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EEUU acusa al Gobierno Nacional de “graves casos de corrupción” pero reconoce medidas limitadas

El Departamento de Estado estadounidense se lanzó, pero increíblemente aceptó que existen pocos argumentos tras las condenas.

Gobierno Nacional
Fuente: Antony Blinken en Twitter.

BUENOS AIRES.- El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe «Human Rights Report 2022«, que analiza la situación de los derechos humanos en todo el mundo. De esta manera, la administración de Joe Biden alertó sobre los graves casos de corrupción en el Gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández y su embestida contra el Poder Judicial.

En este sentido, el informe señaló que el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción. En la misma línea, se detalla que estas medidas no fueron suficientes para lograr que los acusados fueran condenados por su evidente inconsistencia. 

El Gobierno Nacional en la mira del Departamento de Estado de Estados Unidos

El informe también destacó que el Gobierno Nacional no aplicó efectivamente la ley prevista para sancionar la corrupción de funcionarios, debido a un sistema judicial politizado que socavó los intentos de frenar la corrupción. También se menciona que hasta septiembre de 2022 había varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ex personalidades políticas. 

“La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley de manera efectiva”, dice en una parte el informe del Departamento de Estado. De igual forma, hace alusión a “un sistema judicial politizado” que “socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”. Y se muestra tajante: “Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad”. 

Por todo lo anterior, el informe por parte de las autoridades estadunidenses hace un resumen sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y otros 9 imputados principales, que fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando la ahora vicepresidenta se desempeñaba como Jefa de Estado.