SALTA – Desde ayer, la Sala IV del Tribunal de Juicio lleva a cabo la audiencia de debate en una causa seguida contra José Rolando Guaimás, intendente de Animaná, y de Romina Alejandra Guanca, empleada de ese municipio por el delito de peculado, figura penal contemplada en el artículo 261 del Código Penal, con una condena que va de dos a diez años de prisión.
Este delito, cabe señalar, tiene una pena accesoria que, en definitiva, es la que más asusta a los funcionarios públicos, pues la norma legal prevé la inhabilitación absoluta perpetua para los imputados que sustrajeron caudales que estuvieron bajo su administración.
Presidido por la jueza Norma Beatriz Vera, el juicio comenzó con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, el cual es impulsado por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos 1, Ana Inés Salinas Odorisio, quien lleva adelante el caso desde la imputación, en abril del año pasado.
Según la acusación, el intendente Guaimás es acusado por la fiscalía por un hecho que salió a luz a partir de llamados de vecinos de un barrio Juan Carlos García Basalo, ubicado en la zona oeste, a pocas cuadras del Centro Cívico Grand Bourg.
En sus llamados, los vecinos contaron que, desde diciembre de 2020, camiones con la inscripción “Municipalidad de Animaná” llegaban hasta una vivienda en construcción, donde dejaban gran cantidad de materiales, lo que llamó mucho la atención, pues el inmueble no tenía ningún cartel de anuncio de obra pública.
A esto se sumó el hecho de que la vivienda que se levantaba, era residencia de una mujer que es empleada de la Municipalidad de Animaná. Incluso, fueron más a allá con los detalles, y revelaron que vieron al intendente Guaimás en el lugar, al parecer, dándoles indicaciones respecto a la obra.
Como frutilla de postre, la fiscalía pudo establecer que el albañil encargado de la construcción también era empleado de ese municipio. Al profundizar la pesquisa, se estableció que se trata de un empleado municipal con una antigüedad de más de 15 años.
Al explicar su presencia en el lugar, el empleado contó que en 2020 se hallaba en esta ciudad por una enfermedad de su esposa, circunstancias en que se encontró con el Intendente, quien le habría manifestado que para quedarse en la capital debía trabajar sus horas de planta (de 7 a 13) en la casa de la imputada, en calidad de albañil.
A partir de estos elementos de prueba, y otros más reunidos, la fiscalía requirió juicio contra Guaimás y Guanca, quienes ahora deberán dar explicaciones respecto a los materiales que salieron del patrimonio municipal, como así también la mano de obra y recursos de esa comuna, de la que se valieron para construir la vivienda.
De denunciante a denunciado
La situación que atraviesa el intendente llama la atención para los habitantes de Animaná, pues en marzo de 2016, Guaymás, a tres meses de asumir su primera gestión en ese municipio, denunció a su antecesor, Vicente Condorí, por el mismo delito por el cual ahora va a juicio.
Guaimás, en concreto, acusó a su antecesor por el desvío de fondos provenientes de programas nacionales. Se trata de partidas presupuestarias del Programa Federal de Construcción de Viviendas y del Ministerio de Desarrollo de la Nación.
“Es lamentable lo que sucedió. Hablamos de $550.000 que fueron retirados por Condorí el 22 de julio del año pasado y estaba destinado a la compra de mobiliario para el CIC que se construyó en la localidad, algo que no se hizo”, despotricó.
Cabe indicar que durante la gestión de Condorí, el municipio recibió dos partidas de dinero. La primera destinada a la construcción de treinta viviendas, por una suma aproximada a los $7 millones, y la segunda para la dotación de mobiliario y un vehículo para el Centro Integrador Comunitario (CIC), por $550 mil.
En su denuncia, el actual intendente sostuvo que el faltante se descubrió, cuando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intimó al municipio para que en quince días cumpliera con la rendición de la partida de $550 mil destinados a dotar al CIC con mobiliario y un vehículo, so pena de enviar la situación a la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio.
Ante esa intimación, encargó una auditoría que detectó la extracción de fondos de las cuentas municipales sin la debida justificación. El control descubrió que el 22 julio de 2015 el ex intendente Condorí retiró los 550 mil pesos y el 1 de enero del mismo año $1.346.000, quedando las cuentas con un saldo de $87.
Al explicar estos movimientos, Condorí, quien es empleado municipal de planta, dijo que podía tratarse de una confusión entre las partidas destinadas a viviendas y la destinada al CIC, pero la coartada no resultó, ya que Guaimás demostró los resultados de la auditoría, la que incluía testimonios de personal de tesorería y del área contable en los que confirmaban que Condorí era el único autorizado a retirar fondos de las cuentas municipales.
Acorralado, Condorí se comprometió a devolver $550 mil pero pretendía que se modificara el acta de rendición del traspaso de mando en diciembre de 2015 y se incluyera en ella la entrega de esos fondos y no registrar la devolución en el año 2016. Guaymás se negó y Condorí argumentó que todo se trataba de una confusión que los $550 mil reclamados por el organismo nacional habían sido utilizados en la construcción de viviendas.
