SALTA – Cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó su protocolo antipiquete, Ricardo Villada plantó la primera postura en contra. Se puede decir que se trata del primer desencuentro entre el gobierno de Sáenz ante la medida lanzada por el presidente libertario. No obstante, Villada explicó por qué no aplicarán ese protocolo en Salta.
A través de una entrevista con Aries, Villada manifestó que la provincia cuenta con su propio protocolo, cuyo objetivo apunta a establecer normas de convivencia en el ejercicio del derecho a la protesta, brindando un marco de acción para trabajadores y organizaciones sociales.
“Vamos a tener siempre una defensa de los derechos de expresión, la propuesta no debe ser limitada” . Seguidamente Ricardo Villada, agregó que “se busca garantizar la circulación, aunque más no sea, liberando media calzada”. En el marco de competencia que tiene la provincia, que tiene que ver con todo lo que no sean rutas nacionales.
El protocolo antipiquete que tiene Salta establece requisitos para llevar adelante una protesta o manifestación pública: «Debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo», o ante la autoridad que regule la norma.
Además, se deberá informar el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, y los responsables u organizadores.
Qué dice el protocolo que tiene Salta
Una vez aprobada la protesta, la autoridad reguladora «deberá arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos» de libre circulación y de expresión, principalmente. Es necesario recordar que este proyecto tiene como autora a la actual ministra de Educación, Cristina Fiore y Socorro Villamayor.
«Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos horas de iniciada», sostiene la ley que sería aplicada por el Ministerio de Seguridad de Salta.
