SALTA (Redacción) – La polémica medida que anunció Luis Caputo algunas semanas atrás que impedía a los municipios cobrar los impuestos locales en las boletas de servicios básicos llevó a muchos intendentes a judicializar. Desde entonces, los juzgadores federales analizan dicha resolución y vienen actuando a favor de los municipios y rechazando la propuesta de Nación.
El municipio que tomó la decisión de judicializar fue Pilar, Provincia de Buenos Aires. Entre los argumentos presentados se detalla que hay normativas que establecen que los municipios pueden cobrar dichos impuestos. El intendente de Pilar, Federico Achaval; presentó un amparo y tras la defensa de los abogados del Ministerio de Economía de la Nación ; hubo un fallo a su favor.
¿Por qué importa eso a los municipios de Salta? Pues, podría servir de fundamento y antecedente jurídico en caso de que los municipios o desde el Foro de Intendentes decidan actuar en contra de esta resolución. Por ejemplo, el municipio de Pilar fundamenta que con la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio no pueden cobrar los impuestos generales de la localidad.
Los fundamentos de Economía
A su vez, desde Economía argumentan que no se impide a los municipios cobrar sus tasas sino hacerlo en la misma boleta de los servicios básicos. Entonces, se explica que se trata de «la facturación conjunta o fusionada en un mismo documento respecto de cargos o tasas que resulten ajenos a la naturaleza y prestación del servicio que podrían derivar en la suspensión o interrupción de la prestación de un servicio esencial frente a la dificultad o la imposibilidad de afrontar el pago de la factura debido a su monto».
Pero, al mismo tiempo, remarcan que si la ley cada provincia permite dicho cobro estaría colisionando con una ley nacional. Por lo tanto, insisten en que cada municipio puede cobrar sus impuestos municipales de manera directa sin afectar su autonomía ni nada. Se debe tener en cuenta que desde el Foro de Intendentes se planteó la posibilidad de judicializar esta medida por considerarla perjudicial para los municipios.
