SALTA – La nueva arremetida contra el infalible senador Sergio “Topo” Ramos, quien es perseguido por la justicia por hace más de 30 años, está dirigida por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien requirió juzgar al ahora intendente electo de Rosario de Lerma por considerarlo autor del delito de peculado bienes y servicios.
El pedido alcanza a la concejal rosarina, Natalia del Valle Guerra, en este caso en calidad de partícipe necesaria del mismo delito, acaso protagonista principal del caso, abierto a raíz de un accidente registrado el 5 de febrero pasado en Campo Quijano, en pleno carnaval.
En su requerimiento, la fiscal sostuvo que tomó intervención en el hecho recién el 13 de febrero, tras tomar estado público a través de los medios de comunicación, la noticia de que la concejal de Rosario de Lerma había colisionado, cuando conducía un vehículo, que se encontraba a cargo de la Cámara de Senadores de Salta.
La fiscal, en su defecto, dispuso dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas revestían características ilícitas.
Sucede que, apenas se conoció sobre el accidente, salieron a la luz detalles que no pasaron desapercibidos. El principal fue que la camioneta Chevrolet que era conducida por Guerra, en realidad, pertenecía a la flota de vehículos del estado provincial, por lo que inmediatamente surgieron interrogantes al respecto.
Además, el accidente, ocurrido frente a la carpa de la familia Yonar y en pleno carnaval, por lo que surgieron especulaciones respecto al mal uso del vehículo, en el que la edil se movilizaba junto a otro familiar, sin brindar explicaciones claras respecto al rodado.
Para echar luz sobre el caso, la fiscalía, el 19 y 20 de abril, citó a Ramos a prestar declaración en la fiscalía, pero el senador, como ya su costumbre, faltó a la cita, aunque sí lo hizo posteriormente, instancia en la que se formalizó la acusación en su contra por el incidente.
Informes
Salinas Odorisio , en su investigación, reunió información sobre el vehículo, a partir de informe requerido al Ministerio de Economía de la Provincia, pudo establecer que el rodado la camioneta, modelo 2009, estaba bajo la órbita del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Finanzas y Obras Publicas de la Provincia de Salta (actual Ministerio de Economía y Servicio Públicos).
Además, remitieron un acta de entrega del vehículo a la Cámara de Senadores el 21 de junio de 2009. Por su parte, la cámara alta informó que el 16 de julio de 2020 hizo entrega de la camioneta al senador provincial por el Departamento de Rosario de Lerma.
El 20 de abril, la fiscalía imputó a la concejal Guerra como partícipe necesaria del delito de peculado bienes y servicios, quien negó los hechos en la audiencia. Más tarde, Ramos, en una audiencia del 26 de abril, fue imputado, circunstancias en que negó los hechos.
Pese a ello, y tras evaluar las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio consideró que Ramos, en su calidad de funcionario público, se apartó de los fines previstos por los que la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, le había asignado la camioneta Chevrolet.
Indicó que el rodado se trata de un efecto público cuya administración y custodia le había sido confiada en razón de su cargo, señalando que el imputado colocó dicho bien fuera del alcance de su custodia que le fue asignada, entregando el mismo a la edil Guerra, para que lo utilice para asuntos personales, perjudicando en consecuencia el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública”.
En función de estos argumentos, la fiscalía presentó el pedido de juicio contra Ramos en el Juzgado de Garantías, el que ahora deberá analizar el planteo de la fiscalía, como así también cualquier otro recurso que los defensores puedan interponer, ya sea para revertir la situación e Ramos, o bien, demorarla.
