el que cargaron el botín y se fueron.
Convencidos de que habían apagado el sistema de las cámaras de video, Singh y sus laderos arrasaron con todo y todos sus movimientos y quedaron filmados, siendo esta la principal prueba de cargo, la que prácticamente sepultó cualquier posibilidad de negociación para una salida extrajudicial, pues la fiscalía penal tomó nota e imputó al legislador por robo calificado.
Con las imágenes, no fue difícil identificarlos y llevarlos ante la fiscalía. Las fotos con las manos en la masa fue todo un escándalo que a Singh le valió la destitución exprés que la Cámara de Diputados activó a los días del hecho, pues nadie quería quedar pegado con el dipuchorro.
Fraude y golpes
Solís, en tanto, es perseguido por la justicia, la que lo considera autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado y falsedad de instrumento público, según la acusación de la fiscalía.
La imputación incluye a otro seis acusados más, entre ellos Silvia Carolina Solís, Secretaria de Hacienda y hermana del intendente. La funcionaria junto a la tesorera, Antonia Silvia Acosta, deben responder por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con los delitos de falsedad de instrumento público y peculado.
En concreto la imputación gira en torno al cobro irregular de planes sociales, pues muchos vecinos denunciaron haber sido incluidos sin su autorización en programas sociales y de trabajo, como así también que, a su nombre, se habrían expedido cheques o pagos en efectivo que no percibieron ni solicitaron.
Al respecto, el fiscal penal Oscar López Ibarra, sostuvo que “durante el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el Municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público”.
Afirmó que los denunciantes no habían solicitado su incorporación a dicho plan y, además, se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.
Pero esto no es todo, pues el actual jefe comunal fue blanco de otra investigación penal, esta vez a cargo de la fiscal Verónica Simense de Bielke, quien en 2020 abrió una causa en su contra por otros graves hechos de fraude, cohecho y demás
Dichas actuaciones se iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020, de la que surgió la falsificación de facturas en el municipio. A partir de allí y mediante un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia, se informó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el período 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.
El diputado Orozco, en tanto, tiene en su haber un pedido de juicio. En este caso, del fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, quien había solicitado sentar al diputado en el banquillo de los acusados, en junio de 2022.
La acusación, que también alcanza a otro once policías, gira en torno a los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.
