SALTA- Con jueces que, por ejemplo, hacen la vista gorda tras la fuga un peligroso criminal, o bien, mandan a la casa a la mujer que estafó a más 800 salteños, el Poder Judicial de Salta verdaderamente no deja de sorprender. En esa usina de escándalos, ahora se sumó un magistrado del sur provincial, quien ordenó el traslado, con custodia, de un detenido a la sucursal local del Banco Nación, a fin de que el reo pueda cobrar el IFE.
La medida, como era de esperar, sorprendió a los cientos de beneficiarios que, desde temprano, se agolparon en la calle 9 de Julio, en la ciudad de Metán, para reservar un lugar en la extensa fila de personas que acudieron para poder cobrar la primera cuota de 47 mil pesos del refuerzo económico dispuesto por el gobierno nacional, según lo establecido en el decreto 493 /23.
El termómetro en las afueras del banco era llevadero, con ciertas caras de fastidio, pero sin que nadie se mueva de su lugar, pues todos esperaban su turno para poder salir con dinero en los bolsillos. Hombres mayores, jóvenes, mujeres y algunos con niños, hacían la fila para el cobro de dicho beneficio.
Esa escena, sin embargo, se vio alterada de un momento a otro, y no porque alguno se haya intentado colar, sino por la aparición de un móvil policial, del cual bajaron a un detenido esposado, a quien formaron en la fila de cobro, con dos uniformados de custodia.
El preso, luego identificado como Claudio Maximiliano Rivera, llegó hasta al banco en cumplimiento de una orden impartida nada menos que por el juez de Garantías 1 de esa ciudad, Mario Herminio Teseyra, quien facultó a la policía para que tome todos los recaudos en favor del preso.
En concreto, los policías debían acompañar a Rivera, preso por los delitos de hurto calificado y daños, a fin de que pueda percibir en el banco el denominado refuerzo alimentario, instituido como “Refuerzo para Trabajadores informales”.
Polémica
Se trata del otorgamiento de una suma de 94 mil pesos, pagaderos en dos cuotas de 47 mil, en calidad de “una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales y/o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios”.
La presencia del delincuente, conocido para algunos, generó una gran indignación entre los que hacían la fila, como así también de otros ciudadanos que pasaban por la sucursal bancaria, quienes tildaron al detenido de “sinvergüenza”, mientras que a los policías le recriminaron el haberlo traído al banco.
Obviamente, nadie le cedió su lugar y el detenido tuvo que esperar su turno, el que nunca llego, púes la demora impidió que pudiera cobrar el dinero. Una vez retirado del lugar por la policía, los demás beneficiarios festejaron y reprocharon a la justicia por lo que consideran un atropello, pues muchas otras personas que no salen a robar, tampoco fueron admitidas y se quedaron sin el beneficio.
La situación no tardó en verse reflejada en todos los medios locales, como así también nacionales, pues la reglamente del Decreto 493, que da origen al pago del recurso, también conocido como IFE, es claro al sostener que el beneficio no está dirigido a personas que están privadas de la libertad bajo cualquier modalidad.
Claramente, el VII del decreto, así lo establece, por lo que nadie entendía cómo fue que un juez haya ordenado el traslado del preso, siendo que el cobro por su parte, no está contemplado por la reglamentación del refuerzo alimentario.
“El juzgado lo único que hace es autorizar el traslado del detenido al banco con todos los recaudos de seguridad necesarios luego de constatar que el detenido va a percibir el beneficio que otorga la ANSES, no la Justicia”, aclaró el juez Teseyra, lo que despertó aún más la sospecha de que había algo irregular en el medio.
Al respecto, el sitio oficial del organismo nacional no aclaró con mayor detalle ese punto, pues en el artículo 5 del decreto presidencial específica sobre el refuerzo para trabajadores que consistirá en dos pagos mensuales cada uno de $47.000. En cuanto a los requisitos, menciona que el postulante deberá llenar el formulario correspondiente, sin dar mayores presiones.
Algunos jueces, en tanto, que intentaron salir en defensa de Teseyra endilgaron algo de culpa al propio gobierno, pues en el decreto no específico mayores detalles de los beneficiarios privados de su libertad, pues muchos consideran que los presos sin condena firme, no pierden ciertos derechos civiles, argumento con el cual justificaron la decisión de Teseyra, quien más allá de algunas explicaciones dadas en el mismo sentido, no logró revertir las quejas en su contra.
