SALTA – El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, inició un descenso vergonzoso desde su llegada al cargo. Fue puesto allí para impartir una justicia que, aparentemente, nunca llegará a los salteños. Mientras él siga al mando de los fiscales penales, esa justicia parece una promesa lejana.
Eso es básicamente lo que hoy ocurre en nuestra provincia. Nunca en la historia salteña un fiscal general había recibido tantos cuestionamientos públicos. Hablo de una tierra donde ese cargo lo ocupó Aldo Saravia. Él ostentaba el récord de ser el jefe fiscal más cuestionado de la historia provincial. Créanme cuando digo que García Castiella lo ha superado con creces. No es solo una crítica mordaz, es prácticamente un homenaje a su gestión. Lograr semejante hazaña requiere un talento peculiar para la polémica.
Lo más curioso de esta historia es su contraste con el pasado. Pedro García Castiella, durante sus épocas como abogado, recogió un prestigio jurídico notable. Era además una persona que solía defender causas nobles y progresistas. Se vinculaba con casos de derechos humanos y familias sin recursos. Ahí siempre estaba el Dr. García Castiella, el defensor de oficio ideal. Los Poma supieron tener como abogado defensor a García Castiella en las épocas en las que enfrentaban duramente al romerismo. Tal vez por eso, los hermanos hoy no dicen nada de los papelones judiciales.
El Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales realizó un extenso informe donde se auditaron 19 provincias para saber en cuál de ellas había una eficiente resolución de casos por parte del Ministerio Público Fiscal. En el ranking salta ocupó el puesto número 11 apenas unas décimas encima de Santa Cruz una de las provincias judicialmente más cuestionadas de la historia Argentina esa es la calidad que tiene hoy nuestra Justicia.
Hoy decidió rifar ese prestigio moral y jurídico sin miramientos. Lo cambió por ocupar un cargo que es cien por ciento político y de confianza. El procurador general salteño es hoy un hombre de la política pura. Nada tiene que ver con aquel jurista respetado hace algunos años. Uno se pregunta si el jefe de los fiscales piensa en su prole. No considerará que, después de esto, será una vergüenza ser un García Castiella.
Solo para nombrar casos recientes, está el affaire Vicente Cordeyro. El procurador general salió a decir apuradamente que fue un suicidio claro. Luego tuvo que desvestirse y señalar que la causa aún no estaba cerrada. Eso ocurrió solo porque fue expuesto por este medio. Luego está el caso de Jimena Salas, un crimen que conmocionó a la provincia. Los parientes de las víctimas no creen en la responsabilidad de los acusados. Desconfían abiertamente de la investigación fiscal llevada adelante. Estos son solo dos ejemplos de una larga y lamentable lista.
Los constantes casos de abusos policiales permanecen en la impunidad total. Nunca reciben una condena firme que sirva de precedente legal. Otros tantos hechos jurídicos oscuros se desarrollan en la provincia. Todos ellos muestran un patrón de desidia y opacidad institucional. Demuestran que García Castiella no es la persona indicada para su tarea. Su labor debía garantizar justicia, no sembrar más dudas y desconfianza. La ciudadanía salteña merece respuestas claras y procedimientos transparentes. Hoy por hoy, no recibe ninguna de las dos cosas.
Camino a la Corte
Ante este panorama, muchos esperarían un gesto de dignidad del funcionario. Cualquier persona con algo de amor propio presentaría su renuncia irrevocable. Pero no, todo lo contrario sucede en el palacio de justicia. Su única intención hoy es ser ministro de la Corte de Justicia salteña. Recordemos que solo Pablo López Viñals pasó de la procuración general a la Corte. Claro que aquel caso fue radicalmente distinto al actual. López Viñals tuvo un paso discreto y eficiente por el cargo. Algo muy distinto a lo que ocurre hoy con Pedro Sebastián García Castiella.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia debería observar con atención este circo. Debe evaluar con extrema severidad cualquier pretensión de ascenso del procurador. Un cargo en el máximo tribunal se gana con mérito, no con perseverancia en el error. La credibilidad de todo el sistema judicial salteño está en juego. Permitir este salto sería premiar una gestión lamentable y cuestionada. Sería enviar el mensaje equivocado a la sociedad que clama por justicia. Los señores ministros tienen la palabra y una gran responsabilidad histórica.
El legado final de García Castiella parece ya escrito en letras de molde. Transformó un apellido asociado al derecho en sinónimo de fracaso institucional. Ha logrado que, en el futuro, alguien lleve ese nombre con rubor. La vergüenza de ser García Castiella es un título que él mismo se forjó. Los salteños, mientras tanto, seguiremos esperando la justicia que nos debe. Esperamos que llegue antes de que el chiste sobre su gestión ya no cause gracia. Porque el humor, ante tanta seriedad deficiente, es a veces el único refugio.
