SALTA – (Por Matilde Serra) – El Partido Justicialista de Salta, un día despertó y recordó que era peronista. Entonces, sus dirigentes decidieron salir a los campos y ciudades a recuperar terreno y supuestamente afiliados en lo que llamaron con tono épico “Una cruzada peronista”. La cosa parece no haber caminado muy bien porque de pronto el ímpetu de esa caballería peronista se detuvo y nunca más se volvió a hablar del tema. Y con las viviendas sociales ocurrirá lo mismo.
Tal vez, coincidencia o no, mientras el PJ de Salta detenía su avance y convertía a su histórica sede de la calle Zuviría en un enorme mausoleo donde lo única que hay de los “dirigentes” son las fotos que cuelgan de las paredes, ornados con alguna que otra telaraña. Mientras esto ocurría en el partido, en los despachos del oficialismo “peronista” gobernante, decidían estar a tono con la nueva movida política y así como el presidente, Javier Milei, dijo que va a destruir al Estado, en el Grand Bourg de Salta, se han propuesto “destruir al peronismo”.
Así, aquellos principios de justicia social y protección de los más vulnerables que marcaron al movimiento peronista desde sus inicios, ahora chocan con la impiadosa decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de privatizar de manera de manera descarada el acceso a la vivienda en la provincia.
En efecto, bajo la gestión de Sáenz, los planes de vivienda que construye el Estado provincial acaban de dejar de estar al alcance de los sectores más necesitados para convertirse en un privilegio para pocos. En lugar de ser una herramienta de justicia social, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un lujo al que solo unos pocos pueden aspirar.
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV), otrora organismo encargado de gestionar estos planes de vivienda para las familias de recursos, acaba de lanzar un esquema que, lejos de beneficiar a los salteños sin techo propio, establece barreras económicas imposibles de superar para el trabajador promedio.
La pregunta -como diría Perón- “para todo peronista”, es ¿Qué trabajador tendrá para sufragar un ahorro previo de 27 millones de pesos para inscribirse en una unidad? Esa cantidad es una suma que no sólo es inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos, sino que además se acompaña de cuotas mensuales de alrededor de un millón y medio de pesos, una cifra que supera por mucho los ingresos de la mayoría de los trabajadores de Salta.
El mensaje es claro: bajo la administración de Sáenz, sólo quienes puedan pagar esta «entrada» millonaria podrán acceder a la vivienda que, en teoría, debería ser social. Es una privatización encubierta -o descarada- del acceso a la vivienda. Un modelo donde el Estado se desentiende de su responsabilidad social y convierte un derecho básico en una mercancía exclusiva para una élite. Una elite que coincidiría con el grupo de funcionarios. Alhaja este concepto de democracia y de peronismo.
El ciudadano común y más todavía, el peronista, se preguntar por estas horas ¿Pero ¿cómo puede hablarse de “volver a Perón” cuando el acceso a la vivienda —un derecho que el propio Perón promovió con tanta fuerza en su proyecto político— se restringe a quienes puedan pagar cifras exorbitantes? En lugar de justicia social, vemos cómo en esta Salta de Gustavo Sáenz se multiplica la exclusión y la desigualdad.
Las estadísticas que no mienten expresan que en la provincia de Salta, donde más del 65% de la población vive en condiciones de pobreza y el número de indigentes aumenta cada día, este tipo de políticas no sólo revelan una insensibilidad proverbial, sino que demuestran también una desconexión total con la realidad. La vivienda, que debería ser una prioridad en un contexto de tanta necesidad, se transforma en un bien de lujo inaccesible para quienes realmente lo necesitan.
El peronismo, en sus orígenes, se levantó en defensa de los más humildes, buscando ampliar derechos y construir una sociedad más justa e igualitaria. Pero en Salta, los que se dicen herederos de ese legado parecen más interesados en perpetuar un sistema que margina y excluye a las mayorías.
El abandono del concepto de justicia social por parte de los dirigentes peronistas actuales es, en Salta, evidente y lamentable. Mientras predican en público la necesidad de «volver a Perón» y recuperar los valores del peronismo, en privado lucen sin vergüenza sus fortunas y privilegios, resultado de un enriquecimiento personal que contradice los principios fundacionales del Movimiento y despiertan suspicacias porque en la confrontación entre ingreso y patrimonio, hay una distancia que no cierra.
Ya lo advertía con energía Eva Perón, quien con toda claridad afirmaba: «El funcionario peronista que se enriquece, no es peronista sino un oligarca». Hoy, muchos de estos dirigentes no sólo se han alejado del pueblo al que dicen representar, sino que han adoptado las mismas prácticas que históricamente criticaron, olvidando que el verdadero peronismo es servicio, entrega y compromiso con los que menos tienen.
Pero en realidad, esta cuestión del acceso a la vivienda popular privatizada, no es más que la muestra más descarada de una situación que subyace en la sociedad de Salta con lo que son las primeras obligaciones del Estado, la educación y la salud.
Como en la vivienda, la salud, ante la falta de insumos y médicos en los hospitales públicos, la atención más eficiente se va reduciendo a quienes pueden pagar una consulta y un tratamiento privado. De igual manera, la calidad educativa también se va convirtiendo en un bien cada vez más escaso para los sectores asalariados o que no viven del Estado. De hecho, los índices que miden la situación social revelan que en Salta el nivel de pobreza y de indigencia se aproxima al 65%.
Frente a esa lacerante realidad, escuchar a funcionarios provinciales hablar de esta “solución alternativa” de la vivienda como una “creatividad” o “inventiva”, es una grotesca burla que adquiere el tono de irracional cuando es el propio gobernador de la provincia quien se enorgullece de este modelo excluyente, mientras la mayoría de los salteños se debaten entre la precariedad y la desesperanza.
Desde tiempos ancestrales, Salta, ha cuidado de mantener en vigencia ese modelo de comarca feudal, donde el bienestar depende del amparo político, mientras que el resto de la población, incluso aquellos que aún no caen en la pobreza, quedan atrapados en un sistema de exclusión creciente.
Mientras funcionarios y allegados a Gustavo Sáenz continúan con su ostentación descarada, adquiriendo propiedades y disfrutando de vidas lujosas, ajenos a la realidad de un pueblo que sufre las consecuencias de una crisis profunda y de un sistema político al que ya directamente no le interesa servir a los ciudadanos sino perpetuar sus propios intereses, aquello que alguna vez fue el sueño de la vivienda propia, hoy se ha transformado en una pesadilla.
