Un reciente fallo de la justicia, en este caso de la jueza Victoria Mosmman, del Juzgado de Minas de la Provincia, dejó al descubierto graves falencias dentro de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. –AGUAS DEL NORTE, la que tiene a su cargo la provisión de agua y el mantenimiento del servicio desde 2009, tanto que su actual director, el ex intendente y diputado provincial, Ignacio Jarsún, tuvo que reconocer la grave situación que atraviesa la empresa estatal.
Todo explotó por un incumplimiento que la compañía arrastra, no desde hace meses, sino años. Para ser más preciso, desde el 28 de agosto de 2017, cuando en una audiencia en la ciudad judicial, bajo la dirección del ex juez de la Cámara Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, ahora ministro de seguridad, acordó una serie de compromisos con Aguas del Norte, la Municipalidad y el Gobierno provincial.
En su fallo, la jueza explicó que la imposición de la multa se impuso en respuesta a un planteo de la parte que inició el litigio con una demanda de amparo, tanto contra Aguas del Norte, como contra el municipio y la provincia. Se trata de un grupo de vecinos de las márgenes del río, entre ellos Amelia Mercado y Ariel Mamani.
Los demandantes justificaron la multa por el incumplimiento de COSAYSA, la que, si bien presentó un plan de contingencia, nunca “lo puso en marcha hasta la fecha ni confirió una salida razonable de la contaminación generada y evidente”, por lo que evaluaron que el pague de astreinte era el único camino viable para lograr que la prestadora cumpla.
Al respecto, el fiscal Civil, Rodrigo Erazo se pronunció a favor de la multa contra la empresa en razón de que la propuesta que la compañía hizo no cumple con la orden judicial y resulta absolutamente ineficaz. Opinó que el monto a imponer debe ser “proporcional a la gravedad de los incumplimientos verificados y tener la suficiente entidad para cumplir el fin disuasivo de las conductas reticentes”.
Además, sugirió que el destino de “fondos” corresponde aplicarlos a cada uno de los “objetivos de la manda judicial incumplida”.
Planta depuradora
Entre otros argumentos expuesto por la prestadora, la jueza citó en su fallo que “COSAYSA manifestó la imposibilidad de lo ordenado en razón de la limitada capacidad de la planta depuradora sur para la población servida” y propuso mitigar “la carga orgánica de los líquidos tratados en la Planta depuradora sur, poniendo en funcionamiento parcial y precariamente los dos percoladores actualmente fuera de servicio; también el desvío de los camiones atmosféricos a otras plantas y afectar personal para ser destinado a patrullas ambientales a fin de detectar y evitar el rehúso de agua”.
El primero de marzo pasado, la empresa informó que “la obra de ampliación de la planta de tratamiento se encuentra paralizada o reducida al mínimo por falta de financiación nacional”. De los antecedentes reunidos, la jueza reveló que “tanto el Municipio demandado, como la Provincia de Salta han desplegado actividad tendente al cumplimiento” los compromisos judiciales y que han sostenido la tarea desarrollada con las respectivas constancias en el expediente.
En vista de todo ello, y en razón de “la reticencia y gravedad de la conducta desplegada”, la jueza consideró que “corresponde imponer la multa peticionadas de $ 500.000 por cada día de retardo en el cumplimiento” de cesar de modo inmediato el vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el río Arenales, y presentar un plan de contingencia urgente para suprimir o disminuir el vuelco de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado”.
La multa fue formalizada contra el Presidente de COSAYSA, Ignacio Jarsun, quien, al conocerse el fallo, salió al cruce de los medios, reconoció la grave situación que atraviesa la prestadora para dar cumplimiento con lo requerido por la justicia, por lo que adelantó que apelar la resolución judicial, para así frenar el pago de la multa exigida.
