SALTA – La noticia trascendió desde fuentes judiciales de la provincia de Corrientes, ayer al mediodía, lo que puso en alerta a todos los medios locales y nacionales, quienes buscaban confirmar la orden de traslado de cinco de los seis detenidos a la cárcel federal de General Güemes. El sexto, en tanto, tenía como destino una unidad carcelaria de Resistencia, en Chaco.
La decisión del traslado, según los trascendidos, tenía que ver con el estado de convulsión social que se vive en Corrientes desde el 13 de junio, fecha en la que desapareció Loan Peña, sin que hasta el momento se sepa nada del menor.
El caso tiene en vilo a todos los argentinos, que siguen a través de la TV, portales informativos y las redes sociales todas las alternativas de la investigación judicial que tiene, como objetivo principal, establecer el paradero del niño de 5 años.
Desde su desaparición, ocurrida cuando fue a comer a la casa de su abuela paterna en la localidad correntina de 9 de Julio, fueron detenidas seis personas, entre ellas un tío del niño, una pareja de amigos de este familiar, otro matrimonio, integrado por una ex funcionaria municipal y un ex marino y, por último, el comisario del pueblo.
Hasta el momento, ninguno aportó un dato esclarecedor, por lo que las sospechas son miles. El caso pasó en los últimos días a la órbita de la justicia federal, siendo designada al frente de la causa, la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quien dispuso el traslado de los detenidos, fuera de esa provincia.
La magistrada ordenó que Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Antonio Benitez, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel sean trasladado a la unidad carcelaria del Complejo Penitenciario NOA III, ubicada en la ciudad de General Güemes, en esta provincia. En tanto que, Daniel “Fierrito” Ramírez fue a parar a la Unidad Regional Norte N°7 del Servicio Penitenciario Federal de Resistencia, Chaco.
La decisión de la jueza generó un gran revuelo, no sólo fuera del penal de Güemes, sino también por dentro, pues, como se sabe, el 3 de enero pasado, de esa unidad carcelaria se fugó Patricio Ruiz Días, un jefe narco, apodado el “Señor Fusil”, sin que hasta el momento se haya podido saber cómo hizo para superar, con una pinza de alicate, todos los vallados internos y externos, para escapar por la retaguardia.
El asedio periodístico provocó que, por horas de la tarde, las autoridades del penal ordenaran un vallado externo sobre el frente de la cárcel, a fin de evitar cualquier problema con los periodistas y vecinos que intenten agolparse para ver a los cinco imputados.
Quien es quien
Antonio Benítez: es el tío de Loan. Estuvo en el almuerzo en la casa de la abuela del niño y fue el primer detenido. Es quien lo llevó a buscar naranjas, aunque lo negó en su declaración.
Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez: son pareja y amigos de Benítez. Estuvieron en el almuerzo en la casa de la abuela del niño y fueron a buscar naranjas con Loan y otros nenes. Según dijeron, una llamada por la salud de un familiar los distrajo y no vieron más al nene. Los tres están imputados como partícipes primarios de ser coautores materiales de la captación con fines de explotación del pequeño.
Victoria Caillava y Carlos Pérez: se trata del matrimonio compuesto por el capitán de navío de la Armada retirado y la ex funcionaria municipal, ambos acusados e imputados como coautores materiales de la captación con fines de explotación de Loan. Los dos estuvieron en el almuerzo, al que fueron en una camioneta blanca donde había rastros de Loan.
En el Ford Ka de Caillava, en tanto, también se hallaron signos del menor pero ese vehículo nunca estuvo en el almuerzo. Eso alertó a los investigadores sobre un posible traslado de Loan. Antes de ser detenida, la funcionaria dijo que le habían “plantado” prendas del niño.
Walter Maciel: es el comisario que estuvo a cargo de la búsqueda desde el primer día. Está acusado de encubrimiento por autorizar a Caillava y Pérez a salir de 9 de Julio rumbo a Chaco a las horas de la desaparición. Está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.
