SALTA – “El crimen organizado en Orán hoy en día está prácticamente convertido en un polirrubro”, afirmó el Jefe de los fiscales de la provincia, Pedro García Castiella en una encendida conferencia de prensa, la que él mismo convocó para reforzar el pedido de jury contra el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Laurenci, por negligencia y mal desempeño de sus deberes.
Aseguró que la delincuencia en esa ciudad no sólo se dedica al narcotráfico, sino también a crímenes cometidos por sicarios, por lo general como consecuencia de ajustes de cuentas o mejacaneadas, en las que el narcotráfico es el eje central.
“Cada día aparecen con mayor habitualidad situaciones de sicariato, ‘mejicaneadas’, ajustes de cuentas, y aparecen muertos ya con bastante reiteración en un lugar, en otro, y por eso digo yo que es un tema que tenemos que ponerlo en la prioridad de la agenda y ocuparnos con seriedad para frenar el avance de esta situación”, señaló.
En ese marco, García Castiella alertó respecto del incremento de la violencia y el trabajo en los niveles de bandas de crimen sofisticadamente organizado que operan en la región norte de la provincia de Salta, y en particular en la zona de Orán.
En función de ello, alentó la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Y como muestra de que el asunto va en serio, reveló que le pidió al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia la asignación de custodia para su persona, y el refuerzo de la custodia del edifico de la Procuración General.
Como era de espera, se refirió a su presentación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en relación con Edgardo Laurenci, Juez del Tribunal de Juicio Sala 1 Orán, que lleva adelante el Juicio a los hermanos Delfin y Raul Castedo, por mal desempeño, negligencia e impericia en la fuga del sicario Lino Moreno.
Para García Castiella, este fenómeno no se limita únicamente al tráfico de drogas; su nivel de organización, poderío y sofisticación “los ha llevado a diversificarse en una suerte de “polirubros” involucrándose en una amplia gama de actividades delictivas, que incluyen robos, a menudo con características de extremada violencia, como así también sicariatos, mejicaneas, etc”, insistió.
Además, señaló con pesar que “estamos presenciando con mayor frecuencia situaciones de sicariato y ajustes de cuentas, lo que ha resultado en un aumento preocupante de muertes en la región”. En este contexto, el Procurador General resaltó la valentía de las fiscales del distrito a cargo de las distintas investigaciones, e instó a que este tema se convierta en una prioridad en la agenda y se aborde con seriedad para detener su expansión.
Recordó en tal sentido, dos casos de homicidio con estas características, como el crimen de Avendino, una persona ajusticiada y abandonado en cercanías de Hospital de Oran, y Bejarano, encontrado su cadáver dentro de un vehículo y espolvoreado con cocaína.
Por otra parte, destacó los esfuerzos realizados desde que asumió su cargo, para abordar la problemática, trabajando activamente en trabajar coordinadamente con otras provincias, el gobierno nacional y el Consejo Federal de Procuradores.
A propósito, resaltó la exitosa coordinación con la Justicia Federal y la PROCUNAR NOA. “Hemos establecido vínculos tanto a ni que es tomada como modelo a nivel nacional, reconociendo la necesidad mutua de apoyo”, y mencionó el interés de otras provincias en conocer el funcionamiento del modelo de coordinación que lleva adelante el Ministerio Publico Fiscal de Salta, sus áreas de investigaciones, su relación con la Justicia Federal y las investigaciones de narcocriminalidad
También menciono el compromiso del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz en la adjudicación de recursos oportunamente solicitados para la instalación de una Unidad Especial de Investigaciones de Oran en una localidad donde era esencial para el refuerzo de la labor de los fiscales.
A su vez, destacó el apoyo y compromiso convergente de la Corte de Justicia de Salta, en el abordaje de estas realidades. Subrayó que este compromiso conjunto tiene como objetivo enfrentar el desafío constante en el Distrito Norte de la provincia.
García Castiella enfatizó su determinación en la lucha contra el crimen organizado e hizo un llamado a que todos los jueces y magistrados en general, incluidos fiscales y demás funcionarios estén a la altura de estos desafíos, en defensa de la paz social, el cumplimiento de los juramentos al asumir sus cargos y el papel fundamental que la justicia debe desempeñar en la preservación de la paz social y el funcionamiento de las instituciones. “Aquellos que no estén a la altura deberían pensar en otra actividad “, afirmó.
Antecedentes
Para mayor ilustración, citó como ejemplo al robo a la empresa frutihortícola Abra el Sol, donde irrumpiera una banda organizada con armas largas y uno de los propietarios fue brutalmente golpeado, llevándose un botín de aproximadamente 60 millones de pesos. Al respecto, informó que esta causa está a punto de ser elevada a juicio, incluido un ex empleado de la misma como entregador en el asalto.
Más al norte, los fiscales enfrentan numerosas investigaciones que involucran mejicanadas y sicariatos, incluida la mencionada causa, destacando la figura de un fugitivo de alto perfil conocido como “Gringo Palavecino”, considerado la persona más buscada en la región.
Mencionó un caso de corrupción institucional donde cuatro policías están detenidos por presuntamente negociar sobornos a cambio de frustrar procedimientos pedidos por la Fiscalía. En ese orden, dijo que la fiscal Mariana Torres lleva adelante esta investigación.
Como resultado de las pesquisas, se descubrió “un nivel más grave de participación de ocho efectivos dependientes de las fuerzas de seguridad provincial en actos de cohecho y entrega o aviso previo de procedimientos a investigados para facilitar su frustración”.
En el caso del personal policial detenido, cumplía funciones en el SINAR 13, que estaba afectado a prestar colaboración a la fiscalía penal N°3, actividad delictiva que provocara el fracaso de varias diligencias de allanamientos o detenciones. Es por eso que subrayó la importancia de llevar a cabo investigaciones rigurosas y asegurar que los responsables sean enjuiciados.
Por último, cuestionó duramente las manifestaciones de una abogada que invoca la defensa de José Dimas Ruiz, detenido con prisión preventiva, por haber presuntamente operado como “entregador en el robo a la empresa “Abra EL Sol”, la que en una entrevista radial pusiera en duda la real existencia de los $ 60.000.000.
Advirtió sobre el accionar de dicha letrada, ya que, además de pretender investigar a una víctima que sufriera además del despojo patrimonial, una feroz golpiza en su humanidad, está poniendo en riesgo una investigación iniciada hace más de tres meses por corrupción institucional, tarea respaldada con contundencia por el propio procurador.
