BUENOS AIRES.- Este viernes pasado, el Gobierno Nacional oficializó el Protocolo de Orden Público del Ministerio de Seguridad, según lo anunciado por Patricia Bullrich. La Resolución 943/2023, publicada en el Boletín Oficial, es la herramienta legislativa para abordar los piquetes y la protesta social, argumentando la necesidad de contrarrestar la interrupción del tránsito que afecta a la población y su calidad de vida.
La normativa presentada por Bullrich busca hacer frente a situaciones que considera insoportables para la sociedad, destacando la quema de neumáticos y sustancias contaminantes como elementos perturbadores. La ministra de Seguridad advirtió previamente sobre las consecuencias de tomar las calles, presentando un protocolo que incluye la identificación de los responsables de cortes de arterias, la aplicación de leyes con penas de prisión y el cobro de gastos a organizaciones.
Patricia Bullrich: “El que las hace las paga”
El protocolo se centra en cinco puntos clave. En primer lugar, se elimina la consideración de vías alternativas durante los cortes, siguiendo la premisa de «si se corta la vía principal, se libera la vía principal». Bullrich enfatiza la importancia de cumplir la ley y proteger a las fuerzas federales en su accionar. En segundo lugar, se destaca la participación de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal en intervenciones ante cortes y bloqueos, ya sean parciales o totales.
La actuación se regirá por los códigos procesales vigentes y podrá ser sin orden judicial en casos de delitos en flagrancia. El tercer punto implica la creación de un registro de las organizaciones participantes en los cortes, con el objetivo de identificar a los responsables y sus vehículos. Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré, y se avisa al juez competente en caso de daño ambiental.
La sanción a quienes lleven niños y adolescentes a las movilizaciones es el cuarto punto destacado por Bullrich. Se notificará a la autoridad competente para proteger a los menores y se aplicarán sanciones a quienes incumplan esta disposición. Finalmente, el quinto punto establece que las organizaciones que corten las calles deberán asumir los costos de los operativos de seguridad. Se enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables, y en el caso de extranjeros, se informará a Migraciones.
EL QUE LAS HACE LAS PAGA pic.twitter.com/ijtfmU3upr
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2023
