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Gobierno Nacional envía proyecto a Diputados para reducir la edad de imputabilidad a 13 años

La iniciativa establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y se busca prohibir la reclusión perpetua para adolescentes.

Gobierno Nacional
Fuente: Patricia Bullrich en X.

BUENOS AIRES.- El Gobierno Nacional ha remitido a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. La propuesta prohíbe la pena de reclusión perpetua para menores.

Según el Gobierno Nacional, la reducción de la edad de imputabilidad es necesaria porque «los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones».

El anuncio de esta iniciativa fue realizado el pasado 28 de junio por los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos funcionarios destacaron el aumento de delitos cometidos por menores de 16 años, que es la edad establecida en el actual régimen penal juvenil. El proyecto presentado a la Cámara de Diputados cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cúneo Libarona.

Gobierno Nacional considera indispensable sancionar una ley especial

El proyecto será examinado por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia. La iniciativa propone un régimen penal aplicable a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos tipificados en el Código Penal. Una de las disposiciones clave es que no se podrá imponer a los menores una pena de reclusión perpetua, estableciéndose un máximo de 20 años de prisión, aunque la escala penal fuera más elevada debido a la concurrencia de varios hechos independientes.

El Gobierno Nacional argumenta que «la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada».

Asimismo, se destaca que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal. En este sentido, el oficialismo considera indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los principios mencionados, adecuada a la realidad social actual.

El proyecto también subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil, «el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes – muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad».