A casi diez días del incendio en el Mercado San Miguel, varios interrogantes se despertaron para conocer de quién fue realmente la culpa. Por ello, el COPAIPA debía garantizar que los proyectos de obra cumplan con las normativas de seguridad, mientras que la Municipalidad de Salta tiene la responsabilidad de fiscalizar una vez ejecutadas. Sin embargo, en este caso, no hay constancia de proyectos presentados desde 2005 ni de controles posteriores.
Por esa razón, y en diálogo con un medio local, el ingeniero José Luis García, experto en normas sismo-resistentes, señaló que las normas están diseñadas para proteger vidas humanas, pero admitió que la Ley N° 7.740, que obliga a verificar la seguridad en edificios públicos anteriores a 1980, no se aplica porque nunca fue reglamentada. Este vacío legal dejó a la deriva la seguridad de miles de ciudadanos que frecuentan estas estructuras para realizar sus compras de toda la semana y abastecerse.
Por otra parte, la Municipalidad también queda en el centro de las críticas al no garantizar el control efectivo de las obras que habilita. La falta de fiscalización no solo evidencia desidia, sino que también pone en riesgo la vida de los salteños. Todavía se espera que, desde la cúpula de Emiliano Durando, se aclare esta situación.
Para finalizar, García advirtió que reparar la estructura del Mercado podría ser más costoso que construir un nuevo edificio, aunque el debate sigue girando en torno a las responsabilidades omitidas por ambas instituciones, ya que este error dejó sin un lugar físico para vender a unos 148 puesteros, que volvieron a vender, pero en las inmediaciones de las avenidas San Martín e Ituzaingó.
¿Es posible que se pueda reparar el área afectada del Mercado San Miguel?
Hace unos días atrás y en comunicación con una radio local, su administrador José «Pepe» Muratore no dio indicios de que el Mercado pueda volver a repararse, además que esto demandaría una millonaria suma de dinero, y que por el momento, dijo que no es hora de «establecer costos».
