SALTA – Lejos de conducir el debate a fin de ahondar sobre los pormenores del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006, la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, integrado por los jueces Edgardo Laurenci (presidente), Claudio Parisi y Raúl López, parece haber perdido el rumbo e ingresó a un terreno propicio para el escándalo.
Como se sabe, los fallidos intentos por juzgar a los hermanos Delfín y Raúl Castedo por el crimen de Ledesma, dejaron expuesto al tribunal, en especial su presidente, contra quien llovieron fuertes críticas, tanto de las partes como de los vecinos, los que reclamaron terminar con todas las chicanas de los hermanos narcos y juzgarlos de una vez.
Desde que fueron recapturados, en el año 2016, diez años después del homicidio de Ledesma, los hermanos Castedo, sindicados como los mentores del crimen, se las ingeniaron para retrasar el debate por prácticamente seis años con un mismo argumento: la imposibilidad de estar presentes en la sala de audiencia.
Este reclamo fue suficiente para suspender una y otra vez el juicio, cuando en la justicia federal, no hubo atenciones especiales y a los Castedo se los juzgó por vía remota durante más de seis meses, hasta que el 7 de diciembre del 2022 se los condenó a 16 y 9 años de prisión por los delitos de asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
Este lunes, después de que la propia Corte de Justicia de Salta tuviera que entrar en juego con un fallo para que Laurenci y compañía lleven adelante el juicio, los Castedo aparecieron con pantalla partida, casi al lado del estrado de los jueces, quienes finalmente abrieron el esperado debate.
Recusación
Cumplidos los pasos formales, el tribunal dio paso a la etapa testimonial, la que no resultó tan sencilla, pues los jueces habrían limitado la tarea inquisitoria de la fiscalía, la que ayer, al reanudarse el debate, fue expuesta mediante un pedido de recusación contra los camaristas.
En su planteo, la fiscal Claudia Carreras denunció serias limitaciones en su labor como representante del Ministerio Público Fiscal. Alegó parcialidad por parte de los jueces, ya que les restringieron preguntas a los primeros testigos del juicio, con lo cual perjudicó la acreditación debida de los hechos imputados, tanto a Delfín como a Raúl Castedo.
La recusación no cayó bien, pues apuntó directamente contra la transparencia del debate. En particular, la fiscalía dijo que “se le impidió realizar preguntas sobre las circunstancias del tiempo, lugar y modo del asesinato de Liliana Ledesma, como así también sobre la descripción de la pasarela en la que fuera interceptada y las causas sobre narcotráfico relacionada con el caso”.
Además, consideró que se le negó la oportunidad de indagar sobre la importancia estratégica del paso fronterizo con Bolivia, que desencadenó el conflicto vecinal en cuestión, cuyo eje central giró en torno a la finca El Pajeal, cuya parte posterior limita con territorio boliviano. Y, según la principal hipótesis, los acusados habían cerrado el paso de los puesteros para así liberar el contrabando de cocaína.
Este hecho, casualmente, fue lo que la víctima denunció públicamente en un medio local de esta ciudad y lo que le costó la vida, pues luego de acusar al mayor de los hermanos, selló su vida, pues al regresar a Salvador Mazza, fue asesinada el 21 de septiembre de 2006 de varias cuchilladas, una de las cuales le tajeó la boca, lo que se leyó como una clara señal para que nadie más se atreva a denunciar a los Castedo.
Otras quejas
Por otro lado, la fiscalía se quejó por la decisión de los jueces de incorporar la digitalización de los casettes incorporados a la causa consistentes en las escuchas telefónicas que en el tiempo de los hechos había realizado Gendarmería Nacional, información tomadas desde el teléfono celular de uno de los imputados Castedo.
“Teniendo en cuenta que la tecnología actual torna extremadamente dificultosa la reproducción de audios mediante este soporte, la Fiscalía había solicitado la digitalización para poder acceder al contenido de manera adecuada y simple”, esgrimió la fiscalía.
Por su parte, la querella se adhirió al pedido de recusación, argumentó que este no solo se basa en la pérdida de imparcialidad del Tribunal, sino que también constituye un adelantamiento de opinión por su parte de sus integrantes; la defensa de los acusados solicitó el rechazo del planteo recusatorio.
Escuchados los fundamentos, el tribunal rechazó de plano la recusación y siguió adelante con el juicio. Esta decisión no tardó en salpicar a Laurenci, quien está apuntado por la controvertida liberación y posterior fuga de Lino Ademar Moreno, uno de los sicarios del clan Castedo, previamente condenado a prisión perpetua por el asesinato de Ledesma. Moreno, considerado extremadamente peligroso, sigue prófugo hasta la fecha.
Al reanudar el debate, se vivió un momento aún más escandaloso, cuando en plena audiencia, una testigo respondió al tribunal, cuando fue interrogada respecto a si reconocía a los hermanos Castedo, quienes seguían el devenir del debate desde el penal de Ezeiza, donde están alojados debido a ser considerados de extrema peligrosidad.
Ante la pregunta, la mujer reconoció al menor de los hermanos, quien sin ningún temor y evidenciando una total impunidad, respondió con un gesto de corte en el cuello, para luego amenazarla diciéndole “es la última vez que me reconoces”.
Sobre este episodio, llamativamente el canal de información oficial del Poder Judicial no aclaró si el tribunal tomó cartas en el asunto y giró las actuaciones por el supuesto delito de amenazas concretado en las narices de los jueces.
