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Policiales

A un mes de gestión, crecen las denuncias de corrupción contra ex intendentes

“El poncho no aparece”. Para los nuevos jefes comunales, todo indica que no está traspapelado, sino que se lo afanaron. Esta sensación es la que predomina en la mayoría de los municipios salteños al momento de hablar de los fondos heredados.

SALTA – “No hay plata”, la frase que el mismo presidente de los argentinos, Javier Milei, viralizó en su primera aparición pública se replicó con un efecto cascada en todas las provincias, siendo los municipios su última expresión. Salta no es la excepción.

Si bien el diagnóstico era esperable, lo que enerva a los vecinos es que la ausencia del vil dinero no se debió a una asistencia desmesurada para paliar la grave crisis que atraviesa el país, sino a un manejo discrecional y hasta corrupto de los fondos.

Ninguna de las dos causales justifica el vaciamiento de las arcas, las que quedaron literalmente peladas. A casi un mes de gestión, los nuevos intendentes no salen de su asombro por los manejos financieros que rayan lo delictivo, festín coronado con designaciones masivas de “hijos y entenados” a la planta municipal y concesiones millonarias a empresas amigas.

Como botón de muestra, basta con tener presente la conformación de una Unidad de Análisis de Contratos y Deudas, comisión creada por el intendente Emiliano Durán para investigar todos los manejos financieros del municipio por parte de su antecesora, Bettina Romero.

La medida fue una promesa de campaña que, hace unos días, hizo realidad a través del decreto N°293, el actual intendente hizo realidad. Formalmente, la Unidad de Análisis de Contratos y Deudas (UN.A.CO.DE) tendrá por objeto el análisis de la documentación respaldatoria de las diferentes deudas pendientes al 10 de diciembre de 2023, durante la gestión de la ex intendenta.

A propósito, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Juan Manuel Chalabe, dispuso la designación de la subsecretaria Técnico Contable, Noelia Vanesa Trujillo y al coordinador General de Auditoría CPN Fabián Dino Camacho, a fin de que cumplan tareas en esta revisión contable.

Por su parte, hizo lo propio el secretario de Hacienda, Facundo Furió, quien designó al coordinador General de Hacienda Gustavo Adolfo Serralta, para que integre dicha comisión, de la cual se espera surjan elementos de peso que podrían terminar en el despacho de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos.

Obviamente, la principal tarea estará dirigida a la revisión de las obras ejecutadas en la plaza 9 de Julio, donde el estado municipal desembolsó 300 millones de pesos por obras de remodelación que, para muchos, no pasaron de cambiar las baldosas y tirar abajo un par de árboles.

Casi en el mismo tono, los intendentes Baltasar Lara Gros y Franco Hernánez Berni, de Orán y Tartagal respectivamente. A decir verdad, el primero de ellos ya había anticipado la situación financiera con una deuda heredada de 1.000 millones de pesos de la gestión saliente de Pablo González.

Deudas millonarias

“Recordemos que la gestión anterior nos dejó una enorme deuda financiera que asciende a mil millones de pesos entre proveedores, bancos, sueldos, entes gubernamentales, etc. Los sueldos estaban impagos al momento de asumir. Era la única Municipalidad de la provincia que no cumplió en tiempo y forma”, afirmó.

Por otro lado, también cuestionó que el 80% de los vehículos del municipio se encontraban fuera de servicio y criticó las políticas de alumbrado público de González. Insistió por la cantidad de empleados que sumó más de 1.000 empleados a la planta municipal.

De esa cantidad, en los últimos días, el joven intendente anunció la cesantía de 370 empleados, quienes quedaran en la calle. Además, se designó una médica auditora por irregularidades en licencias que desde el municipio se cree que no existen.

Hernández Berni, en tanto, no está muy lejos de una realidad similar. El jefe del destino de los vecinos de Tartagal advirtió que el municipio se encuentra en una compleja situación económica, con un gran desfasaje entre las erogaciones y la recaudación, y apuntó contra la gestión saliente. La deuda, según afirmaron desde su gabinete, ronda los 500 millones de pesos.

Lo que resta esperar es saber cuánta de estas deudas responden a una negligencia financiera, o bien, manejos corruptos que puedan desembocar en causas penales, en estos casos contra los antecesores, uno de los cuales ya fue designado en un cargo dentro del gabinete provincial.

La situación, sin embargo, no aplica solo a los municipios más importante, sino también a otros como, por ejemplo, el de Hipólito Yrigoyen. Es que las fiestas de Navidad y Año Nuevo convocaron a un numeroso grupo de vecinos en el camping La Loma, generando un notable flujo de ingresos para el municipio.

A pesar de la aparente prosperidad económica que esto implicaría, la falta de transparencia en la rendición de cuentas por parte de la intendenta Soledad Cabrera ha suscitado dudas y desconcierto entre los residentes y la prensa local, lo que demuestra que las sospechas de corrupción alcanzan también a las nuevas gestiones.

En Cafayate, en tanto, denunciaron al ex intendente Fernando Almeda por haber nombrado a familiares antes de irse y por una herencia millonaria, pero en deudas.

Rita Guevara, la nueva intendenta, dijo que “lamentablemente, el 100% de la coparticipación es para pagar sueldos”.

Expresó fuertes críticas hacia la gestión anterior encabezada por Almeda. “Dejaron una deuda millonaria y casi nada de recursos. Al otro día de asumir había que pagar deudas”, señaló Guevara. La intendenta también destacó la situación en torno al personal municipal durante la gestión anterior, mencionando que muchos miembros del gabinete eran parientes y estaban designados en las categorías más altas, no como contratados, sino en la planta permanente.

Enrique Borelli, actual intendente de Cerrillos, fue más allá y aseguró que no le temblará el pulso si debe denunciar a la ex intendenta y actual diputada nacional Yolanda Vega por presuntas irregularidades que podrían salir a luz de las oficinas y galpones municipales.

“El cargo que uno ocupa no lo hace intocable y mucho menos plausible de investigación judicial. Uno denuncia y la Justicia es la que investiga y decide si hubo o no irregularidad y todos tenemos que estar dispuestos a someternos a lo que la Justicia decida. No voy a dudar en denunciarlo si seguimos encontrando irregularidades en la municipalidad”, advirtió.