SALTA.- En los últimos días, la política de Salta se vio conmovida por una nueva denuncia a cargo de la Auditoría de la Provincia sobre irregularidades en una gestión municipal. La misma involucraba a la intendenta de San Carlos, María Vargas, acusada de una transferencia poco clara que la ponía en aprietos. Ante ello, la funcionaria rompió el silencio y cargó contra su acusador, denunciando ensañamiento.
Vargas rompió el silencio en declaraciones a El 10 TV. Su palabra era muy esperada después de la presentación del Auditor de la Provincia, Gustavo Ferraris, quien había sembrado sus dudas acerca de la finalidad de los movimientos detectados en una cuenta bancaria que pertenecía a la jefa comunal de San Carlos.
En su defensa, Vargas acusó a Ferraris de utilizarla como chivo expiatorio. «Encontró a esta coya bruta y que ha dicho: ´Esta no presentó un ejercicio, le voy a hacer la vida imposible´», sostuvo la intendenta. De todos modos, reconoció que «mi contador no presentó los registros del ejercicio 2024», el año posterior a su asunción en el cargo, aunque esgrimió que ello «no es un delito».
La funcionaria calificó a lo sucedido como un «error administrativo«. Y expresó que la responsabilidad corresponde a su contador. «Me equivoqué a quien elegí en ese momento. Esto señor no presentó, se había llevado documentación de aquí para hacerlo y no lo hizo. Cuando yo me entero, directamente lo saco e hice la denuncia que corresponde», manifestó María del Carmen Vargas.
San Carlos, el único municipio que no presentó la rendición de cuentas
En su defensa, la intendenta de San Carlos volvió a pedir que se ponga la mirada sobre Ferraris. Para ella, el Auditor, que estuvo 17 años trabajando en el organismo, «tendría que haber visto a un montón de otros intendentes, y no lo hizo». Cabe recordar que el mismo había lanzado esta medida como una «modernización» del control de las cuentas públicas, en pos de la transparencia y la eficiencia.
Sobre esto, cargó contra la intendenta Vargas, al puntualizar que San Carlos fue el único que no presentó la rendición en cuestión. Por ello, su organismo inició una denuncia penal por incumplimiento de sus obligaciones. Esta presentación está ahora en el Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si corresponde presentar una acusación formal.
