JUJUY.- El gobierno de Jujuy, encabezado por Gerardo Morales, ha solicitado a la justicia condenas de hasta 25 años de prisión para casi 100 personas acusadas. El mandatario, quien también es precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, afirmó: “En el ataque a la legislatura hubo delitos muy graves”, por lo que la mirada se ha cernido de nueva cuenta en la provincia.
Morales denunció la fuerte intervención y participación del Gobierno Nacional en los disturbios, y aseguró que esto generó un clima de mayor violencia. El gobernador acusó a los intendentes del Frente de Todos de promover los cortes en La Quiaca y Abra Pampa, y afirmó que la gente se está alejando y desea trabajar. Según él, los cortes son impulsados por el oficialismo y los que permanecen allí son militantes respaldados por el gobierno.
Gerardo Morales culpa al Gobierno Nacional de la violencia en Jujuy
Hasta el momento, más de 100 personas han sido imputadas y cinco de ellas ya han sido condenadas, con multas que llegan hasta los 2.500.000 de pesos. El gobernador advirtió que tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. El fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas consideró que la violencia fue planificada y ejecutada por personas y organizaciones sociales y políticas con el objetivo de perjudicar el orden social. Rivas está solicitando la detención inmediata de los violentos y delincuentes, quienes enfrentarán todo el peso de la ley.
El ministro de Seguridad de Jujuy informó que están proporcionando todas las pruebas necesarias para la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación. Por su parte, el procurador Albesa enfatizó que los actos de violencia ocurridos no se corresponden con una protesta pacífica, la cual el Estado garantiza. Albesa subrayó que bloquear las rutas no es una forma legítima de protesta, sino un delito penalizado por el Código Penal, que pone en riesgo la salud de las personas y perjudica el trabajo de la gente.
El gobierno de Jujuy ha dejado en claro su postura firme ante los actos de violencia ocurridos el pasado 20 de junio. Las autoridades locales siguen culpando al Gobierno Nacional por el aumento de la violencia, acusándolo de buscar la impunidad para ciertos individuos. Finalmente, Gerardo Morales ha pedido condenas de 25 años y sanciones millonarias para las y los manifestantes.
