SALTA – Después de dos meses de audiencias, el 28 de diciembre pasado, en el Día de los Inocentes, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a los tres delincuentes que tramaron y perpetraron el secuestro del empresario Víctor Giménez, por quien pedían un rescate de cinco millones de pesos.
Por detalles que no tuvieron en cuenta en su plan delictivo, el secuestro se frustró al momento de hacer el intercambio del dinero por el empresario de 77 años, quien por poco no la cuenta, pues al verse acorralados por la policía, dos de los acusados escaparon con el transportista, lo que desató una feroz persecución policial que terminó con uno de los delincuentes estrellándose contra una casa, cuando huía en la camioneta de la víctima.
El secuestro ocurrió el 30 de noviembre del 2021, cuando Campos junto a Ezequiel Toledo, redujeron a Giménez en un falso retén policial que habían montado en la avenida Ragone, a cien metros del cruce con la ruta 26, al costado de Metalnor.
Allí, los dos delincuentes, vestidos de policías detuvieron la camioneta Mercedes Benz del empresario, a quien redujeron a golpes y lo condujeron en su propio vehículo hasta una precaria vivienda del barrio Los Paraísos, a pocas cuadras del lugar en que lo interceptaron.
Al llegar a la casa de cautiverio, Franco Campos, hermano menor de Mario, salió al encuentro de sus cómplices y colaboró para introducir al empresario dentro de la pieza que habían alquilado por 2 mil pesos, donde supuestamente se iba a alojar un primo que venía del interior para rendir un examen de ingreso a la policía.
Todo era mentira. Mario Campos habían planeado el golpe, el que incluía, como mínimo, la venta de la camioneta, aunque el billete más grande era el pago del rescate, tanto estaba programado que a Toledo le ofrecieron un pago de 300 mil pesos.
El día del secuestro, y en la casa de cautiverio, los acusados sometieron a Giménez a cruentos vejámenes hasta que finalmente accedió a pedirle a su hijo la plata del rescate, para lo cual siguió un libreto dado por los acusados, quienes le pidieron que simule que estaba en Jujuy, en un viaje de negocios y necesitaba 5 millones de pesos.
En los distintos contactos telefónicos con su hijo, Álvaro, el empresario alcanzó a ponerlo en alerta, lo que fue advertido de inmediato y generó la intervención del Procurador General, Pedro García Castiella, quien asignó a su mejor fiscal en el caso, Ramiro Ramos Ossorio, quien dispuso las primeras medidas.
Más tarde, entró al ruedo el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien se terminó quedando con el caso, básicamente porque el secuestro extorsivo se trata de un delito de competencia federal. Su participación, además, fue clave, ya que sumó al equipo de investigadores del CIF el nexo con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo que logró intervenir el teléfono de Toledo, punta de ovillo que derivó en la identificación y detención del resto de la banda.
Acordado el pago del rescate, los delincuentes y el hijo del empresario pactaron encontrarse prácticamente en el mismo lugar donde lo redujeron, circunstancias en que un patrullero ajeno al operativo, apareció en escena y detuvo a Franco Campos y su tío, quienes habían ido a cobrar el rescate en un VW Voyage, el que tenía la chapa patente tapada con plástico, hecho que alertó a los uniformados.
Con esta detención, Mario Campos y Toledo, que deambulaban por la zona, quedaron aislados, por lo que, al salir a la ruta para escapar, un móvil policial lo captó y fue así como comenzó la persecución, a cuyo fin, el empresario fue rescatado.
El caso fue ventilado en el tribunal de juicio, instancias en que la fiscalía ratificó la participación de los acusados. En respuesta, el tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y la jueza Gabriela Catalano, condenó a Mario Campos a la pena de 10 años y 2 meses de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado por la edad de la víctima y el número de intervinientes.
Asimismo, su hermano Franco Campos, junto a Ezequiel Toledo recibieron penas de diez años de prisión como coautores del mismo delito. Además, los jueces hicieron lugar a la demanda de cuatro millones de pesos por daños psicológicos y psiquiátricos.
