SALTA – La bomba salió de la misma Caja de Seguridad Socia para Abogados de Salta, cuando publicitaron, a modo de prevención para los afiliados, el despido del empleado Sergio López, un cajero con más de 18 años de antigüedad. La noticia, sin embargo, fungió como disparador de un escándalo que amenaza con llevarse puesto varios nombres más dentro de la entidad, de la cual depende la jubilación de más de 7 mil letrados.
La semana se abrió con el despido del empleado y, ahí nomás, se conoció que no se trató solamente de un desacuerdo de tinte laboral, sino de un fraude que, en principio, cerraba en una suma de poco más de 1.400.000 pesos, de los cuales, el cajero que, en un intento por evitar la denuncia penal, devolvió 800 mil.
La devolución, que no alcanzó para frenar la causa penal, llamó más la atención, pues muchos letrados que conocen de años al empleado, quien se desempeñaba en la sede de calle Sarmiento, esquina General Güemes, fueron coincidentes en sostener que el trabajador no aparentaba tener un gran patrimonio, ni mucho menos manejar esa suma de dinero.
Por ello, ahora se investiga cómo consiguió la plata, pues no se descarta que haya llegado de la mano de otro eslabón de la cadena delictiva. En ese tren, hasta ayer se mencionaron varios nombres, aunque nadie se animó a darlos a conocer, pues, como se sabe, entre bueyes no haya cornadas.
No obstante, sí hubo insinuaciones y todas apunta hacia dentro de la entidad, por lo que la investigación podría tener un final escandaloso. Una pista de ello, la dio la misma presidenta de la Caja, María Emilia Carabajal, quien reveló detalles del hecho denunciado.
En su relato, la abogada le cedió honores a la jefa contable de la institución, Tatiana Borghi, quien fue la que descubrió las primeras migas de un camino que ahora se busca borrar. La especialista, según lo afirmado, realizaba una auditoría de las cajas recaudadoras, como parte del balance periódico, cuando de pronto le llamó la atención dos pagos de aportes procedentes de sucesorios tramitados por dos asociados.
Pagos anulados
En una verificación, al parecer, la contadora se percató de que los aportantes no estaban ni habían tramitado la anulación de esos pagos, con lo cual López quedó entre la espada y la pared, tanto que no supo qué decirles a las autoridades de la entidad al ser interrogado sobre los pagos anulados ni mucho menos informar el destino de ese dinero, dos pagos de 800 y 600 mil pesos.
Las respuestas no ensayadas solo evidenciaron que López tenía algo que ocultar, lo que llevó a Carabajal a radicar la denuncia penal, iniciar el sumario interno, formalizar el despido de López y avanzar con una medida más profunda, como una auditoría sobre pagos anulados desde el año 2011.
Es que, un primer vistazo, reveló que las anulaciones ascendían a más de mil, un fuerte indicio de que los dos pagos advertidos por Borghi podrían ser apenas un botón de muestra de un fraude que rondaría sumas millonarias, el que jamás pudo haber sido obra de un cajero.
Por esta razón, la presidenta de la Caja solicitó en su denuncia la detención del cajero, en especial, para evitar que se deshaga de las pruebas que podría no sólo implicarlo, sino incriminar a otros cómplices, quienes estarían moviéndose con mucho sigilo para evitar quedar expuestos.
Con ese convencimiento, el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino no dudó en autorizar el allanamiento de la casa de López y, por supuesto, su detención, lo que se concretó al mediodía, circunstancias en la que también se incautaron varios dispositivos informáticos que estarían vinculado con el caso, al igual que sumas de dinero.
“Se trata de un hombre de casi 70 años, muy querido por todos, quien admitió que anuló dos pagos, uno por 800.000 pesos, en tanto otro fue de 600.000”, confirmó la presidente sobre el caso y reconoció que se produjo la devolución del primero de esos montos, pero no del segundo.
Mientras el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio trabaja en el caso, se esperan más detalles de la maniobra, los que surgirán de la auditoria sobre los pagos anulados.
“Estamos investigando cómo hizo el empleado para esquivar el sistema informático y establecer si recibió ayuda o está en complicidad con otras personas. Queremos que nuestros aportantes sepan que está todo en orden y que seguimos funcionando como siempre y que seguiremos investigando hasta las últimas consecuencias el robo realizado”, explicó la abogada.
