BUENOS AIRES.- El Gobierno Nacional anunció su decisión de presentar un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, luego del fallo emitido por la justicia federal de Chubut que concede al gobernador Ignacio Torres el reclamo por la coparticipación. El juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, dictaminó que el Ejecutivo debe devolver los fondos reclamados por la provincia en un fallo que ha generado gran repercusión.
Esta medida, denominada «autosatisfactiva», ordena el cese de la retención de fondos que el Gobierno realiza sobre las sumas destinadas a Chubut en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, hasta que se concrete la refinanciación de la deuda. Además, el fallo exhorta tanto a Chubut como al Gobierno Nacional a encontrar medios para la cancelación o refinanciación de la deuda en condiciones razonables, sin comprometer los servicios esenciales de la provincia.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había solicitado esta medida para poner fin a la retención automática de fondos de coparticipación y el reintegro inmediato de lo ya retenido. El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, celebró el fallo a través de sus redes sociales, destacando que la Justicia Federal respaldó el reclamo de la provincia y ordenó la devolución de los fondos coparticipables retenidos ilegalmente por el Gobierno Nacional.
Gobierno Nacional señala que se compromete sistema republicano
El per saltum, término latino que significa «por salto», es una herramienta legal que permite llevar una causa directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, evitando pasar por instancias intermedias, cuando la misma reviste gravedad institucional. Este recurso se presenta ante el máximo tribunal una vez que la causa tiene sentencia del juzgado competente de primera instancia, como es el caso presente.
La utilización del per saltum se reserva para casos excepcionales que involucren cuestiones de notoria gravedad institucional, según lo establecido en el Código Procesal en lo Civil y Comercial. En este contexto, la decisión del Gobierno Nacional de recurrir a esta herramienta legal evidencia la importancia y complejidad del conflicto suscitado entre la provincia de Chubut y la administración central.
Por otro lado, es necesario remarcar que desde su incorporación en 1987, el per saltum ha sido empleado en casos donde la gravedad institucional compromete los principios y garantías fundamentales del sistema republicano de gobierno, como es el caso presente, donde se discute el adecuado reparto de recursos entre la Nación y las provincias.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 24, 2024
