SALTA – La legisladora provincial, Sofía Sierra, fue muy crítica con el Gobierno provincial pero también con la Legislatura salteña. Su malestar vino luego de que se rechazara un proyecto de su autoría, en donde solicitaba se publique el decreto de distribución de partidas del presupuesto en formato abierto y digital.
Al no haber sido aprobado su proyecto, la diputada del PRO se despachó con todo en contra del oficialismo provincial. “Constituye un elemento fundamental para el control legislativo y ciudadano de la gestión presupuestaria. En diciembre, en el plenario que tuvimos, pedí personalmente que se publique en formato abierto”.
Seguidamente, Sierra contó una situación que vivió en diciembre, cuando terminaba el 2023. “Me dijeron que no había ningún problema y, de hecho, al no haberse hecho todavía eso, en este proyecto pedí que se cumpla con esa palabra, pero esta Cámara negó ese pedido”.
Además, Sofía Sierra le recordó a sus pares que su pedido no corresponde a un capricho o a un proyecto vacío. “La obligación de publicar información pública en formatos abiertos surge de la Ley de Acceso a la Información, la Ley Nacional 27.275, a la cual la provincia de Guadalajara adhiere a través de la Ley 8.173”.
“En su artículo número 1, dice que la información debe ser accesible en formato electrónico abierto y que faciliten el procesamiento. En el artículo 5, vuelve a decir que el Estado tiene la obligación de entregar en formato digital abierto. Salvo casos excepcionales en los que fuera de imposible cumplimiento”, destacó en otro tramo de su alocución.
El enojo de Sofía Sierra
“En el artículo 2, habla de la transparencia activa y dice que los sujetos obligados deberían publicar de forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos. Y justamente en ese mismo artículo, en el inciso E, habla del presupuesto”, aseveró más adelante.
Sobre el final de su intervención en la cuestionada Legislatura provincial, Sofía Sierra no escatimó en cuestionamientos hacia el oficialismo. “Como digo, se trata de una obligación expresa y, sin embargo, esta Cámara, en vez de representar a la ciudadanía, no sé a quién representa con estas decisiones”.
