SALTA – (Por Pablo Kosiner) Días pasado se conoció la noticia que un grupo de Diputados Nacionales pertenecientes al Bloque oficialista de ¨La Libertad Avanza”, concurrieron a la cárcel de Ezeiza a visitar a presos condenados por delitos de lesa humanidad por hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. También se difundió la presencia de dos Asesores del Ministro de Defensa Luis Petri entrevistándose con detenidos de las mismas características pero en la Unidad Penitenciaria enclavada en “Campo de Mayo”.
Los diputados se reunieron con los reconocidos represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda. En el encuentro también estuvieron presentes los genocidas Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el «Pájaro» Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario «el Cura» Marcote y Miguel Angel Britos entre otros.
Los motivos de ambas visitas serían el intercambio de ideas, “sugerencias” y proyectos para la elaboración de instrumentos que en la hipótesis de máxima podrían ir desde un indulto, hasta la anulación de las condenas en los juicios por la verdad o bien la libertad de los detenidos o permitir la prosecución de la detención en cada domicilio particular.
Pero estos no son los únicos hechos generados por integrantes de la fuerza política del gobierno vinculados a generar una cuestionable “empatía” con estos personajes participes de aberrantes hechos violatorios de los derechos humanos en Argentina.
En el marco del 24 de marzo pasado, “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, el gobierno nacional emitió un spot adhiriendo a la teoría negacionista sobre la ultima dictadura militar y la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas y apropiación de menores, reconocido como tal por los fallos de la justicia argentina.
Estas alarmantes posturas del gobierno representan por primera vez en la historia de la democracia moderna argentina la oficialización de esta doctrina negacionista generando además la apertura de un debate sobre la necesidad de impulsar desde el Congreso una ley que sancione esta postura en relación a experiencias ya existentes en diferentes lugares del mundo.
El negacionismo es un discurso que niega hechos o realidades que fueron comprobadas científicamente incluyendo obviamente las cuestiones probadas por la justicia. No verdades absolutas sino cuestiones concretas, tangibles, que se pueden ver y tocar.
El primer negacionista fue un político francés llamado Paul Rassinier que a fines de la Segunda Guerra Mundial negaba los crímenes del nazismo, sobre todo la muerte de millones de judíos en las cámaras de gas.
Podríamos entonces definir al negacionismo en Argentina como la negación del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
El negacionismo del terrorismo de Estado ha ido tomando diferentes formas a través del tiempo, desde negar la existencia de desaparecidos, la justificación de los hechos cometidos o declarar que lo que pasó fue que se trató de una guerra sucia “entre dos sectores equivalentes que habrían producido daños simétricos”.
Experiencias en el mundo ya existen en varios países, fundamentalmente aquellos que han vivido, como el nuestro, experiencias genocidas o aquellos que buscan sancionar su negación, como ser Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia, las naciones que ya han legislado sobre el tema. En Italia, en tanto, actualmente hay un proyecto en discusión sobre el tema y en los Países Bajos, una sentencia del Tribunal Supremo de esa nación calificó la negación del holocausto como un insulto y dio una sanción de un año de cárcel.
En el caso de Alemania, la norma contempla específicamente los crímenes cometidos por el régimen nazi. Ante la negación del genocidio nazi, la justicia alemana puede llegar sancionar con una multa o una pena privativa de hasta cinco años. Mientras que en Francia si bien se hace una distinción entre la apología de crímenes y la negación, la legislación contempla una pena de 1 a 5 años de prisión.
Austria, país duramente afectado por el régimen nazi, es donde existen las sanciones más duras: «se castiga el negar, banalizar gravemente, preciar o justificar el genocidio nacionalsocialista u otros delitos contra la humanidad con pena prisión de entre 1 y 10 años, y en caso de especial peligrosidad del reo o de la actividad de hasta 20 años».
En el caso de España, el 2007, el Tribunal Constitucional de ese país declaró inconstitucional la parte de esa legislación donde se establecía la negación del holocausto debido a que ese término iba en contra de la libertad de expresión. Esto, a diferencia del Tribunal Constitucional de Alemania que declaró que sí eran compatibles la norma y ese derecho.
El discurso negacionista no actúa solo para negar sino para instalar
na duda y generar confusión acudiendo a la generalización, el descreimiento en los datos, en las fuentes, en los testimonios y a la comprobación científica
En nuestro país ejemplo de ello sería la intención de quienes ponen en duda que haya habido 30.000 desaparecidos y buscan llevar la discusión a una mera cuestión numérica y sin quieren comprobar que pasó realmente.
Por otra parte, buscarían desentender al gobierno de la apertura de los archivos del Estado como históricamente exigieron los organismos de Derechos Humanos y diferentes fuerzas políticas, negando además los más de 800 centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron a lo largo del país en la última dictadura militar como así también a apropiación de menores que permanentemente van recuperando su verdadera identidad.
Ni que hablar si el motivo de las reuniones un grupo de diputados de La Libertad Avanza con genocidas de la última dictadura cívico-militar se llevó a cabo en el marco del objetivo de avanzar en un proyecto de ley para que condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados de la cárcel o eventualmente un indulto presidencial.
Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), de las 3746 personas que han sido investigadas por lesa humanidad, solo el 17 por ciento está detenida. Hay 508 personas en arresto domiciliario, 78 en las cárceles y 56 en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Sin lugar a dudas una legislación que sancione el negacionismo en Argentina estaría enmarcada en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 que incluyo en el Capítulo Segundo denominado “Nuevos Derechos y Garantías “, artículos 36 a 38 que defienden la plena vigencia del orden institucional y el sistema democrático, como así también la incorporación de los Tratados sobre Derechos Humanos otorgargandoles jerarquía constitucional. Desde entonces Argentina puso en marcha en su Carta Magna el desarrollo previo sobre la protección de los Derechos Humanos producido en Europa y en América, esta última básicamente en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según alguna información originada en medios nacionales, dentro del listado de legisladores nacionales que visitaron a los genocidas estarían los diputados nacionales salteños María Emilia Orozco y Carlos Zapata, cuestión que resultaría preocupante. Sería muy importante que los legisladores confirman o desmientan esta información para que los salteños conozcamos su posición sobre esta
Queda entonces el debate abierto teniendo el Congreso Nacional la respuesta final, esperamos que los legisladores nacionales lo den.
