SALTA (Redacción) – Los diputados ayer aprobaron la adhesión al RIGI en la provincia y ahora quedará en manos de los senadores la votación final. En este sentido varios fueron los que destacaron la impronta minera que tiene el Gobierno. Entre ello resalta la figura de Luis Mendaña, legislador por La Caldera, quien celebró que Salta cuente con una gestión que se enfoca en el desarrollo de este sector.
No solo sino que aparte de sumarse al Régimen de Grandes Inversiones hubo importantes avances para el aumento de las regalías mineras. Mendaña aclaró que nada de esto sería posible sin una gestión pro-minería ya que es la que da el impulso central. El crecimiento del sector en los últimos años es claramente notorio y la cantidad de proyectos en píe así lo confirman.
“Este proyecto atiende a la facultad casi obligatoria de cualquier gobierno, cuando se fija y define qué participación social, política y económica deben tener las inversiones”, remarcó el diputado. Al mismo tiempo, Mendaña aclaró que “los gobiernos deben determinar las reglas de juego para esa participación de los inversores”.
En resumidas palabras, la adhesión al RIGI es “nada más ni menos que un gobierno definiendo una situación concreta, es la regalía que va a aportar cualquier tipo de inversor. Los gobiernos definen las políticas de Estado y la minería lo es desde el momento que tenemos un gobernador pro-minería”, remarcó sobre la figura de Gustavo Sáenz.
Las políticas de Estado requieren acompañamiento económico
Por otro lado, volvió a hacer hincapié en la importancia de elegir a la minería como política de Estado. No obstante, señaló también que la garantía de que este sistema siga de pie es con recursos económicos disponibles. “Los mismos actores de la minería nos dicen que hemos crecido muchísimo, la minería es una política de Estado y hoy la aplica el gobernador Sáenz”, enfatizó.
A modo de cierre, Mendaña concluyó aclarando que “aquí tampoco es regalar todo, quédense tranquilos, la política minera viene avanzando notablemente, esto es para que la provincia siga con sus estándares de seguridad, para posibilidades de soberanía política, justicia social e independencia económica”.
