SALTA – Mediante un escrito presentado ante el Tribunal de Impugnación, fuero que debe resolver una apelación ya presentada por la fiscalía, la Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, reforzó los argumentos tendientes a que 13 de los 14 imputados favorecidos con el arresto domiciliario vuelvan a la cárcel.
Como se sabe, entre el 18 y 19 de diciembre pasado, el juez de Garantías N°4, Diego Rodríguez Pipino, escuchó a los fiscales y las defensas, para luego rechazar el pedido de los fiscales a fin de que se dicte la prisión preventiva de los acusados que días antes habían detenidos, en el marco de una compleja investigación sobre el contrabando interno de elementos prohibidos y drogas, maniobra de la cual participaban siete efectivos del Servicio Penitenciario de la Provincia.
En su fallo, el juez desechó el pedido de la fiscalía por la falta de argumentos de peso, pues consideró que los fiscales que fueron a la audiencia oral hicieron una presentación meramente nominal, sin presentar pruebas suficientes que ameriten la necesidad de mantener privados de la libertad a los acusados.
La decisión del magistrado desató una réplica feroz de parte de la Procuración, la que no sólo hizo evidente su descontento con la resolución del juez, sino que fue más allá y fustigó al juez a través de un comunicado difundido en el sitio oficial de ese organismo.
El contrataque, sin embargo, no tuvo respuesta de parte del Poder Judicial, lo que dejó dudas respecto a si se trató de una postura del magistrado, o bien, a una falta de estrategia. Este incidente, cabe señalar surge en medio de una fuerte disputa que la Corte de Justicia y la Procuración mantienen por diferencias en torno a la implementación del plan de oralidad.
En el expediente, en tanto, el 26 de diciembre pasado, los fiscales, ya con su jefe a la cabeza, apelaron el arresto domiciliario. En su presentación, atacaron al juez por supuestos errores jurídicos, rechazaron la falta de argumentación de parte de la fiscalía e insistieron en que se realizó una mirada parcial de los hechos y motivos expuestos para ordenar la prisión preventiva.
La unidad fiscal, que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas, realizaron este miércoles una nueva presentación ante el Tribunal de Impugnación en donde acompañan actuaciones remitidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia.
Se trata de escritos en los que se da cuenta de la situación de vulnerabilidad expresada por personas que manifiestan temor por amenazas que habrían recibido de parte de los penitenciarios involucrados y que gozan del beneficio de prisión domiciliaria. Cabe destacar que idéntico trámite se realizó ante el Juzgado de Garantías del distrito Centro donde tramita la causa.
Argumentos reforzados
Así, sumaron elementos de convicción al recurso de apelación, en el cual hicieron hincapié en el riesgo procesal que representa la prisión domiciliaria de los investigados y se resaltaron que “los costosos esfuerzos dispuestos por el Ministerio Publico Fiscal, en el contexto de una clara e irrenunciable política criminal direccionada al firme embate en contra de cualquier tipo de criminalidad organizada, requiere indefectiblemente de un acompañamiento en los objetivos de dicha política desde los otros estamentos del Estado; lo que no significa de manera alguna pretender abdicación alguna en cuanto a resguardo de derechos y garantías individuales, pero sí una prudente ponderación de la vista del conjunto y del todo en las delicadas consecuencias de cada decisión en el proceso”.
Con un fuerte énfasis, afirmaron que “sobraron y sobran fundamentos para el pedido de prisión preventiva”, cuya finalidad es el análisis de mérito de riesgo procesal y no de elementos respecto a la participación y calificación” y “que ante la gravedad y cantidad de hechos que están en curso de investigación se puede prever que la condena va a ser inexorablemente de cumplimiento efectivo”.
“El sr. Juez más allá de sus yerros, dijo que el mínimo de las exacciones permitiría una condena en suspenso, pero entonces ¿Cuál es la lógica con los mínimos de los hechos de comercialización doble y triplemente agravada? Para ello recurrió a la mera afirmación que no acreditamos el riesgo procesal”, sostuvieron.
Por otra parte, expresaron que “lo que persigue el proceso como último fin, es averiguar la verdad de los hechos, el daño que ocasionó, salvaguardando los derechos e intereses que le asisten a quienes resultan damnificados por el actuar contrario a la ley y que esperan respuesta de la Justicia, en el afianzamiento de la misma, por lo que resulta necesario garantizar que no se frustre la eventual aplicación de una condena de ejecución efectiva”.
Destacaron, por último, “que el encarcelamiento de los imputados es el único medio idóneo a fin de garantizar los fines del proceso penal. En efecto, si bien el estado de privación de la libertad es revisable en todo momento, la ley procesal sujeta la modificación de la medida restrictiva en atención a que probadas circunstancias expongan que hubo una modificación de aquellas que determinaron su imposición, y ello justifique que el riesgo procesal pueda neutralizarse con otra medida de menor intensidad, lo que no ha ocurrido en las presentes, al contrario, entendemos que subsisten a la fecha las circunstancias que fundaron el pedido de prisión preventiva”.
