La jueza Gabriela Catalano, del Tribunal Oral Federal N°2, condenó el lunes 25 de marzo pasado a Rosse Mary Aguilar García a la pena de 10 años de prisión por el delito de trata de personas, agravadas por la vulnerabilidad, cantidad y minoridad de las víctimas y por el número de imputados intervinientes, bajo la modalidad de captación y traslado.
También dispuso una indemnización de 2.628.816 pesos para cada una de las tres víctimas, tal como tal como lo reclamó el titular de la Defensoría Pública de Víctimas. El cumplimiento de tal medida quedará a cargo del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas, creado por el Estado Nacional.
La sentencia se suma a la de su pareja, Braulio Armella Mamani, condenado a cinco años de prisión por el mismo delito, mediante un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, el 29 de diciembre del año pasado.
Estas condenas, a su vez, se completan con otra sentencia de 10 años de prisión recaída el 4 de agosto de 2023 sobre Karla Yoselín Mamani Aguilar, hija de ambos, quien fue la primera en llegar a juicio por el mismo delito, pena que también fue impuesta por la jueza Catalano.
La fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta y la auxiliar fiscal, Vanina Pedrana, representaron al Ministerio Público Fiscal, cuya actuación se inició el 27 de febrero, del año pasado, en función de un control realizado a un colectivo de larga distancia, en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera.
Al verificar la documentación de los pasajeros, personal de Gendarmería Nacional detectó que Mamani Aguilar no tenía nada que acredite su identidad. La mujer solo dijo ser oriunda de Bolivia y que iba a Buenos Aires, circunstancias en que otra pasajera, de 17 años, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas.
Lo mismo sucedió con otras dos adolescentes de 16 años, quienes manifestaron lo mismo y explicaron que iban a visitar a sus familiares, aunque ninguna de las tres menores poseía la respectiva autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.
Ante esta irregularidad, se dio intervención a la fiscalía, la que llevó adelante una investigación que permitió avanzar con la imputación penal de Mamani Aguilar, como así también se procedió a asistir integralmente a las menores y disponer todo lo necesario para el retorno a su país de origen.
Por otra parte, se estableció -mediante la dueña de la empresa de transporte- que la acusada adquirió los cuatro pasajes y sostuvo que una de las menores era su cuñada y las otras dos, sobrinas. Además, se pudo saber que tres días antes, había viajado de Buenos Aires a la localidad de Aguas Blancas, en Orán, por la misma empresa.
Roles de los acusados
La maniobra, explicada en detalle por la fiscal ante la jueza Catalano, incluyó a Aguilar García, la madre de Yoselín, como la encargada de captar a las tres adolescentes, quienes trabajaban en una mina ubicada en la ciudad boliviana de Potosí, bajo un extremo grado de vulnerabilidad.
Aprovechándose de ello, y con la complicidad de Armella Mamani que cumplió el rol de traslado, sacaron a las menores de ese ámbito. A cambio, le ofrecieron trabajar en un taller textil, en Buenos Aires, con un jornal de 15 horas ininterrumpidas, de lunes a sábado por el pago de 75 mil pesos semanales, más alojamiento y comida.
Dado que las menores no tenían contacto con sus padres, la acusada, con la ayuda de su pareja, trasladaron a las mismas en un vehículo hasta la localidad de Tarija, en Bolivia. Allí, se reunió con su hija, quien se encargó del paso de las víctimas por un paso ilegal, a través del río Bermejo, en chalanas.
Ellos, en tanto, lo hicieron en el vehículo particular, marca Peugeot, por uno de los pasos habilitados, para luego seguir a modo de apoyo la travesía que hacía su hija con las víctimas en el micro, trayecto que se vio truncado en el control de El Naranjo.
Fue entonces que Aguilar García y su pareja escaparon, razón por la cual el juez Bavio, a pedido de la fiscalía, ordenó la captura nacional e internacional de ambos, siendo detenido Armella Mamani el 22 de septiembre pasado, en el marco de un procedimiento realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Buenos Aires, en una terminal de transferencia de carga ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati.
Posteriormente, el 27 de noviembre pasado, Aguilar García se entregó de forma espontánea en la Guardia de Prevención de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el partido de Ezeiza, Buenos Aires. A los días, el 1 de diciembre, la fiscalía formalizó la imputación penal correspondiente.
Como sucedió en el juicio seguido a su hija, la fiscal explicó que llegaron a un acuerdo con la defensa, a partir del cual la responsabilidad penal quedó firme, siendo motivo del debate solamente la determinación de la pena.
No obstante, la fiscalía repasó los elementos de prueba que, en cierta manera, llevaron a la defensa al punto de no discutir la participación de su clienta en el hecho. Entre algunas de las evidencias, mencionó el registro migratorio, del cual surgen múltiples pasos, siendo el último de ellos, el ingreso al país por el paso de Aguas Blancas, proveniente de Bolivia, el día del hecho a bordo del autor que habían usada para trasladar a las víctimas desde Potosí.
Captación
Las víctimas, en declaraciones por Circuito Cerrado de Televisión, sostuvieron que fueron buscadas por la acusada y su esposo, a los que nombraron como “Rosa” y “Braulio”, pero que la imputada las “persiguió” y les insistió mucho para que accedieran a trabajar en el taller, el que decía ser de su propiedad e incluso le mostró imágenes del lugar a través del celular.
Sobre la oferta laboral, la fiscal recordó que la ley N°20.744, de Contrato de Trabajo, establece una jornada laboral de 48 horas a la semana, mientras que la ofrecida por la acusada era de 90. Con ello, consideró que quedó reflejado el fin de explotación laboral.
Asimismo, y a partir de las entrevistas que la responsable del Área de Atención a las Víctimas, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, se estableció que las tres menores estaban en un extremo estado de vulnerabilidad, ya que desarrollaban tareas manuales en la mina de donde fueron captadas, donde residían en condiciones precarias en un mismo cuarto y alejadas de la casa de sus padres.
Al momento de evaluar la pena, la fiscalía solicitó la misma aplicada a su hija, de 10 años de prisión, pero bajo la modalidad de cumplimiento domiciliario, ya que la acusada tiene a su cargo el cuidado de dos hijos menores de edad, siendo la única responsable, puesto que su pareja, Armella, cumple una pena 5 años de prisión efectiva por el mismo delito.
El planteo fiscal no fue discutido por la defensa y, a la vez, aceptado por la acusada, lo que allanó el camino para la sentencia final dictada por la jueza, la que coincidió con los argumentos expresados por la fiscalía. Asimismo, otorgó a las tres víctimas la indemnización requerida por el defensor de víctimas.
Por último, concedió el decomiso a favor del Estado Nacional de un automóvil, la suma de poco más de 20 mil pesos y alrededor de 23 bultos, con prendas de vestir y maquinaria textil que fueron secuestrados en un inmueble de Villa Celina, el que fue desmantelado tras la detención de Armella Mamani.
