En un juicio exprés, ayer, la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, condenó al intendente de Animaná, José Rolando “Tata” Guaimás a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado.
El fallo alcanzó también a Romina Alejandra Guanca, empleada de ese municipio, quien fue considerada coautora del mismo delito, hecho por el cual se le impuso la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
El intendente y la empleada, cabe señalar, fueron juzgados por la sustracción de materiales de construcción del municipio, los que fueron utilizados para edificar una vivienda particular, para lo cual también se valieron de mano de obra de otro empleado municipal.
En su sentencia, la jueza estableció que, durante dos años y medio, Guaimás deberá fijar domicilio y someterse al cuidado del patronato de presos. Además, tendrá que abstenerse del uso de estupefacientes y no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas.
Tampoco podrá acercarse a la persona que lo denunció, su domicilio o sitios que frecuente. En cuanto a Guanca, en tanto, se estableció que la mujer tendrá que cumplir las mismas reglas de conducta por el término de dos años. En caso de que las mismas sean incumplidas, por ambos condenados, podría dejarse sin efecto la condicionalidad de la pena impuesta y ordenarse su alojamiento en la cárcel.
Por otra parte, la jueza ordenó remitir copias de las actas del juicio a la Fiscalía Penal UDEC respecto de la declaración de una testigo, como así también del legajo personal de un empleado de la Municipalidad de Animaná, a fin de establecer si la conducta de los mismos es pasible o no de alguna imputación penal.
Para la jueza, la fiscalía, encarnada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, e la Unidad de Delitos Económicos Complejos, pudo comprobar que Guaimás incurrió en la conducta delictiva de peculado, incluida en la categoría de malversación de fondos, según lo determinado en el artículo 261 del Código Penal.
Esto surge de la acusación presentada por la fiscalía, la que tuvo como base una denuncia realizada por un vecino del barrio Juan Carlos García Basalo, ubicado en la zona oeste de esta ciudad, quien reveló una situación anormal y sospechosa que sucedía en esa barriada.
Indicó la presencia frecuente de un camión con la inscripción de la Municipalidad de Animaná, del cual se descargaba materiales de construcción que sirvió para la edificación de una vivienda de ese barrio. Esto sucedió a fines del año 2020.
A costa del Estado
Posteriormente, como resultado de las investigaciones del caso, la fiscalía no sólo pudo verificar el tenor de la denuncia, sino que la propiedad en la que se edificó la vivienda pertenece a Guanca, empleada municipal y cómplice del intendente.
También se descubrió que el albañil responsable de la obra también era empleado del mismo municipio, quien explicó su presencia en el lugar a partir de una orden que le fue impuesta por el mismo jefe comunal, quien lo comisionó a cumplir su horario de trabajo en esa edificación.
Explicó que esto se debió a que su esposa estaba enferma y tenía que permanecer en la capital, circunstancias que fue aprovechada por Guaimás para aprovecharse y ahorrarse la mano de obra, también a costa del municipio, de donde salieron los materiales para la construcción de la casa.
De esta manera, el intendente de Animaná se suma a una lista estelar de jefes comunales que pasaron por la justicia y salieron condenados por cometer delitos de corrupción estatal, entre los que figuran reconocidos nombres como los de los ex intendentes Ernesto Fernando Gonza y Manuel Cornejo, quienes gobernaron los municipios de San Lorenzo y Campo Quijano.
De esta lista, solo una ex intendenta fue enviada tras las rejas. Se trata de Angelina Lucía Canchi (56), quien fue condenada a la pena de cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública.
En su veredicto, dada a conocer el 26 de junio pasado, el juez Aldo Primucci, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, la consideró autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos) todos en concurso real, en perjuicio de la Municipalidad de Isla de Cañas.
Gonza, en tanto, fue condenado junto al empresario Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, Gonza en calidad de autor y Armando en calidad de partícipe necesario, todo en concurso real.
