Una notificación legal (a la que este medio tuvo acceso) hizo hecatombe en el seno del distrito local del Partido de La Victoria. Según surge del escrito, fechado el 4 de julio pasado, la agrupación debía haber presentado el estado contable del año 2023 hasta fines de marzo de este año, según el plazo legal establecido a tal efecto.
En la cédula de notificación, el juzgado les recordó a las autoridades locales de dicho partido el contenido del artículo 38 de la Constitución Nacional, el cual impone expresamente a los partidos políticos la obligación de rendir cuentas a la Nación, exigencia que deriva del principio republicano de dar publicidad a los actos de gobierno.
A su vez, reiteró el plazo de tres meses, estipulado en el artículo 23 de la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. Dicha norma establece para cada agrupación política, la obligación de presentar ante la Justicia Federal con competencia electoral los estados contables anuales junto a la documentación de respaldo correspondiente dentro de los noventa (90) días de finalizado su ejercicio.
En ese sentido, el juzgado hizo notar que la agrupación fue notificada sobre la excesiva demora e incluso se emitió una resolución, por la cual se le impuso una multa del 10% por falta de presentación del ejercicio contable.
Asimismo, se le hizo saber, que una vez transcurridos 90 días, se procedería a decretar la suspensión cautelar de todos los aportes públicos conforme lo contemplado por la misma ley. Pese a ello, el partido incumplió con la intimación para presentar el estado contable correspondiente.
Suspensión cautelar
A modo de fundamento y jurisprudencia, en tanto, se mencionó que debe tenerse en cuenta lo ya mencionado por la Cámara Nacional Electoral en numerosas oportunidades en cuanto a que “el vencimiento de los plazos estipulados en la materia, no nace de las intimaciones que pueda efectuar el juez sino del mero agotamiento del término legal”.
“En consecuencia, toda vez que el PARTIDO DE LA VICTORIA NRO. 54 – DISTRITO SALTA no presentó el estado contable anual correspondiente al ejercicio con cierre el 31/12/2023 al día de la fecha, procede disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos e intimarla para que presente el balance anual junto a la documentación de respaldo en el plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos”, señala la comunicación emitida desde el juzgado federal.
Esta situación puso en jaque al partido, el que quedó con los días contados para cumplir con la exigencia legal advertida, levantar la suspensión de los aportes públicos dispuestos por ley, caso contrario podrían sufrir duras sanciones e incluso, podría ser pasible de un delito electoral.
