SALTA – La fuga de seis presos, en la madrugada del sábado pasado, de la comisaría de la localidad de Aguaray, tiene a la policía movilizada, en especial, en el norte de la provincia, donde las falencias en materia de seguridad carcelaria se replican cada vez más, sin que hasta el momento el ministerio de Seguridad haya podido avanzar con algún plan o medidas tendientes a reforzar el encierro de los delincuentes.
Tras la fuga, a través de un boquete que los presos abrieron en la celda del edificio donde funciona la dependencia policía, se puso en marcha un fuerte operativo en todo el norte, en especial, en los sectores limítrofes, pues existe la fuerte sospecha de que los evadidos buscan traspasar las fronteras hacia Bolivia.
Si bien, en las últimas horas, la policía logró recapturar a Daniel Banegas, de 25 años, uno de los seis fugados, aún resta recapturar a Mauricio Torres (22), Gastón Justiniano (26), Federico Camacho (30), García Gustavo (27) y Fernando Basualdo (19).
Sobre sus procedencias, se informó que 2 son de Aguaray, 1 de Acambuco, 2 de Santa Victoria Oeste y 2 de Tartagal. Los prófugos se tratan de delincuentes de peso, con quienes la justicia esperaba saldar cuentas respecto a delitos contra la propiedad y de índole sexual, entre otras acusaciones, de las cuales, por ahora, se vieron libres gracias a la osada fuga, de la cual se desconoce todavía si se ejecutó con o sin ayuda externa.
El comisario Verlardez, vocero de la policía, reconoció la fuga desde la comisaría, aunque en defensa de esa fuerza aseguró que, en el norte, es donde hay mayor cantidad de detenidos alojados en comisarías; en Salta tenemos la Alcaidía que hace que las dependencias ya no tengan alojadas personas privadas de su libertad, en recintos preparados”.
Con esto, el referente policía hizo un tiro por elevación a fin de que se agilice la construcción de un recinto con la mayor seguridad posible que pueda albergar a los reos, quienes, como quedó demostrado el sábado, si buscan algo, es la manera de volver a las calles
El comisario Sánchez Rosado, de la Unidad Regional 4, en tanto, aportó ciertos detalles sobre la fuga, de la cual se dieron cuenta a eso de las 4 de la madrugada, cuando el personal de la comisaría se percató de la ausencia de los detenidos, hecho que disparó un rápido operativo que permitió recapturar a uno de los seis, Banegas.
En cuanto al boquete por el que escaparon, la policía informó que el mismo se hizo debajo de una banca de cemento, perforando para ello la base hasta que pudieron sacar un ladrillo. Además, y gracias a la antigüedad de la pared, la sustracción de los demás bloques los ayudó a facilitar su escape.
En la celda, según lo informado, había 19 presos. Pese a todo el ruido y despliegue que los detenidos realizaron para concretar la fuga, la que incluyó echar abajo una pared, llamativamente, los oficiales que se encontraban de guardia no advirtieron la fuga.
Operativo
La búsqueda de los evadidos está a cargo del Jefe de Policía, comisario general Miguel Ceballos y el director de la Unidad Regional N° 4. En cuanto a la recaptura de Banegas, se informó que, al ser localizado, opuso resistencia y causó daños.
Ayer, en tanto, el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, salió al cruce de la fuga y sostuvo que investiga la evasión, incluida la posible participación y/o responsabilidad que podría haber tenido el personal policial que estuvo de guardia y demás jerárquicos de la dependencia, por lo que dispuso que las tareas investigativas sean desplegadas exclusivamente por la Brigada de Investigaciones a fin de preservar la objetividad en las actuaciones.
Banegas, formalmente, fue imputado ayer como autor de los delitos de evasión, resistencia a la autoridad y daños y acompañado de un defensor oficial, se abstuvo de declarar. A su vez, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que permanezca privado de su libertad.
La fuga recordó por qué el gobierno de Salta declaró el 7 de julio del año pasado la emergencia carcelaria por tres años, lo que se instituyó mediante la resolución 651, publicada en el Boletín Oficial. La medida había sido anunciada por funcionarios de la cartera de Seguridad y Justicia
Al respecto, desde la Secretaría de políticas criminales y asuntos penitenciarias, se informó que, tras la declaración de la emergencia, se resolvió conformar una comisión, integrada por distintos ministerios, que estará enfocada a dar respuestas a la problemática de la sobrepoblación carcelaria.
La declaración de emergencia, cabe recordar, comprende “los aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios, de rehabilitación, infraestructura y de los servicios de todos los establecimientos carcelarios, y demás dependencias destinadas a la guarda y custodia de personas procesadas, penadas o simplemente detenidas”, especifica la resolución.
En el artículo 2 se ordena la conformación de una Comisión de Emergencia en materia penitenciaria que se integrará con un representante de la cartera de Seguridad y Justicia, del Servicio Penitenciario Provincial, de la Subsecretaría de Políticas Penales, del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Y se invitará a un representante de la Corte de Justicia de Salta, la Defensoría General del Ministerio Público y la Procuración General.
La emergencia se dicta con la finalidad de solucionar el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, lugares que no están adecuados para ser centros de detención como las comisarias. En este marco, mucho va a tener que ver lo que se pueda avanzar con Infraestructura, Obras Públicas y Economía para obtener los recursos, poder solucionar este problema y avanzar con pequeñas modificaciones y obras.
La provincia, hasta el 2022, tenía 3.970 personas privadas de la libertad en complejos penitenciarios, mientras que en las comisarías hay 800. Entre otros aspectos de la ley, se destaca la falta de un presupuesto, por ello “la resolución entiende fundamental invitar a los ministerios correspondientes para abordar la problemática». Dijo que consideran la posibilidad de recuperar la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia, de 500 millones de pesos, por el sostenimiento de presos federales, dado que «pueden ser destinados a brindar soluciones de emergencia”.
