SALTA (Redacción) – En función del fuerte rechazo a que la causa penal abierta contra un empleado de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta se resuelva a puertas cerradas, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, dio marcha atrás a la posibilidad de que el caso sea se resuelva a través de un proceso de juicio abreviado.
Mediante un comunicado oficial, la fiscal informó que optó porque la audiencia en la que se decidirá la responsabilidad de Sergio Luis López, a quien se le imputó el delito de administración fraudulenta, sea oral y pública, modalidad que la querella buscaba a fin de que todos los trapos sucios de la entidad salgan a luz.
En la audiencia debate se evaluará la responsabilidad de López en el delito de administración fraudulenta. El caso, como ya informó este medio, surgió a partir de una denuncia que advertía sobre irregularidades en el cobro de expedientes. En vista de ello, personal del área contable de la Caja de Abogados detectó que López, quien llevaba trabajando para esa entidad por más de 18 años, recibía pagos y luego anulaba los recibos sin explicación, lo que hacía que en los sistemas informáticos quedaran como deudas pendientes, aunque se habían emitido comprobantes válidos para los clientes.
Como parte de la investigación, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) elaboró un informe pericial contable, basado en un extenso legajo de más de 800 páginas, que corroboró las irregularidades denunciadas. Teniendo en cuenta las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio concluyó que el acusado había ejecutado maniobras fraudulentas en perjuicio de la Caja de Seguridad Social para Abogados.
Perjuicio millonario
López, detenido el 11 de julio del 2023, era cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta. La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba que, en los registros informáticos internos, el pago realizado figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.
En un principio, se detectaron dos hechos, siendo confrontado el empleado, quien reconoció uno de los casos y ofreció la devolución de 800 mil pesos respecto de un faltan de casi el doble. Pese a ello, fue denunciado y detenido, aunque al mes de estar tras las rejas, fue beneficiado con el arresto domiciliario, previó pago de una fianza de 43 millones de pesos.
Nadie sabe cómo hizo el cajero para cumplir con semejante caución, lo que generó más sospechas respecto a que no habría actuado en solitario, sino en armonía con otros implicados de mayor peso, entre los cuales estarían ex directivos de la Caja de Abogados.
Esta sospecha se acrecentó en los últimos días, cuando la querella fue notificada respecto a negociaciones que la fiscalía y la defensa de López llevan adelante en busca de arribar a un acuerdo de juicio abreviado, con el cual evitarían un debate extenso en el que podrían salir a luz otros trapos sucios dentro de la entidad y, por supuesto, el nombre de otros implicados que se favorecieron del fraude.
Asimismo, desde la querella se informó un perjuicio final que supera los 170 mil dólares, equivalente a una suma de 125 millones de pesos. De llegar a un acuerdo, se espera que la defensa haga una oferta de reparación económica acorde a esa última suma y no sobre los 8 millones que, inicialmente, se establecieron como faltante.
López, de 61 años y vecino del barrio Intersindical, llevaba 18 años de servicio, sin que sus compañeros, superiores e incluso los abogados lo imaginara capaz de alguna conducta delictiva. Y ese, fue un grave error, pues el cajero –desde hace dos años- había puesto en marcha una maquinaria fraudulenta que le permitió reunir un botín probado de 8.007.696 pesos.
El fraude fue denunciado por los abogados María Emilia Carabajal y Patricio Araoz Fleming, presidenta y vice de la Caja, quienes acusaron a López a partir de irregularidades que salieron a luz tras un control contable realizado el 15 de junio del 2023.
