SALTA – El aprovechamiento ilícito del Estado no tiene límites ni rangos. Desde cargos de alta jerarquías hasta los de baja categoría, la corrupción estatal se tornó en una moneda corriente en la Administración Pública. En este caso, la justicia, que siempre llegar por detrás, somete a juicio a cuatro empleados del hospital de mayor complejidad de la ciudad, como lo es el San Bernardo por el robo “hormiga” de medicamentos.
A partir de una investigación dirigida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos la Sala VII del Tribunal de Juicio lleva adelante un debate en contra Víctor Hugo García (auxiliar administrativo), María Alicia Delia (empleada administrativa en la Farmacia de Guardia), Miriam Rosana Renfijes (técnica superior en farmacia) y Sutara Elva Rosa (enfermera).
Todos se desempeñaban como empleados del hospital y responden por el delito de peculado. Bajo la batuta del juez Francisco Mascarello, la fiscal Salinas Odorisio señaló que los acusados, aprovechando sus roles dentro del hospital, se habrían apoderado de bienes del Estado, previo burlar los protocolos administrativos establecidos para la dispensación de medicamentos.
En su acusación, la fiscal afirmó que demostrará el accionar ilícito de los cuatro imputados, para lo cual presentará todas las pruebas reunidas, las que implican con alto grado de certeza a los ex empleados del hospital San Bernardo, quienes, por el momento, optaron por mantenerse en silencio respecto a la acusación de la fiscalía.
Cómo se supo del robo al Hospital San Bernardo
El caso se inició en los primeros meses del año 2022 a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo al notar faltante de medicamentos. Según los protocolos, el hospital provee medicación a pacientes internados y ambulatorios a través de la Farmacia Central y la Farmacia de Guardia.
El 23 de mayo, de ese año, al formalizar la acusación penal, la fiscalía indicó que los principales responsables de la maniobra fraudulenta eran los tres empleados de la farmacia, mientras que la enfermera fungía más como partícipe necesario de la maniobra.
Allanamientos y secuestros
En el marco de las pesquisas, la fiscalía llevó a cabo varios allanamientos, en especial en la casa de los acusados, de donde se secuestraron varias pastillas de clonazepan, midazolan, insulina, enoxaparina, diazepan e insumos médicos, varios de ellos con la leyenda “Gobierno de la Provincia de Salta”.
En el debate, la fiscal explicó que, entre otras modalidades, el nosocomio dispensa a sus pacientes internados y ambulatorios medicación indicada por receta por los profesionales tratantes a través de dos lugares: la Farmacia Central de la cual sale la medicación para todo el sector de los internados del hospital y la Farmacia de Guardia, que provee medicación para los pacientes que se encuentran internados o concurren para atención ambulatoria en la guardia de emergencias.
Este protocolo, sin embargo, se vio alterado, pues en enero del 2022, dos médicos oftalmólogos advirtieron en las historias clínicas digitales inconsistencias entre los medicamentos entregados y la patología del paciente, lo que encendió la alarma de las áreas superiores del hospital.
Más investigaciones
De las tareas investigativas, en tanto, se pudo establecer que, de manera habitual, tres usuarios (a cada empleado se le asigna una clave única e intransferible) de Farmacia habrían extraído los medicamentos faltantes. Los usuarios serían un hombre -que trabaja como Técnico en la Farmacia Central ubicada en el interior del Hospital-, y dos mujeres que se desempeñan en la Farmacia de Guardia.
Por otra parte, surgió que una enfermera -que se desempeña en la Guardia y que mantiene una relación sentimental con el empleado de Farmacia- habría cooperado en la actividad, ya que la mayoría de los pacientes con registros irregulares son personas que fueron asistidos por el sector en el que se desempeña.
Pese a ello, la enfermera, al ser imputada por su participación delictiva, optó por prestar declaración, circunstancias en la que negó la acusación, sin embargo, la fiscalía avanzó con la causa penal en su contra en razón de las pruebas reunidas en su contra.