SALTA (Redacción) – Los actos delictivos se lleva a cabo cada vez por personas más jóvenes. Este escenario es lo que abre la puerta al debate sobre la baja de la edad imputabilidad en el país. Jorge Villada, quien fue juez federal en Salta, compartió algunos datos a tener en cuenta al respecto y se manifestó a favor de dicha medida.
Dicha iniciativa es impulsada por Patricia Bullrich y Mariano Cuneo Libarona quienes presentaron en el Congreso el “Proyecto de Ley Penal Juvenil”. A través de la misma se pretende bajar la edad de imputabilidad a los 13 años de edad. Se espera un intenso debate en el Parlamento con voces cruzadas y diferentes tipos de planteos en general.
El juez Villada fue convocado al programa Día de Miércoles para que brinde su punto de vista al respecto. Antes que nada detalló que imputabilidad y punibilidad son conceptos diferentes. “La imputabilidad es hacer responsable al menor por su hecho, es decir, someterlo a un juicio especial que no es igual al de los adultos, donde intervienen equipos interdisciplinarios que analizan el entorno, los hábitos y la vida del menor”, detalló el magistrado.
Por lo tanto, la actual iniciativa pretende reconocer la responsabilidad a un menor si se comprueba su participación en algún delito. Otro factor clave en todo esto es que se pretende “eliminar así la posibilidad de que adultos utilicen a menores para evadir condenas. Si no son responsables, quedan exentos de toda acción estatal”, aclaró.

Lo que propone el proyecto
Al introducirse explícitamente en el proyecto legislativo, remarcó que el tratamiento previamente mencionado se aplica en los jóvenes de entre 16 y 18 años. “Durante este período, los jueces tomarán medidas fundamentalmente educativas y psicológicas para reinsertar a los menores en la sociedad. No se trata de imponer penas”, informó.
Solo para los casos más graves, ya sean homicidios o delitos sexuales, los menores podrían pasar a ser internados en instituciones especializados. Según el exjuez esto sería con fines educativos y para una reinserción futura. “El máximo de pena que se prevé es de 20 años, pero al llegar a los 18, si el menor respondió favorablemente, se lo devuelve a la sociedad”, concluyó Villada.