Primer caso en la ciudad
El juicio, que comenzó el 5 de octubre del año pasado, cobró relevancia por tratarse del primer caso perpetrado bajo esta modalidad ocurrido en la capital provincial. En Salvador Mazza, sin embargo, ya se había registrado un hecho, que culminó con la condena de los tres responsables a penas de 10 años de prisión, impuesta por el Tribunal Oral Federal N°1 salteño, el 19 de agosto de 2022. Ese caso tuvo lugar el 6 de diciembre de 2021, cuando tres personas secuestraron a un vecino para obtener un rescate de 28 mil dólares. Cómo la familia no pudo reunir el dinero en el tiempo estipulado, la víctima fue abandonada en el monte.
En dicha oportunidad, la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal José Luis Bruno, llevó adelante el caso. En el juicio se logró la condena de los tres responsables, los que recibieron una pena de 10 años de prisión, impuesta por el Tribunal Oral Federal N°1, el 19 de agosto del 2022.
En el caso de Giménez, el fiscal Toranzos acreditó la responsabilidad penal de los imputados y expuso los roles cumplidos por cada uno, tanto desde la planificación como al momento de la ejecución e incluso, el despliegue delictivo improvisado tras fracasar el cobro del rescate, instancia en la que la víctima corrió serio riesgo de vida.
Con la declaración de investigadores, peritos y otros testigos, sumado a una fuerte prueba documental y la reconstrucción de los momentos claves del hecho, la fiscalía recreó el secuestro sin dejar fisuras respecto al grado de participación de los acusados.
La declaración del empresario, tanto en la sala de audiencia como luego en la reconstrucción requerida por el fiscal, fue considerada clave para echar luz sobre el rol de los imputados, como así también reflejó el fuerte impacto que tuvo el hecho en la víctima.
Ante el fuerte alegato de la fiscalía, las defensas de los encausados cuestionaron el testimonio del empresario, al que acusaron de haber mentido con intenciones de perjudicar a sus clientes, a los que presentaron como jóvenes inexpertos que se vieron avasallados por Giménez, un hombre con mayor experiencia en los negocios.
Por lo demás, los argumentos expuestos apuntaron a respaldar la declaración de Mario Campos, quien se adjudicó el liderazgo de la banda y aseguró que lo único que buscaban era robar el rodado para venderlo a un gitano, a quien no pudieron identificar.
Con el objetivo de derribar los agravantes, en especial respecto a la cantidad de personas intervinientes, las defensas rechazaron el secuestro y minimizaron el estado de vulnerabilidad de la víctima, argumentos que fueron rebatidos de manera contundente por la fiscalía.
Veredicto
Al dictar el veredicto, el Tribunal reivindicó el relato del empresario, descartó de plano los argumentos de las defensas que apuntaron a desprestigiar a la víctima y, con ello, confirmaron la responsabilidad de Toledo y los hermanos Campos, pero no así la de Rodríguez.
El juez Batule afirmó que “en modo alguno la capacidad y el éxito profesional alcanzado por Giménez pueden indicar que manejó su secuestro o que controló todo, cuando está claro que fue privado de su libertad y sometido a todo un periplo, del cual sólo pensó en salvar su vida”.
En tanto, la jueza Catalano, se refirió al rol de Franco Campos, al que consideró una pieza clave dentro del plan que su hermano elaboró meses antes, en junio del 2021, cuando contactaron a la dueña de la casa de cautiverio, donde el empresario permaneció privado de su libertad y en condiciones de riesgo.
Con relación a Toledo, el Tribunal entendió que Franco Campos lo contactó para unirse al plan delictivo. Así, rechazaron la excusa de que el objetivo era robar la camioneta para venderla, cuando las pruebas claramente indican que, desde temprano se pidió un rescate por la liberación del empresario, mientras el intento de venta de su vehículo recién ocurrió en horas de la tarde.
Toledo sabía que iban por un botín mayor, y como prueba de ello, la jueza Catalano recordó un mensaje enviado a un amigo un día después del secuestro, en el que le manifestó que “estuvieron a un paso de conseguir cinco palos”, con lo cual es falso el argumento de que la venta del vehículo era el único móvil.
