SALTA.- (Por Diego Nofal) El Congreso Nacional del Partido Justicialista decidió por una votación superior al 80% sostener la intervención previamente dictada en Salta y ratificó en el cargo de interventor a Pablo Kosiner, un movimiento que está lejos de significar un desalojo inmediato y con llave en mano de la sede partidaria. Lo que hizo el máximo órgano partidario fue facultar a Kosiner para acudir formalmente ante la Cámara Nacional Electoral, con el objetivo de recuperar el control del partido a través de una estrategia judicial meticulosamente planificada. Van a la justicia, como se anticipó en columnas anteriores, con dos o tres recursos y con antecedentes judiciales que juegan claramente a su favor en esta contienda.
Una de las cuestiones principales con las que se atacará la intervención desplazada del Partido Justicialista (PJ) de Salta es el estricto tema jurisdiccional, un argumento técnico de mucho peso en la disputa. Según su postura, la magistrada Servini de Cubría carece de potestad legal para dictar la intervención judicial de un órgano partidario, mucho menos cuando ese órgano ya se encuentra en proceso de establecer un calendario de elecciones internas. La defensa se asienta sobre la premisa de que una jueza con competencia electoral no puede avasallar de este modo la vida interna de un partido político nacional.
Por otro lado, los apoderados de la intervención avanzarán con el principio de preeminencia de las decisiones de los órganos partidarios, como el Consejo y el Congreso Nacional, por encima de las resoluciones judiciales. Este es un punto delicado y de alto voltaje jurídico sobre el que la propia Cámara Nacional Electoral ya ha fallado hace un año, sentando un precedente que el sector de Kosiner considera una base sólida para sostener su reclamo. El razonamiento es que la voluntad orgánica del partido no puede ser suplantada por una medida cautelar dictada en un juzgado federal de primera instancia.
Pero además, y aquí reside la jugada potencialmente decisiva, el sector lleva un as bajo la manga que podría cambiar el curso del proceso, y se trata de un dato de la realidad tan simple como contundente. Durante el proceso que culminó con la intervención decretada por la jueza Servini de Cubría, el sector encabezado por Pablo Kosiner y Esteban Amat Lacroix, quien era el ex titular del partido justicialista, presentó una solicitud que ahora es observada con lupa. Resulta que Amat Lacroix, la persona que formalmente pidió la intervención federal, no se encuentra afiliado al Partido Justicialista, un detalle no menor que emerge como el centro de una posible nulidad.
Esta situación plantea que Amat Lacroix carecería de la legitimación activa necesaria para realizar una presentación de ese tipo ante la justicia federal con competencia electoral, un requisito básico en cualquier proceso. Al no ser afiliado al partido justicialista, le faltaría la legitimación pasiva para sentirse directamente afectado por el cronograma de internas y, por tanto, para solicitar la intervención de un partido al que ni siquiera pertenece. La estrategia ahora apunta a demostrar que todo el andamiaje de la intervención se construyó sobre un pedido viciado de origen, como quien intenta hipotecar una casa sin ser el dueño.
Mientras tanto, la Cámara Nacional Electoral se prepara para recibir este nuevo y complejo capítulo de la disputa partidaria salteña, con sus estrados convertidos en el campo de batalla final por el sello del justicialismo provincial. La pulseada promete ser de alto rigor técnico y se centrará en estos tres ejes, la cuestión jurisdiccional, la preeminencia de las decisiones orgánicas y la falta de afiliación del solicitante original. El objetivo inmediato de la intervención es recuperar la llave simbólica y legal del partido, aunque para ello deberá sortear un intrincado camino procesal.
Los actuales ocupantes de la sede partidaria, por su parte, no tienen previsto dar un paso al costado de manera voluntaria y ya preparan su propia batería de escritos para resistir la ofensiva judicial con todos los recursos que permite la ley. El partido justicialista salteño es, en este momento, un complejo tablero de ajedrez donde las fichas se mueven con escritos y chicanas, mientras la dirigencia política espera definiciones que impactarán de lleno en el armado electoral del peronismo de cara al futuro. La pelota está en la cancha de la Cámara Nacional Electoral, que deberá decidir si da lugar a esta jugada maestra o si, por el contrario, la envía al archivo con un fundamento de puro derecho.
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