BUENOS AIRES.- En medio de la búsqueda de Loan Peña, la Cámara de Diputados ha dado un paso importante al avanzar en comisión con una iniciativa destinada a establecer protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niños y adolescentes. Al mismo tiempo, el Senado ha trabajado en un proyecto que tipifica la compra y venta de menores de edad, aumentando las penas correspondientes.
El martes, la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, cuyo objetivo es enfrentar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes mediante la implementación de protocolos de prevención y detección en instituciones públicas y privadas.
«Estamos hablando de un delito totalmente distinto a otros del Código Penal. La mayoría de los casos de violencia sexual suceden en la familia, en el lugar donde los niños y niñas tienen que sentir la mayor protección», señaló la legisladora radical. El proyecto también cuenta con la firma de los diputados Carla Carrizo, Marcela Antola, Danya Tavela, Melina Giorgi, Alfredo Vallejos, Mariela Coletta, Natalia Sarapura, Martín Arjol y Marcela Coli.
Cámara de Diputados avanza tras el caso Loan Peña
De forma paralela, el Senado aprobó en una sesión especial el proyecto que modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación. Anteriormente, este artículo establecía penas de prisión de 3 a 10 años para «quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad».
En este sentido, el nuevo texto, presentado por la senadora Carolina Losada, eleva la pena de prisión a entre 4 y 10 años para quienes reciban o entreguen a un menor de edad a cambio de un «precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».
Además, incorpora el artículo 139, que establece una pena de prisión de «5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa». Esta iniciativa fue aprobada en general en Diputados a mano alzada por los senadores, con 63 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.
💬| @roxanareyessc: “Poner en agenda la infancia es muy difícil. Destaco el compromiso de todos los bloques y la unanimidad para el tratamiento de este tipo de proyectos transversales”.#LibertadYDemocracia
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) July 3, 2024
