El escándalo por las facturas truchas en la Municipalidad de Salta, que no es poco, por cierto, sigue dando que hablar. Ayer, el fiscal general Carlos Martín Amad se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones y pidió que se permita investigar a Pablo Gauffín, ex secretario de Hacienda del municipio, como integrante de la asociación ilícita por la que fueron procesados varios empresarios y exfuncionarios.
A media mañana, y como estaba previsto, los jueces Santiago French (presidente) Alejandro Castellanos y Luis Renato Rabbi Baldi, ingresaron a la sala de audiencias para escuchar al fiscal Amad y a los abogados de la querella, en este caso en representación de la AFIP.
Apenas le fue cedida la palabra, Amad no anduvo con rodeos y formalizó la apelación que ya había presentado por escrito. La misma está dirigida a revocar la decisión del juez federal 1 Julio Bavio, quien se negó a que se avance penalmente contra Gauffín.
En su exposición, explicó qué la insistencia de la fiscalía contra el exfuncionario no se trata de un capricho ni tampoco se busca acusarlo para tener más imputados, sino por una serie de elementos de pruebas que lo señalan como una pieza clave en las maniobras fraudulentas por sumas millonarias.
Sostuvo que producto de diversas diligencias, entre ellas informes elaborados por la AFIP, se pudo establecer no sólo la participación de Gauffín, sino que su función en los delitos cometidos “esencial” en la primera asociación ilícita, causa que ya fue elevada a juicio, en la cual el empresario Matías Luis Huergo es el principal acusado.
Indicó que de las pruebas reunidas se desprende la vinculación de Gauffin, tanto con los otros implicados, como así también en la operatoria de las distintas empresas relacionadas a la causa, afirmación que fundamentó en numerosas comunicaciones telefónicas realizadas por Huergo.
Escuchas telefónicas
En dichos llamados, el empresario, ya procesado, se refiere a Gauffín con un rol clave en la usina de facturas truchas, entre las cuales mencionó a empresas como NORTE ARIDOS y DIS CON SRL, las cuales actuaron como proveedoras del estado municipal, siendo simultáneamente “clientes” o, al menos, habrían recibido facturas por parte de las empresas de Huergo (ARCADIO o SEC SA) en idénticas fechas y con idénticos montos.
De esta forma, se generó un circuito en el cual, los fondos provenientes del estado municipal tuvieron como destino final a esta misma organización delictiva incluido Gauffín, quien no solo figura como receptor de pagos de dichas empresas en anotaciones allanadas (Excel denominado CAJA – Excel denominado Club Amigos de la Farola Colonial), sino también mediante la emisión de cheques, con uso de interpósitas personas que reconocieron no tener ningún tipo de vínculo con el municipio.
Por ejemplo, el caso de Joaquín Soria, cuyos cheques fueron endosados y cobrados por el propio Gauffín. Concluyo entonces que de dichos informes surge claramente que el exfuncionario habría generado el primer contacto con las maniobras desplegadas por Huergo en la causa principal, ya que, desde su puesto de Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta en ese entonces, tenía la posibilidad de facilitar la adjudicación de obras públicas de dicho municipio.
No pagar el IVA
Para el fiscal, estos elementos son más que indicativos de la participación criminal de Gauffín. Sin embargo, para el Juzgado de Instrucción, esto no fue así, tanto que dispuso la incompetencia material de la justicia federal, resolución que Amad tildó de errónea.
Pero para darle mayor peso a sus dichos, el fiscal se refirió a una comunicación registrada el 6 de marzo de 2018, en la que Huergo le dijo a Juan Llanos que lo iba a llamar a “Pablo Gauffin” y que “él les iba a hacer una factura igual a la que vos hiciste ayer de Dal Borgo para que no tengamos que pagar IVA”.
Indicó que más allá de que los hechos puedan también constituir fraude a la administración pública provincial y municipal, en cabeza de Gauffín existe el vínculo necesario para poder llevar a cabo y darle sentido a la asociación ilícita fiscal descubierta, hecho que es clara competencia federal prevista en el Régimen Penal Tributario.
“Todo esto tiene sentido debido al conocimiento y la connivencia que existió, de Gauffín para con los hechos y las personas involucradas. La vehemencia del fiscal fue tal que “sin Gauffín la maquinaria de facturas truchas para cometer el mayor fraude en el municipio, habría sido imposible de concretar”.
En su petitorio final, Amad solicitó a los jueces que revoquen la resolución dictada por Bavio y permitan así que la justicia federal avance con la investigación penal en contra de Gauffín, planteo al cual se adhirieron los abogados de la querella, los que resaltaron los argumentos esgrimidos por la fiscalía.
Escuchada la fiscalía y la querella, el tribunal dispuso un cuarto intermedio a fin de deliberar y resolver la apelación expuesta por el fiscal Amad, quien se mostró confiado en revertir el fallo de grado y así, poder avanzar penalmente contra Gauffín.
